No es cierto que uniformados que no entonen el himno nacional cometen “delito de traición”

Una desinformación que circula nuevamente en WhatsApp señala que policías y militares que no canten el himno nacional pueden ser detenidos, pero esta versión no es real. Te contamos lo que dice la normativa boliviana

Una cadena motiva a los bloqueadores a entonar el Himno Nacional en caso de una intervención de las fuerzas del orden, argumentando que la ley obliga a los uniformados a formarse y que de no hacerlo, pueden ser juzgados por el delito de “traición a la patria”. Esta versión es falsa. 

Este mensaje asegura que si los uniformados no hacen “inmediata formación” de respeto a las “sagradas notas”, significaría que están cometiendo “el delito de traición a la patria” y que deben ser filmados como “prueba” de su falta.

Esta cadena circuló anteriormente el pasado 11 de octubre cuando se registraron movilizaciones ciudadanas. Ante una nueva convocatoria de un paro indefinido desde hoy, 8 de noviembre, el mensaje volvió a difundirse por WhatsApp

Bolivia Verifica consultó con dos abogados constitucionalistas sobre este tema y ambos descartaron que este extremo sea cierto. Aquí te explicamos porqué.

El mensaje viralizado señala lo siguiente:

“En caso de que el policía, militar u autoridad pública no haga inmediatamente formación de respeto a las sagradas notas del Himno Nacional. Eso significaría y con la prueba filmadas que esas autoridades están cometiendo traición a la patria, suficiente prueba de declararlos nulos inmediatamente de sus funciones, y con lo cual, todo acto sería considerado ilegal. Por tal motivo. todo funcionario público está obligado a rendir sumisión a los símbolos patrios, en especial al himno”.

El abogado constitucionalista, Jorge Pinto descartó esta aseveración. “No es cierto. Lo que sí es verdad, es que cualquiera puede filmar la labor de los policías. Y más aún, cuando hay uso excesivo de la fuerza o autoritarismo”, apuntó.

La desinformación afirma que quienes no entonen el himno podrían ser de otra nacionalidad y “ser detenidos inmediatamente por la ciudadanía y ser desenmascarados públicamente su país de origen”, además de la persona que los contrató, siendo esas autoridades consideradas “traidoras a la patria”, en grado de “alta traición”,  lo que derive en su “destitución inmediata”.

Sobre este párrafo, el abogado constitucionalista, Rafael Subiera, explicó que el “delito de traición” se encuentra tipificado en el artículo 109 del Código Penal y que implica que un boliviano tome armas contra la patria, se una a sus enemigos, les preste ayuda o se encuentre en complicidad con el enemigo. 

“El no cantar el himno no implica cometer ningún delito, incluso, si fuera considerado delito-que no lo es-, toda persona debe ser sometida a un debido proceso con las garantías constitucionales, es decir, hasta que no tenga una sentencia condenatoria ejecutoriada, no puede afirmarse que se cometió el delito y anular actos”, reiteró Subiera.

El constitucionalista, recalcó que la protesta social pacífica es un derecho constitucionalmente protegido que permite la expresión de manifestaciones diversas incluyendo los bloqueos.

La única posibilidad de intervención por las autoridades, es cuando esta se torna violenta por parte de los manifestantes, no deja transitar servicios esenciales o los bloqueos se prolongan excesivamente en el tiempo.

En caso de darse agresiones de autoridades públicas, estas pueden ser denunciadas a la Fiscalía o a las instancias disciplinarias de la Policía, según cuál fuese la conducta.

El artículo 53 de la Constitución Política del Estado, garantiza el derecho de protesta, que establece lo siguiente:

“Se garantiza el derecho a la huelga como el ejercicio de la facultad legal de las trabajadoras y los trabajadores de suspender labores para la defensa de sus derechos, de acuerdo con la ley”.

No es la primera vez que circula esta cadena, ya se difundió durante las movilizaciones de octubre con el mismo tenor. Puedes ver aquí. 

Sobre el paro cívico

Gremiales y comités cívicos del país realizan un paro cívico indefinido desde este 8 de noviembre exigiendo la abrogación de la  Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo.

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