La red antivacunas que logró suspender la exigencia de carnet de vacunación en Bolivia

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Con la flexibilización del 5 de enero sobre la exigencia del carnet de vacunación, las cifras  fueron bajando y no se volvió a registrar el número histórico de dosis aplicadas entre el 3 y el 7 de enero de 2022. Bolivia retrocedió en los índices de inmunización en la región y quedó por detrás de sus vecinos con el 44,1% de la población vacunada completamente hasta el 29 de enero, según datos de Our World in Data

 

Joaquín Martela, Marcelo Blanco y Carolina Méndez

Lo que pasó la primera semana de enero no tuvo precedentes. Entusiastas vimos romper los récords de vacunación en el país que apuntaban a alcanzar la tan añorada inmunidad del rebaño. Las cifras de dosis aplicadas por día crecieron hasta un trescientos por ciento, consolidando la proeza de ponerle el hombro a las circunstancias.

Tal respuesta no fue producto del azar o el despertar colectivo ante la evidencia científica de los inmunizantes. La acción correspondió al hecho de que el Gobierno boliviano anunció la exigencia del carnet de vacunación para ingresar a espacios públicos y privados donde exista aglomeración de personas. La determinación contempló la posibilidad de presentar una prueba PCR negativa para quienes se rehúsen a vacunarse. Dichas medidas fueron anunciadas en vísperas navideñas y antes de que entre en vigencia la exigencia del carnet, se registraron protestas contra la disposición nacional.

El primer registro da cuenta de una violenta arremetida el 28 de diciembre de 2021, en un punto de vacunación instalado en el Centro de Referencia Ambulatoria (CRA) en El Alto. Se agredió a personal de salud y a gente que estaba esperando vacunarse.

Según reportó el periódico El Alteño, los protestantes incluso intentaron robar los inmunizantes. Este hecho constató que hay grupos que no solo se oponen a vacunarse, sino que intentan privar a otros del acceso a las vacunas.

A partir de este suceso se registraron durante todo el mes de enero marchas, vigilias y bloqueos contra la exigencia del carnet de vacunación en diferentes lugares de Bolivia.

En esta nota te contamos quiénes lideraron las protestas en el país, a qué grupos pertenecen y quiénes son los líderes visibles a la oposición del Decreto 4640 y  Decreto 4641 que establecen la obligatoriedad del carnet de vacunación.

 

Red antivacuna en Bolivia

Hablar de red no es antojadizo. Pues si bien, algunos grupos no se conciben del todo integrados con otros -pese a tener similares demandas- lo ocurrido en enero muestra una coordinación nacional logrando marchas y acciones en simultáneo.

Según el relevo realizado por el equipo de Bolivia Verifica a publicaciones de prensa, contenido en redes y canales de mensajería, durante el mes de enero se registraron al menos quince marchas en todo el país. Ocho de estas movilizaciones fueron de manera paralela en ciudades diferentes. Se articuló de esta forma una resistencia a la obligatoriedad del carnet de vacunación, sobre todo en el eje troncal del país. También se registraron al menos cuatro puntos de bloqueos, dos vigilias, un cabildo y un ataque violento contra un puesto de inmunización.

A continuación el detalle y ubicación geográfica de las marchas:

Entre los rostros líderes que aparecieron convocando a marchas, vigilias o bloqueos durante el mes de enero detectamos a 27 personas. Figuran entre ellas integrantes del grupo AUR, Comusav, dirigentes gremiales, líderes religiosos y cívicos

Algunos de los nombres son:  Gregorio Gomez (dirigente del Comité Cívico de El Alto), Rudy Callisaya Callisaya  (secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Maestros de Educación Rural de La Paz), Gonzalo Pérez  (representante de la organización “Autoconvocados” de Cochabamba) y Luis Aruquipa (pastor evangélico).

Lo novedoso de esta situación está en la conformación del bloque antivacunas. Parte de estas organizaciones son afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), que incluso participaron de la denominada Marcha por la Patria, convocada por el expresidente Evo Morales Ayma (2006-2019) en noviembre del año pasado.

Pocas semanas después, algunas declararon a Morales “persona no grata”, como es el caso de los maestros rurales.

A este grupo antivacunas también lo nutren organizaciones indígenas y campesinas. Además, lo integran líderes de los trabajadores, como Jaime Solares, exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB).

No obstante, la oposición a la vacuna no solo se ubica en la vereda del MAS, también  hay líderes de la oposición que encabezaron la cruzada por la abrogación de los decretos 4640 y 4641, tal fue el caso de algunos diputados y activistas abiertamente contrarios al Movimiento Al Socialismo.

A continuación, puedes ver la lista completa con los cargos respectivos y haciendo clic aquí podrás revisar cada ficha de manera individual.

Diseño de Joaquin Martela

Algunos dirigentes de protestas  no lograron ser plenamente identificados por Bolivia Verifica, porque si bien aparecen mencionados en audios de WhatsApp o citados en notas de prensa no encontramos registros visuales de su participación en marchas. Uno de ellos es Rafael Terrazas, representante del grupo Acción Humanista Revolucionaria (AUR) en La Paz. El primero de enero convocó a desobediencia civil para pedir la abrogación de los decretos supremos 4640 y 4641. Otro es René Villarroel, representante de participación y control social de la Asociación Departamental de la Tercera Edad. Él dijo que no están en contra de las vacunas, pero quieren que sea voluntaria, cuya afirmación la hizo el 11 de enero en una movilización en Oruro. 

En el caso de Potosí, circuló a través de WhatsApp un audio donde una persona a quien llaman “licenciado Gutiérrez”, miembro de AUR, promociona una marcha de esta organización. La entrevista fue el 12 de enero en radio Indoamérica. Sin embargo, no se encontraron mayores datos al respecto. La última activista no identificada de nuestra lista, dio una declaración al canal Gigavisión, el 10 de enero en Santa Cruz. La movilizada no brindó su nombre, pero el medio la identifica como activista de apellido Campero.

Bloqueo pese a la suspensión de la obligatoriedad

Tras los diversos escenarios de protestas contra la petición obligatoria del carnet, el gobierno boliviano retrocedió en dos ocasiones. La primera vez fue el 5 de enero de 2022 cuando anunció que se solicitaría el documento recién el 26 de enero y la segunda catorce días después, cuando el 19 de enero  anunció que no se pediría ninguna constancia de inmunización mientras dure la emergencia sanitaria. Es decir, la medida quedó en suspenso.

Por irracional que parezca, luego de más de diez días del anuncio de la suspensión de la solicitud obligatoria del carnet de vacunación, continua la presión en Cochabamba por parte de un grupo denominado “autoconvocados”. Mediante un bloqueo que lleva más de una semana, esta agrupación civil pide la abrogación de los decretos supremos 4640 y 4641.

El primer registro de movilizaciones de este grupo contra la vacuna es del 31 de diciembre de 2021. El Consejo Departamental de Autoconvocados  de Cochabamba emitió un pronunciamiento pidiendo la abrogación de las normativas. Según su testimonio,  las vacunas “son experimentales porque no pasaron todas las fases de prueba”.

Una semana después, el 7 de enero de 2022 realizaron las primeras movilizaciones en el centro de la ciudad.

Las manifestaciones se extendieron hasta horas de la noche. Desde entonces, marchas y bloqueos se realizaron continuamente en el día y en la noche en distintos sectores de Cochabamba exigiendo la abrogación.

El 18 de enero la situación se tornó violenta, los autoconvocados que bloqueaban la avenida Petrolera agredieron a la prensa cochabambina arrojándoles piedras e impidiéndoles hacer la cobertura correspondiente.

Al día siguiente, el Gobierno nacional decidió suspender la presentación obligatoria del carnet de vacunación anticovid y los  autoconvocados se pronunciaron en la misma jornada indicando que no levantarían las medidas de presión hasta conseguir que se abroguen los decretos supremos 4640 y 4641.

Este grupo de personas nuevamente aseguró que los inmunizantes no son seguros y los calificaron como “pseudo vacunas” experimentales e inseguras. También dijeron que los niños no tienen que vacunarse, porque ellos no tienen COVID-19.

Hasta el cierre de esta nota, los autoconvocados continuan bloqueando. Algunas de sus últimas protestas se registraron el 21, 22, 24, 27 y 29 de enero. 

¿Quiénes son?

Este grupo de personas está liderado por Gonzalo Pérez quien encabeza distintas marchas y con megáfono en mano exige la abrogación de los decretos y asegura que las vacunas son experimentales. Pese a ello, aseguran que “no están en contra de las vacunas” y que solo piden la abrogación de los decretos. Mediante su página de Facebook creada el 12 de enero del 2022 recalcan repetidas veces su postura asegurando que no son “antivacunas”.

El 11 de marzo de 2021, Pérez quien se ha mostrado afín al Movimiento Al Socialismo, se manifestó junto a su agrupación asegurando que no dejarían gobernar al alcalde opositor Manfred Reyes Villa, quien ganó las elecciones municipales el 7 de marzo de la misma gestión. Además, planteó la posibilidad de crear otro municipio en la zona Sur cochabambina.

Líderes tras la abrogación: políticos, periodistas, negacionistas y promotores de dióxido de cloro

La presión por la abrogación de los decretos no sólo se explica desde la movilización en las calles, también es necesario considerar las demandas que llegaron a instancias judiciales, los espacios mediáticos de amplificación de voces antivacunas y los movimientos que existen en Bolivia contra la inoculación, principalmente ligados al consumo de dióxido de cloro y a un movimiento antisistema.

Voces líderes que se opusieron a la obligatoriedad del carnet de vacunación

 

Antes de la suspensión de la obligatoriedad del carnet se registraron como antecedente dos acciones judiciales rechazadas contra los decretos 4640 y 4641 y una acción popular interpuesta en la Sala Constitucional Segunda de La Paz que quedó observada. Tal medida fue presentada por Patricia Callisperis Vieira Días, Guery Cordero, Luis Aruquipa, y Jaime Solares. Miembros de Comusav (organización que promueve consumo de dióxido de cloro), líder religioso y exdirigente de la COB.

El concejal cruceño Federico Morón, de Comunidad Ciudadana Autonómica (promotor del consumo de dióxido de cloro) también presentó una acción de inconstitucionalidad en Sucre y acusó al gobierno de “extorsión” por exigir el carnet de inmunización en lugares públicos.

“No soy antivacuna y tampoco estoy en contra de las personas que decidan vacunarse; de hecho eso se trata todo esto, de la libertad de decidir qué pasa con tu cuerpo. Nadie puede quitarte esa autonomía, peor aún con un decreto que no está por encima de una ley ni la Constitución Política del Estado ni de tratados internacionales de Derechos Humanos”, escribió en Facebook.

Por su parte, la asambleísta cruceña María José Salazar de Comunidad Ciudadana (CC) y el diputado Caleb Villarroel  de Creemos, también pidieron declarar inconstitucionales los decretos de exigencia del carnet.

Además de estas acciones judiciales, la presión por la suspensión de la obligatoriedad de la exigencia del carnet se generó en el programa “El Bunker”, un espacio digital de amplia audiencia conducido por Virginio Lema Trigo y Agustín Zambrana. Desde ese espacio se promovió el carnet de “no vacunado”, alegando falsamente que era reconocido por el Ministerio de Salud.

El carnet de “no vacunado” no es legal como afirmó Virginio Lema

En Bolivia existen líderes visibles que se oponen abiertamente a la vacunación desde antes de la obligatoriedad del carnet. Parte de ellos ligados al consumo de dióxido de cloro, una sustancia química que se utiliza como blanqueador en la industria papelera y textil, en la potabilización de agua y como desinfectante en superficies inertes. Una de ellas es Patricia Callisperis, actualmente directora de Comusav América, una organización que promueve el consumo de dióxido de cloro para curar diversas enfermedades como el cáncer, el sida o el autismo.

La Coalición Mundial de Salud y Vida (Comusav), es una organización internacional que además de promover el consumo del dióxido de cloro, se opone al uso de las vacunas contra la COVID-19. 

Desde el inicio de la pandemia, Callisperis puso su credencial de médico en favor de una sustancia desaconsejada por los organismos sanitarios para tratar la COVID-19.

También está la periodista Karla Revollo, actualmente directora de Comunicación de Comusav Mundial, quien desde su programa televisivo y su canal de Telegram insta a la población a no inocularse pese a que figura como vacunada, según datos del Ministerio de Salud.

Revollo es una de las caras más visibles del consumo de dióxido de cloro en Bolivia.

Otro rostro referente en el consumo del dióxido de cloro o “CDS” es el doctor Guery Cordero, un médico que asegura que no hay enfermedades incurables.

Además del consumo de dióxido de cloro, la oposición a las vacunas está relacionada a la negación de la pandemia y a las teorías conspirativas. Esto principalmente promovido por el grupo AUR,  “movimiento con influencia del gnosticismo”, que se define como “el conocimiento espiritual por encima de las enseñanzas y tradiciones ortodoxas”, según su página web.

AUR participó en las elecciones generales de 1985 cuando su líder Juan Santa Cruz Torrez postuló a la presidencia con la sigla de Acción Humanista Revolucionaria y obtuvo un porcentaje de 0,63% en la votación. Después de eso, la organización se alejó de la arena electoral y se consolidó como un movimiento antisistema.

Esta organización es actualmente una de las mayores difusoras de desinformación sobre la pandemia y ha conseguido adeptos en diferentes países de Latinoamérica.

 

Si bien la desconfianza y la oposición a la obligatoriedad del carnet de vacunas pueden ser legítimas, es lamentable que en gran medida se fundamenten en consignas de campañas de descrédito contra las vacunas alimentadas por desinformación. Tal posición olvida que estamos en una pandemia en la que la la inmunidad de cada individuo depende no solo de sus actos personales sino también de los de sus pares. Como afirma el médico, Daniel Flichtentrei: “Vacunarse es al mismo tiempo un acto de supervivencia personal como un acto de solidaridad social”.

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