El ministro de Economía no amenazó al Legislativo con la eliminación de la Renta Dignidad
Los títulos sobrepuestos en un video difundido en redes sociales tergiversan el contexto de la sesión legislativa en la cual el ministro José Espinoza solicitó la aprobación de un crédito proveniente del BID.
Por Adriana Olivera
La posible eliminación de la Renta Dignidad es una de las alertas difundidas en Facebook, donde se indica que el Gobierno nacional advirtió de esta situación si la Asamblea Legislativa no aprobaba los créditos solicitados al Banco Interamericano de Desarrollo (BID); sin embargo, el contenido es engañoso. El ministro de Economía no condicionó la entrega de este beneficio, sino que solicitó la aprobación de un crédito para aumentar el monto. Acá te explicamos.
Una publicación que circula desde el 24 de julio en la cuenta “BoliviaAhora” en Facebook incluye titulares sobrepuestos donde se indica que el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Espinoza Yañez, señaló que, si no se aprueban créditos para el Gobierno, dejará de pagarse la Renta Dignidad, lo que constituye un “chantaje”.
El contenido contiene dos titulares engañosos que tergiversan las declaraciones del ministro.
Uno de los titulares indica: “Gobierno empieza a chantajear. Dice que si no se aprueban más créditos, ya no habrá Renta Dignidad”.
En el video, el ministro Espinoza habla sobre uno de los créditos que el Gobierno solicitó al BID.
El segundo titular sobrepuesto al video cuestiona lo siguiente: “¿Dónde está la plata de la subida de luz y agua?”.
La publicación critica que, pese a que el Gobierno nacional incrementó el costo de los servicios básicos de agua potable y electricidad, está pidiendo créditos para sostener la Renta Dignidad, beneficio a favor de las personas mayores de 60 años. “Eso significa que el Gobierno se está robando todos los ingresos económicos del país”, agrega el texto que acompaña la publicación.
El contenido generó 52 mil visualizaciones, 715 reacciones y más de 277 comentarios hasta el cierre de edición de la verificación. La mayoría de los comentarios cuestionan la gestión de gobierno y el incumplimiento de sus promesas respecto a los bonos sociales. “Chantaje”, dice una de las usuarios en un comentario.
Contexto real
En la sesión ordinaria 148 de la Cámara de Diputados realizada el 22 de julio, se analizó el proyecto de ley 450/2025-2025 sobre el “Contrato de Préstamo para el Programa de Fortalecimiento del Sistema de Protección Social en Bolivia I“, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Uno de los componentes del programa establece que los recursos servirán para:
“Garantizar la continuidad y el incremento de la Renta Dignidad para compensar la caída del poder adquisitivo de los hogares más afectados por los ajustes estructurales y la continuidad de transferencias de programas existentes para los hogares más vulnerables”.
El Gobierno de Rodrigo Paz Pereira decidió incrementar la Renta Dignidad de Bs 350 a Bs 500, es decir, un complemento de Bs 150.
En esa línea, el ministro de Economía indicó que el monto requerido para cubrir este complemento es de 485 millones de los 500 millones de dólares del financiamiento.
Este monto corresponde a dos préstamos que, en conjunto, suman 500 millones de dólares y contemplan más de ocho años de gracia.
“No es un crédito de libre disponibilidad. Es un crédito para gasto social”, dijo José Luis Espinoza en su exposición ante los legisladores.
Durante la sesión, el ministro no advirtió que, si no le aprobaban este préstamo, se dejará de pagar la Renta Dignidad como alertó la página BoliviaAhora. Al contrario, explicó cómo se van a ejecutar los 500 millones de dólares divididos en tres componentes y que el pago será a través del sistema bancario, con un nuevo registro que identifique a la población más vulnerable.
“Eso no significa que se vaya a eliminar la Renta Dignidad o algún bono. Lo que sí se está haciendo es un proceso de bancarización con todos los pagos para evitar la corrupción de años pasados”, aclaró.
Sí es real, que algunos diputados cuestionaron que el Gobierno nacional esté solicitando créditos para el pago de bonos sociales. “Esto muestra que nos encontramos en una situación crítica, que se están aprobando créditos por aprobar de manera irresponsable”, declaró la diputada potosina Lissa Claros Lora de la bancada de Libre.
Sobre el costo de los servicios básicos
Otro de los titulares difundidos en la misma publicación, cuestiona que el Gobierno nacional solicite créditos para el pago de bonos sociales, pese a que incrementó el precio de servicios básicos como el agua y la luz.
En este punto, una anterior verificación constató que el incremento de los precios en determinados servicios responde a un ajuste de la unidad de fomento de vivienda (UFV), el cual se mide a través del índice del precio al consumidor (IPC), la inflación y la variación del tipo de cambio.
“Las entidades públicas lo utilizan como unidad de indexación para no cobrar valores de hace cinco años, sino montos más cercanos al valor real”, precisó el economista Jaime Bravo.
Expertos económicos: El alza de la UFV desnuda el deterioro económico y una mayor inflación
Además, no todas las distribuidoras de los servicios de agua potable y energía eléctrica en el país pertenecen al Estado. Hay empresas distribuidoras que son parte de una sociedad anónima, que pertenecen a los gobiernos departamentales, municipales o que son sociedades mixtas. El Estado no tiene el control absoluto de las tarifas de los servicios básicos.
Por ejemplo, el sector eléctrico está compuesto por empresas de generación, transmisión y distribución. La principal de este rubro es la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) y sus filiales. Ende controla una parte importante de la generación y transmisión de energía en el país.
En el área de distribución hay diferentes empresas entre públicas y privadas que operan en el país. Entre las principales se encuentran la Distribuidora de Electricidad La Paz (Delapac), la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba (Elfec) y la Compañía Eléctrica Sucre S.A. que son sociedad anónima. Existen otras empresas distribuidoras que pertenecen a los gobiernos departamentales como el caso de Servicios Eléctricos de Tarija (Setar) y también aquellas que dependen de sus socios como la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) en Santa Cruz.
En el caso de empresas del servicio de agua potable también se encuentran distribuidoras que son sociedades mixtas, cooperativas y empresas municipales.
Uno de los casos es de la Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSAS) que brinda servicio en las ciudades de La Paz, El Alto y los principales municipios que forman parte del área metropolitana paceña, la cual es regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS).
Existen también cooperativas que pertenecen a los socios como Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Santa Cruz (Saguapac), Cooperativa de Servicios de Agua y Alcantarillado de Tarija (Cosaalt) y Cooperativa de Servicios Públicos Montero R.L. (Cosmol), entre otras. También hay entidades municipales como la Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre (Elapas).
Además, se tiene un tope máximo del 5% para el incremento en la variación de la tarifa eléctrica, según se pudo constatar en una anterior verificación.
Es decir, ese porcentaje funciona como un techo para el regulador y no así un incremento automático como se alerta en las redes sociales.
Aprobación del crédito
El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados tras hacerse el análisis del contrato de préstamo con el BID, por lo que el contenido viral omite el contexto completo de las declaraciones y presenta una interpretación engañosa.
Renta Dignidad
La Renta Dignidad es un programa social de transferencias monetarias para personas mayores de 60 años que se empezó a implementar en Bolivia desde el año 2008.
El monto mensual de este beneficio social incrementó en enero de 2026 de Bs 350 a Bs 500, mediante la promulgación del Decreto Supremo 5516.
Precisamente, para cubrir ese incremento, el Gobierno nacional solicitó la aprobación de créditos internacionales, lo que no implica, según explicó el propio ministro Espinoza, que la negativa del Legislativo hubiese frenado la entrega del beneficio social, la cual se encuentra normada.
