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Proyecto de ley para “descriminalizar la protesta” va contra la Constitución

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Proyecto de ley para “descriminalizar la protesta” va contra la Constitución

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La bancada del MAS presentó un proyecto de ley para que no sean punibles los dirigentes sociales que encabecen protestas sociales. La propuesta es considerada «inconstitucional» por expertos

La diputada y jefa de bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) Betty Yañiquez presentó un proyecto de ley para descriminalizar la protesta social, el mismo que aseguró defiende el derecho a la protesta en democracia; sin embargo, constitucionalistas alegan que el proyecto vulnera garantías también inscritas en la Constitución Política del Estado(CPE) es decir, es falso afirmar que no se atenta contra la CPE.

Sonia Brito, también diputada del MAS defendió el proyecto y alegó que «es una ley de derechos humanos, de garantías constitucionales. En sociedades democráticas se permite la disidencia, el derecho a la protesta está constitucionalizado, en momentos de pandemia también», aseguró.

Para los especialistas en leyes, abogados y constitucionalistas el proyecto es anticonstitucional y usurpativo. El constitucionalista Bernardo Wayar explicó que de aprobarse este proyecto de ley sería usurpativo, estaría impidiendo el ejercicio de la jurisdicción (Art.123 CPE). “El órgano legislativo, el parlamento, el congreso, como quieran llamar, carece de facultades para intervenir en cuestiones que son relativas a la administración de la justicia. Ellos no pueden impedir ni la investigación ni el juzgamiento de sus militantes”.

Wayar dijo que tal como está planteado el proyecto solo favorece a un grupo de la población y vulnera las garantías y derechos incluidos en la CPE para todos los habitantes de Bolivia.

El Colegio Nacional de Abogados (Conalab) hizo un pronunciamiento y dijo que la actual propuesta de ley, en caso de ser aprobada, no solo vulneraría la Constitución Política del Estado, también un conjunto de instrumentos y obligaciones internacionales además de la legislación penal boliviana.

La CPE tiene como garantía que todos los seres somos iguales ante la ley, la “garantía de la igualdad”, que sería vulnerada si se favorece a quienes protagonizan hechos como los bloqueos de carreteras en desmedro de quienes se vieron perjudicados al vulnerarse su derecho a la libertad de transitabilidad, entre otros puntos desglosados en el pronunciamiento del Conalab.

En la propuesta además se incluye que, en caso de pasar a su aprobación, la mencionada norma tenga carácter retroactivo, de ese modo, favorecería directamente a los dirigentes y líderes que protagonizaron las recientes movilizaciones y bloqueos.

La actual Constitución Política del Estado fija que las leyes se dispongan para lo venidero y no tengan “efecto retroactivo”.

Se consultó a Yañiquez sobre qué base fijó su proyecto de ley, la diputada respondió a Bolivia Verifica con la siguiente explicación: “En materia social y excepcionalmente en materia penal puede aplicarse la ley con efecto retroactivo, en materia social cuando favorezca al empleado y en carácter penal cuando favorece al procesado”.

En efecto, el artículo 123 de la Constitución Política del Estado señala que existe una excepción en material laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado».

Wayar explicó que la retroactividad en materia penal es cuando beneficia al reo o hace extinguir ciertas conductas por medio de la ley que en algún momento pudieron ser punibles.

Paulino Verastegui, constitucionalista también, dijo que la ley que plantea el MAS es inconstitucional y debiera ser eliminada por el Tribunal Constitucional cuando le sea remitida, ya que no puede ser retroactiva.

Yañiquez explicó que la propuesta recién fue presentada y que seguirá los conductos regulares, que se aguarda que en la próxima plenaria el presidente de la cámara designe una comisión para que revise y analice el proyecto de norma.