Sentencia no inhabilita candidatura del Tata Quispe en La Paz
Legalmente el candidato de Somos Pueblo sigue en carrera por la Gobernación paceña
Por Jesús Vargas Villena
El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz determinó este viernes 12 de febrero de 2021 una sentencia condenatoria de dos años de privación de libertad contra el candidato Rafael “Tata” Quispe Flores, dentro del proceso iniciado por Felipa Huanca por el delito de “acoso político”.
En las páginas oficiales de Bolivia Verifica en nuestras redes sociales nos consultan si esta sentencia inhabilita o no al candidato a gobernador de la agrupación Somos Pueblo. Acá te explicamos cómo es la figura y por qué puede seguir en carrera electoral.
El caso se remonta al año 2015, cuando Felipa Huanca Llupanqui presentó una querella en contra de Quispe, acusándolo de haberla “perjudicado” en su postulación a la Gobernación de La Paz con denuncias públicas con “difamaciones”, según declaró a los periodistas en noviembre de 2020.
¿Esta sentencia inhabilita al candidato?
La respuesta es no. Bolivia Verifica se contactó con la docente de Derecho de la Universidad Católica Boliviana María René Soruco, quien explica que en este caso no puede darse una inhabilitación, porque “no es una sentencia ejecutoriada”.
“Es una sentencia en primera instancia, no es ejecutoriada, él todavía tiene mecanismos para apelar”, explica la abogada constitucionalista.
Uno de los requisitos para que un candidato sea habilitado es que este no tenga una sentencia ejecutoriada, según dicta la Ley del Régimen Electoral.
Precisamente, Quispe anunció desde su página oficial en Facebook que “apelará” la sentencia en su contra y denunció que el Movimiento Al Socialismo (MAS) busca “inhabilitar” su postulación a la Gobernación de La Paz.
Bolivia Verifica también se comunicó con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), instancia que confirmó que “solo una sentencia ejecutoriada” puede inhabilitar a un candidato.
¿Qué puede ocurrir?
Si Quispe ganase la elección, y se resolviera el proceso hasta la última instancia, confirmando la citada sentencia, recién ahí afectaría directamente a esta persona en la función pública.
“Si estuviese en ejercicio de sus funciones y sale la sentencia ejecutoriada, ahí sí pierde el cargo”, aclara la especialista.
Es decir, sí corre el riesgo de perder el cargo en caso de que gane la elección, solo si la sentencia se confirma en la última instancia.
El proceso
Quispe en su función de diputado denunció en marzo de 2014 a la entonces secretaria ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas de La Paz “Bartolina Sisa” Felipa Huanca, por ser parte del “millonario desfalco” al ex Fondo Indígena.
Huanca asegura que por esta denuncia fue “perjudicada” en su campaña del 2015 como candidata a gobernadora de La Paz por el Movimiento Al Socialismo (MAS), cuando obtuvo el segundo lugar detrás de Félix Patzi de Soberanía y Libertad (Sol.Bo).
El Ministerio Público rechazó la denuncia interpuesta por Quispe contra Felipa Huanca, por ser “muy genérica y no encontrarse suficientes indicios para imputar a la acusada”, según documentos a los que accedió ANF.
En respuesta, Huanca formalizó en 2015 una querella en el Ministerio Público en contra de Quispe por el delito de “acoso político”.
La querella se basa en el artículo 148 del Código Penal que trata sobre la violencia política contra mujeres: “quien o quienes realicen actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas en contra de una mujer electa, designada o en el ejercicio de la función político – pública”. Para este delito las penas son de dos a cinco años.
Perdón judicial
Si bien Quispe recibió una sentencia condenatoria a cumplir en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz, la normativa nacional permite que el juez conceda el perdón judicial.
El perdón judicial se da al “autor o partícipe que por un primer delito haya sido condenado a pena privativa de libertad no mayor a dos años”, indica el artículo 64 del Código de Procedimiento Penal.
En el caso específico, la pena es de dos años, por lo que el sentenciado puede acceder al perdón judicial.
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