Verdadero: POA 2027 eleva en 23,3% el salario del gobernador y en 28,6% el de los asambleístas de La Paz

Para que la medida se haga efectiva el Gobernador de la Paz, Luis Revilla, debe promulgar la Ley Departamental de aprobación del Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Institucional Gestión 2027.

Una publicación atribuida a Rafael Quispe señala que la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz (ALDLP) aprobó el Plan Operativo Anual (POA) 2027, que contempla un incremento salarial para el gobernador, de Bs 15.000 a Bs 18.500, y para los asambleístas, de Bs 14.000 a Bs 18.000. El dato es verdadero: el presidente de la ALDLP confirmó a Bolivia Verifica que los incrementos salariales fueron aprobados.

El dato del incremento salarial fue detectado el 03 de septiembre en la cuenta de TikTok AUTOCONVOCADOS. La publicación tiene el siguiente texto:

Rafael Quispe denuncia que Revilla y sus legisladores se aumentaron el salario en plena crisis económica

​El “Tata” Quispe expresó este jueves su indignación tras conocerse que el gobernador Luis Revilla y los asambleístas departamentales de su bancada aprobaron un incremento salarial dentro del Plan Operativo Anual (POA) 2027, en medio de la severa coyuntura económica que enfrenta el país.

​”El día de ayer aprobaron una ley del POA 2027, donde los asambleístas de Luis Revilla… se han incrementado el sueldo. Para no creer”, denunció Quispe mediante un video difundido en sus plataformas digitales, exhortando a los habitantes de las 20 provincias paceñas a repudiar la medida.
​Según Quispe, el gobernador Revilla pasaría de percibir cerca de 15.000 bolivianos a 18.500, mientras que los legisladores departamentales elevarían sus ingresos de 14.000 a 18.000 bolivianos, mediante una escala salarial que beneficiaría a toda la estructura directiva de la Gobernación.

Para la verificación de la información consultamos al presidente de la ALDLP, Rufo Calle, quien confirmó a nuestra redacción que el incremento salarial, según él nivelación, para el Gobernador Luis Revilla, de Bs 15.000 a Bs 18.500 (23.3%), y para los legisladores, de Bs 14.000 a Bs 18.000 (28,57%).

Calle señaló que los nuevos montos entrarían en vigencia desde enero de 2027 y justificó la medida como una “nivelación” salarial, no como un incremento. Afirmó que las autoridades departamentales tienen una alta responsabilidad y que los asambleístas deben desplazarse a las provincias para cumplir sus funciones.

El titular de la ALDLP también destacó que el presupuesto destinado al departamento habría aumentado de Bs 645 millones a Bs 1.205 millones, lo que, según explicó, permitirá duplicar la capacidad de ejecución de obras. Asimismo, defendió una mejora salarial para los técnicos de la institución, al considerar insuficientes remuneraciones de entre Bs 3.300 y Bs 3.500 para profesionales como ingenieros civiles.

Calle aclaró que el POA todavía no fue promulgado. Explicó que, una vez aprobado por la Asamblea Legislativa Departamental, el documento es remitido al Ejecutivo Departamental para su promulgación y cumplimiento. El dirigente ratificó que las cifras de Bs 18.500 para el gobernador y Bs 18.000 para los asambleístas son correctas y corresponden a montos sujetos a los descuentos de ley.

La Jefa de Gabinete y Vocera Oficial de la Gobernación de La Paz, Beatriz Cahuasa, le dijo a Bolivia Verifica que el POA todavía no fue promulgado por el Ejecutivo. “Están en trámites y procedimientos legales aún en la Asamblea“, añadió.

Antecedentes

El incremento salarial previsto para 2027 en la Gobernación La Paz se plantea en un escenario político y económico complejo, marcado por restricciones fiscales, dificultades en el abastecimiento de combustibles, presión sobre los precios y el encarecimiento del dólar, factores que han reducido la capacidad de gasto de los hogares y presionado las finanzas públicas.

En este contexto, la decisión de elevar las remuneraciones de las autoridades departamentales puede generar cuestionamientos políticos, debido a que contrasta con las demandas de austeridad y eficiencia en el uso de recursos públicos. La medida también podría abrir un debate sobre la priorización del gasto departamental, particularmente en un momento en que las autoridades deben responder a necesidades de inversión, infraestructura y servicios públicos.