Discurso de Pascual Mamani alimenta odio en las redes contra periodistas
El creador de contenidos instiga al odio y a la violencia contra las y los trabajadores de la prensa. Afirma ser un periodista “independiente de izquierda” y su narrativa se suma a otros actos de odio y amedrentamiento contra el periodismo, un pilar de la democracia y el Estado de derecho.
En solo cuatro años, el promedio de ataques a periodistas pasó de un episodio cada seis días (2018) a uno cada tres días (2022). La alta polarización política y la constante pugna de poderes e intereses ha socavado sistemática y estratégicamente la credibilidad del periodismo y como efecto de ello, derechos humanos universales como la libertad de expresión y el derecho a acceder a la información se han visto vulnerados.
La violencia y el amedrentamiento no solo se expresan en amenazas, agresiones verbales y físicas, sino en el impedimento a desarrollar su trabajo y la judicialización de su labor, con el consiguiente perjuicio para la vigencia de la democracia y el Estado de derecho.
Los grupos afines a los poderes en disputa son los operadores visibles de esta violencia. Los ataques a las y los periodistas en plena cobertura así lo evidencian. En ciertos casos, estas acciones se personifican, como sucede con Pascual Mamani Marca, comunicador y generador de contenidos para las redes sociales, quien ha instigado públicamente, a “quemar” las instalaciones de Unitel y a “castigar” a todos sus periodistas. Pero, además, su hostigamiento a la prensa es recurrente.
Sus argumentos para obrar de esta manera son que él ejerce el “periodismo independiente para la izquierda boliviana” y que busca “dar de su propia medicina a ese canal de televisión” y a la oposición política boliviana.
Mientras, el Ministerio Público se ha negado a iniciar un proceso en su contra, pese a que dos expertos constitucionalistas y la propia normativa vigente sostienen que la Fiscalía debería obrar de oficio en este caso.
Las amenazas contra un medio y sus periodistas
Pascual Mamani Marca se situó, el pasado 9 de enero, en el frontis de las instalaciones de la red televisiva Unitel en Santa Cruz de la Sierra y desde allí difundió un mensaje en sus redes sociales. El llamado a sus seguidores y a la audiencia en general fue el de participar en una encuesta a fin de establecer qué acciones se deberían tomar en contra de este medio de comunicación al que acusa de promover el odio y el racismo.
“Hoy quiero preguntarle a todo el país la siguiente encuesta: ¿Qué debemos hacer (contra Unitel)? Primera opción: buscar que se quite la licencia de funcionamiento. Segunda opción: hacer que se queme este canal de televisión. Tercera opción: “hacer ayo ayo” (expresión distorsionada de lo que se entiende por justicia comunitaria) a los periodistas de este canal de televisión”, se le oye decir en el video.
En junio de 2004, una turba secuestró, torturó y quemó vivo al entonces alcalde del municipio de Ayo Ayo, Benjamín Altamirano, un crimen que halló justicia luego de seis años y un escabroso peregrinaje de la familia en los estrados judiciales. Ayo Ayo es un municipio de la provincia Aroma del departamento de La Paz. La expresión “hacer ayo ayo” se usa, por lo tanto, como el ejercer justicia por mano propia, para escarmentar a una o varias personas.
Sus dichos generaron una serie de narrativas de odio en las redes sociales en medio de la polarización político-social. Entre las repercusiones, hubo comentarios que alientan la quema y agresiones contra periodistas de medios tradicionales, así como otros que reaccionan en contra de comunicadores a los que vinculan con el gobiernista Movimiento Al Socialismo (MAS), entre ellos, el propio Pascual Mamani.
En varios casos, de uno y otro lado, el ensañamiento llegó incluso a cobrar un tono xenófobo.
«Quemar» las instalaciones del citado canal fue la respuesta que más veces apareció en los comentarios del post subido por Mamani a Facebook, el cual fue borrado posteriormente por la propia red social.
El gremio demanda acciones a la Fiscalía
A solo horas de publicar su video en sus redes sociales, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) condenaron las acciones de Pascual Mamani Marca y demandaron al Ministerio Público tomar cartas en el asunto.
“Denunciamos a Pascual Mamani Marca, excandidato a defensor del pueblo y afín al Movimiento Al Socialismo (MAS) por instigar públicamente a atentar contra la vida de los periodistas de Unitel”, declaró entonces el ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa en Santa Cruz, Jesús Aponte Vargas.
Aponte refirió que, dada la gravedad del hecho, se exigía a la Fiscalía General del Estado a actuar de oficio y adoptar las acciones que manda la ley para sancionar la instigación pública lanzada por Mamani Marca.
El representante de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez Herrera, también exigió a la Fiscalía iniciar una investigación de oficio contra Pascual Mamani, por difundir un “discurso de odio” y fomentar las agresiones contra el canal y sus trabajadores.
“Aquí estamos ante un hecho flagrante de incitación a destruir la propiedad privada y, lo más grave, linchar a los periodistas de ese medio”.
Méndez consideró que mediante ese discurso se fomenta el amedrentamiento, el hostigamiento y la promoción de la mentira, pues el autor se camufla como periodista plurinacional y otras veces como dirigente gremial. “Atenta contra los principios de la libertad de expresión y de prensa”.
Desde el otro frente, los empresarios de la casa televisora decidieron callar y abstenerse se una acción legal. Bolivia Verifica se contactó con la Red Unitel, cuyos administrativos evitaron hablar del tema e indicaron que no sacaron ningún tipo de pronunciamiento sobre el particular, pese al estado de vulnerabilidad al que fueron expuestos sus periodistas.
Pronunciamiento oficial del Gobierno
La viceministra de Comunicación Gabriela Alcón Merubia condenó, en una conferencia de prensa realizada el 11 de enero, todo tipo de agresión en contra de las y los periodistas, “venga de donde venga”. La viceministra pidió a la Fiscalía investigar de oficio estos casos de amedrentamiento a periodistas, tanto de medios privados como de los estatales.
Postura de la Fiscalía
En la oportunidad, Bolivia Verifica pidió a la Fiscalía General del Estado Plurinacional y a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz (donde reside Mamani Marca y desde donde lanzó las amenazas) información oficial acerca de si el Ministerio Público iniciará una investigación de oficio sobre este caso.
El jefe de Comunicación de la Fiscalía General del Estado, José Luis Tarquino, aseveró a nombre de la institución, que “toda denuncia debe ser hecha según la Ley Orgánica del Ministerio Público”. “Los afectados deben denunciar a la Fiscalía”, insistió.
Y desde las oficinas de la Fiscalía Distrital de Santa Cruz también confirmaron que no iniciarán una investigación de oficio contra Pascual Mamani Marca. “Para otorgar medidas constitucionales tiene que haber un denunciante”, indicaron de manera oficial.
Sin embargo, el artículo 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley N° 260), referido a la promoción de la acción penal pública establece de manera específica que:
- Las y los fiscales, bajo su responsabilidad, promoverán de oficio la acción penal pública, toda vez que tengan conocimiento de un hecho punible y donde se encuentre flagrancia.
En ese entendido, dos constitucionalistas coincidieron, por separado, en que el Ministerio Público debe investigar de oficio las amenazas de Pascual Mamani Marca contra la Red Unitel y sus periodistas, porque se trata de delitos de orden público contra derechos constitucionales reconocidos en la Carta Magna.
El constitucionalista José Antonio Rivera explicó a Bolivia Verifica que el artículo 225, parágrafo primero de la Constitución Política del Estado (CPE), asigna como función al Ministerio Público la defensa de la sociedad frente a la criminalidad, promoviendo la acción penal.
En efecto, en dicho artículo (referido a la naturaleza del Ministerio Público) se establece que:
- El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública. El Ministerio Público tiene autonomía funcional, administrativa y financiera.
José Antonio Rivera precisó que el Código de Procedimiento Penal considera delitos de acción penal pública aquellas conductas que, además de lesionar y afectar los intereses y los derechos de una persona, afectan los intereses de la sociedad o ponen en riesgo a sus integrantes.
Estos delitos de acción penal pública son perseguibles y sancionables de oficio. En consecuencia, en cumplimiento a la función que les asigna la CPE, los fiscales deben iniciar una acción penal de oficio al tener conocimiento de la comisión de determinado delito.
En el marco del Código Penal, el delito por el que Pascual Mamani Marca podría ser investigado, dice Rivera, es instigación pública a delinquir.
El artículo 130 del Código Penal, Capítulo III – Delitos Contra la Tranquilidad Pública, tipifica la Instigación Pública a Delinquir de la siguiente manera:
El que instigare públicamente a la comisión de un delito determinado, será sancionado con reclusión de un mes a un año. Si la instigación se refiere a un delito contra la seguridad del Estado, la función pública o la economía nacional, la pena aplicable será de reclusión de tres meses a dos años.
Mamani “ha hecho amenazas directas de incitación a que se eliminen periodistas, (estos son delitos) que están tipificados por el Código Penal y son delitos de acción penal pública, razón por la que el Ministerio Público tiene la obligación de comenzar con las investigaciones”, afirma Rivera.
Su colega Williams Bascopé recuerda que la CPE le otorga al Ministerio Público la facultad de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad.
“Ante un hecho público de amenazas de quitar la vida de las personas, de quemar las oficinas de un medio de comunicación, se debe investigar de oficio porque se trata de un delito de orden público y la Fiscalía no necesita de una denuncia de una persona particular”, asevera.
Bascopé dice que, al excusarse de cumplir sus funciones, el Ministerio Público se convierte en operador del poder político. “La Fiscalía, al no investigar de oficio este hecho, está incumpliendo su deber y se convierte en cómplice”.
Qué dijo Mamani Marca a Bolivia Verifica tras publicar su video
Ante las reacciones que causó su publicación y dado que el llamado que hizo se constituye, entre otros, en una amenaza contra la libertad de prensa y el derecho a la información, Bolivia Verifica buscó a Pascual Mamani Marca para conversar con él y saber a qué se dedica y qué intereses motivan su actividad en redes sociales.
Ante los insistentes llamados, Pascual Mamani envió un audio que transcribimos in extenso a continuación:
“Bueno, un saludo especial Yo Pascual. No sé qué tipo de descargo quiere hermano, pero vivo acá en Santa Cruz.
Hacer periodismo independiente para la izquierda boliviana, para el pueblo es como estar en medio de una guerra, hermano. En medio de una batalla; esto yo lo digo desde el año 2019 a raíz de los 21 días de -Luis Fernando- Camacho que se dio. Nos encerraron en nuestros barrios, no nos dejaban; a lo mucho nos dejaba salir a la rotonda, nos rompían los parabrisas de los vehículos, de los micros; nos pegaban. Muchos dirigentes han sido pegados, humillados.
Y la misma estrategia se repite recientemente con los 36 días (del último paro indefinido realizado en Santa Cruz). Y estos días; Unitel pues incentivando a la quema de las instituciones públicas o privadas, públicas del Estado ¿Y pues qué tal? Dar de su propia medicina.
Yo lo que hice como periodista, hacer una encuesta nacional en TikTok y en mi página ‘Kunker Yo Pascual en Bolivia’ para ver, dando yo otras opciones y la gente qué opciones da. Y creo que toda Bolivia está predispuesto a quemar todas las antenas de Unitel a nivel nacional y si es posible… No sé, cerrar; tienen varias opciones.
La verdad es una decepción de Unitel como un medio de comunicación que hace daño psicológico a la sociedad, a la salud pública.
Bueno, saludos. Yo Pascual licenciado en Comunicación Social, más que un pinche periodista; un comunicador social. Egresado, titulado de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Técnica de Oruro. Además, tengo un diplomado realizado en Educación Superior y una maestría que ya estoy culminando. Saludos, Yo Pascual”.
En su mensaje, el comunicador hizo referencia a los últimos paros cívicos en Santa Cruz, que fueron convocados por el Comité Interinstitucional de ese departamento, conformado por el Comité Pro Santa Cruz, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, la Cámara de Industria y Comercio (Cainco), entre otras organizaciones e instituciones locales.
Estas instancias llamaron a bloquear y frenar toda actividad económica en la región para exigir al Gobierno nacional la realización del censo de población y vivienda el año 2023. El denominado “paro cívico” inició el 22 de octubre de 2022 y finalizó el 26 de noviembre tras llegar a un acuerdo con las autoridades estatales.
La más reciente medida de presión convocada por esta instancia fue el bloqueo y paro cívico en defensa del gobernador de esa región Luis Fernando Camacho Vaca, quien fue aprehendido por la Policía y trasladado a la ciudad de La Paz, donde guarda detención preventiva mientras se investiga el caso.
Camacho, uno de los principales líderes de oposición al Gobierno nacional, fue imputado por el delito de “terrorismo” en el marco de los hechos registrados en 2019, que derivaron en la salida del entonces presidente Evo Morales Ayma.
Las medidas de presión, entre paros, bloqueos, marchas y cabildos, generaron choques y enfrentamientos entre quienes apoyan a Camacho y quienes consideran que su procesamiento es legal y legítimo. En medio de esta disputa y durante el desarrollo de los dos paros, periodistas de diversos medios fueron atacados, sufrieron agresiones físicas de diversa gravedad, sus equipos secuestrados o destruidos e incluso fue quemado un vehículo en el que un reportero se movilizaba para hacer su cobertura.
Pascual Mamani argumenta que su discurso es en defensa de las personas que fueron afectadas por los últimos paros cívicos en Santa Cruz. Foto El Deber.Cabe apuntar que, el 31 de marzo de 2022, Pascual Mamani Marca se presentó como postulante al cargo de Defensor del Pueblo, institución del Estado que tiene como objetivo principal promover y proteger los derechos humanos en el país, así como ejercer la vigencia, difusión y promoción de los mismos.
En anteriores verificaciones realizadas por Bolivia Verifica se identificó una serie de desinformaciones promovidas desde las páginas de Pascual Mamani y que, también incitaban a la violencia (ver aquí, aquí o aquí).
Polarización en el país y estado del periodismo
El discurso de Pascual Mamani, que alienta al estigma y al odio contra los trabajadores de la prensa responde a una coyuntura altamente polarizada y politizada que puede remontarse al referendo de 2016 y a los conflictos de 2019, cuando se produjo un recrudecimiento de las disputas políticas y con ellas el recrudecimiento de las violencias.
En el referendo del 21 de febrero de 2016 (hoy llamado coloquialmente “21F”) se consultó a los bolivianos si estaban o no de acuerdo con la modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que establece que la reelección presidencial está permitida solo por una vez.
En la consulta se impuso la opción del “No” con el 51,3% de los votos, lo que impedía a Evo Morales Ayma volver a postularse al cargo que ya había ganado en los comicios generales de 2005, 2009 y 2014.
Para su postulación en 2009, el oficialismo interpretó que, con la refundación del Estado y la puesta en vigencia de la nueva Carta Magna, esta era la primera vez que Morales optaría a la presidencia en este nuevo contexto, lo que le permitió candidatear en 2014.
Morales, el MAS y el oficialismo apuntaron a los medios de comunicación y a los periodistas como los promotores de una guerra sucia en su contra, lo que –según su versión– derivó en su derrota en las urnas, un detonante para los primeros ataques contra la prensa de parte de los sectores que lo apuntalaron políticamente.
Pese a la negativa en el referendo, un recurso fue planteado por el oficialismo en 2017 ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) permitió que Evo Morales se postule nuevamente.
Esta situación generó una fuerte polarización en el país, tensiones, violencia, protestas y una seguidilla de conflictos en medio de los cuales, periodistas de medios privados y estatales sufrieron agresión, hostigamiento, persecución y judicialización, resultando más perjudicados por primeros.
En este contexto fueron realizadas las elecciones generales del 20 de octubre de 2019. Un corte imprevisto en el conteo rápido y el recuerdo aún fresco del “21F”, motivaron una serie de movilizaciones en las diferentes capitales del país en denuncia de un fraude electoral; mientras los afines al Gobierno celebraban una nueva victoria de Evo Morales.
La crisis política de 2019 se agudizó con un informe de 33 expertos en materia electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) que detectó “manipulación electoral”. Al conocerse el informe en la madrugada del 10 de noviembre de 2019, Evo Morales anunció, primero, nuevas elecciones, y horas después dimitió a la Presidencia, alegando ser víctima de un «golpe de Estado».
En medio de movilizaciones y conflictos, asumió la presidencia la opositora Jeanine Áñez Chávez. Desde entonces, la polarización en el país se ha mantenido hasta la fecha con dos discursos: uno que habla de “golpe de Estado” y otro de “fraude electoral”.
A fin de instalar su narrativa, los políticos echaron mano, una vez más, del estigma para condenar el trabajo de las y los periodistas, con un impacto preocupante para la libertad de prensa, de expresión y el derecho al acceso a la información y la mayor cantidad de agresiones y violencia registrada desde el retorno de la democracia a Bolivia.
De acuerdo con una investigación elaborada por el portal La Nube, el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de la Red UNITAS (que busca denunciar y prevenir restricciones a las libertades fundamentales) estableció que entre enero de 2020 y septiembre de 2022 se registraron un total de 273 vulneraciones al trabajo de la prensa. El promedio de los dos años y nueve meses muestra que un periodista es agredido, estigmatizado o se le impide el acceso a la información cada tres o cuatro días.
Claudia Terán, abogada experta en Derechos Humanos, explica a Bolivia Verifica que «el derecho de acceso a la información es una manifestación específica del derecho a la libertad de expresión; se trata de una herramienta para la participación democrática, el control de la gestión pública y también para lucha contra la corrupción. Por otro lado, hace posible la autodeterminación individual y colectiva facilitando la toma de decisiones consciente e informada. Es un instrumento clave para el ejercicio de otros derechos, principalmente por parte de los grupos en situación de vulnerabilidad”.
En este sentido, garantizar la labor de las y los periodistas se constituye en un aspecto de vital importancia para la democracia, de allí que toda agresión, amenaza, hostigamiento o acción judicial en contra de los trabajadores de la prensa se traduzca en un atentado a las libertades fundamentales de la ciudadanía.
“No deberíamos ver la libertad de prensa como un privilegio o un derecho únicamente del periodismo, sino más bien como un derecho de la sociedad, porque a través de este derecho y de esta libertad es que las democracias se fundamentan y se potencian”, reflexionó Terán en declaraciones a La Nube.
*Este es un trabajo en alianza entre la Fundación Para el Periodismo de Bolivia, Bolivia Verifica, Proyecto Desconfío y Datos Concepción de Argentina, con el respaldo de la International Fact-Checking Network del Instituto Poynter para desarrollar un proyecto que busca contrarrestar la desinformación y el discurso de odio, cuyo principal fin es de promover el diálogo por medio de una cultura de paz en el país.
