Tariquía: impacto económico vs. impacto ambiental
La defensa de la Reserva Natural se reactivó tras el ingreso de Petrobras a la zona, luego de seis años de paralización. No obstante, un experto en hidrocarburos sostiene que, ante la crisis económica, Bolivia debería apostar por la exploración para garantizar ingresos por regalías.
El reciente reingreso de la empresa Petrobras a la zona del pozo exploratorio Domo Oso X3, ubicado en el cantón Chiquiacá, cerca de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, en el departamento de Tarija, generó reacciones divididas entre sectores que defienden este espacio ecológico y otros que consideran que el proyecto podría beneficiar a la economía regional y nacional.
Hechos
El 5 de enero de 2026, un contingente policial resguardó el ingreso de funcionarios de Petrobras al proyecto exploratorio Domo Oso-X3, en las comunidades de San Telmo y Astillero. El ingreso se realizó pese a la resistencia de comunarios que defienden el territorio de Tariquía, al tratarse de una zona con alta biodiversidad de flora y fauna.
Desde el Gobierno se argumentó que el ingreso responde al cumplimiento de un contrato firmado en 2018 entre Petrobras y YPFB Chaco S. A., subsidiaria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), durante la gestión del entonces presidente Evo Morales. El acuerdo fue aprobado mediante la Ley 1049 y tiene una vigencia de 40 años.
El proyecto quedó paralizado en 2019 tras el rechazo de organizaciones y defensores de Tariquía. Casi seis años después, Petrobras volvió a la zona, lo que reavivó el debate. Las opiniones se polarizaron aún más luego de que el presidente del estado, Rodrigo Paz Pereira, afirmara que el proyecto no se encuentra dentro de la Reserva de Tariquía, pese a que en 2019 firmó un acuerdo en defensa de este territorio.
En un video difundido en redes sociales, Paz señaló que es falso que se haya autorizado un pozo gasífero dentro del área protegida y cuestionó el uso político de la temática ambiental.
@rodrigopazpereira Tariquía es un reservorio que está dentro de nuestro Departamento de Tarija, Bolivia. Dicen que hubiéramos dado un permiso para que ahí se desarrolle un pozo gasífero dentro del reservorio; eso NO es verdad. Y algunos políticos están haciendo uso de temas medioambientales para hacer política; eso no está bien. #DefensaDelMedioAmbiente ♬ sonido original – Rodrigo Paz
Impacto económico
En contacto con Bolivia Verifica, el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos expresó su respaldo al proyecto, al considerar que podría generar ingresos económicos mediante un eventual hallazgo de gas o petróleo. Caso contrario, advirtió que el país se vería obligado a importar estos recursos.
“Creo que hay que ser razonable entre lo ambiental y lo económico”, afirmó Ríos.
El exministro explicó su posición en tres puntos principales:
- «Los tarijeños se van a quedar sin regalías. El 2029-2030 no van a recibir nada de regalía y nada de IDH el país en su conjunto y vamos a tener que importar más».
- «Creo que hay gente movilizada con otros móviles, defendiendo algo que no está dentro del parque, y eso lo he mirado claramente en los mapas donde se ubica el aspecto que se quiere perforar».
- «La industria petrolera trabaja con estándares internacionales muy elevados. O sea, no es el desastre que están haciendo, por ejemplo, los mineros, los auríferos en los ríos, en el Beni, en el norte de LaPaz,z donde arrojan mercurio a los ríos y ahí nadie o muy poca gente reclama. La afectación para la entrada es muy mínima, muy pequeña, casi todo se puede restaurar».
Ríos añadió que, en el contexto actual de crisis económica y escasez de dólares, la exploración podría representar un alivio financiero para el país.
“La población quiere dólares, y si no exploramos, nuestros dólares se van a ir”, puntualizó.
Impacto ambiental
Desde el enfoque ambiental, los comunarios expresaron su preocupación por una posible contaminación de fuentes de agua y la afectación a los caudales que abastecen a la región. También alertaron sobre el riesgo para especies emblemáticas de la zona, como el oso jukumari y el jaguar.
En esa línea, el investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Jorge Campanini, advirtió que la exploración y eventual explotación podrían hacer que Tariquía pierda sus cualidades como área protegida.
«El tema es que no hay ninguna garantía de que el impacto sea mínimo. Tenemos en Bolivia zonas que han sido afectadas fuertemente por impactos petroleros. El Aguará es el ejemplo más cercano. Los pozos que se han desarrollado en el Aguará, los derrames que ha habido de hidrocarburos, etc. Tenemos una historia que nos señala que no existe la garantía que nos dicen las autoridades o gente del sector y, peor aún, en un área protegida», observó.
Por su parte, Ríos rechazó estas afirmaciones y aseguró que la industria petrolera ya no genera contaminación, atribuyendo los mayores daños ambientales a la minería ilegal, especialmente la aurífera.
«La industria petrolera hace muchos años que no contamina nada. Lo que contamina es la industria del oro, la minería ilegal que se practica en todos los ríos bolivianos».
Campanini observó la forma en que nuevamente está ingresando la petrolera.
«Tal como se están llevando adelante las cosas, es decir, violentando a la gente, subordinando el tema ambiental, al interés de los de los petroleros, dividiendo a las organizaciones, a las comunidades, engañando en la consulta. No creo que lleguemos a tener unos ciertos niveles de desarrollo, beneficio, sacrificando a los más vulnerables», reclamó.
En 2025, el Cedib analizó el riesgo que puede causar el ingreso por parte de las petroleras a esta zona, reflexión que no cambió a los primeros días de 2026, cuando otra vez se vive lo que sucedió en el 2019.
Ahora, ¿se hizo la consulta para volver a ingresar a esa zona?
En contacto con Andrés Miranda, comunario y defensor de Chiquiacá, indicó que Petrobras hizo la consulta a la comunidad para retomar el ingreso, pero señaló que «era trucha» y por eso se entró a un debate este 9 de enero de 2026, con las autoridades gubernamentales como el viceministro de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos Caleb Montes, el senador Diego Ávila y demás miembros de la Asamblea Legislativa, junto con la directiva de Petrobras y la subsidiaria YPFB.
Según Miranda, las comunidades solicitaron la revisión de los documentos presentados por ambas partes y se acordó que la consulta no será validada hasta que se evalúe su legalidad.
«Se ha quedado en que no se va a hacer valer eso (la consulta)», dijo Miranda.
Un reporte de Verdad Con Tinta recordó que en 2019 la empresa obtuvo la licencia ambiental y firmas de comunarios; sin embargo, estas habrían sido obtenidas mediante engaño, ya que se les hizo firmar documentos bajo el argumento de que se trataba de registros de asistencia a almuerzos.
