Proyecto de ley para anular pensión vitalicia a expresidentes no excluye a Evo Morales

La diputada Lidia Patty Mullisaca presentó un proyecto de ley para suspender pago de renta vitalicia a exmandatarios que vuelvan a ser candidatos

La diputada por el Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty Mullisaca presentó el 3 de septiembre un proyecto de ley que propone eliminar la renta vitalicia de los expresidentes y exvicepresidentes que sean candidatos al cargo nuevamente, el mismo no excluye al expresidente Evo Morales, como circuló en algunos medios.

Mullisaca explicó que el proyecto de ley es para todos sin distinción y sin excepciones “la ley es para todos” en caso de ser aprobada dijo. Remarcó la frase debido a que tanto en medios de comunicación como en redes sociales circula que el proyecto presentado por Mullisaca excluye al expresidente Evo Morales.

La diputada aclaró que si Evo Morales cobra su renta como expresidente y se concreta su candidatura a senador, también debe renunciar a ese pago en caso de que se aprueba la ley. En el proyecto presentado por Mullisaca en la parte de “Exposición de Motivos”, la diputada rememoró el compromiso de Morales y García Linera de donar la renta vitalicia que les corresponda a personas de bajos recursos.

“Hemos decidido con el compañero Álvaro (García Linera) que cuando nos vayamos de Palacio no vamos a percibir ningún salario”, dijo Morales en una entrevista periodística el 17 de octubre del 2007 años.

La diputada explicó también que lo que se busca con el proyecto es que todos los candidatos que deseen participar de los comicios electorales, lo hagan en igualdad de condiciones en lo posible sin que uno tenga mayores recursos para participar que el resto.

El proyecto de ley que presentó la diputada ya fue anunciado hace un año atrás por el presidente de la cámara de diputados Sergio Choque.

De aprobarse esta ley, los primeros afectados serían Carlos Mesa y Jorge Quiroga, que son expresidentes y candidatos (además de Evo Morales si se mantiene su candidatura como senador) y que tienen el beneficio de 300 mil bolivianos al año de renta.

Pensiones vitalicias

La Ley de Rentas, creada en los años 70, dispone que expresidentes y los exvicepresidentes reciban una renta (sueldo sin trabajar) equivalente a 12 salarios mínimos de los recursos del Tesoro General de la Nación.

La Ley 376 aprobada el 13 de mayo de 2013 destina una renta vitalicia para los expresidentes de Bolivia, la misma que corresponde a 10 salarios mínimos mensuales, actualmente establecido en 2.200 bolivianos.

Este es un fragmento del proyecto de ley presentado por Mullisaca:

ARTÍCULO PRIMERO. – La Presente Ley tiene por objeto garantizar el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos establecidos en la Constitución y Convenios internacionales y la igualdad de condiciones en las cuales los expresidentes del Estado Plurinacional de Bolivia se presenten a elecciones generales.

ARTICULO SEGUNDO. – Toda expresidenta o e presidente del Estado Plurinacional de Bolivia que se presente como candidato a cualquier proceso eleccionario para postular al cargo de presidenta o presidente del Estado, senadora o senador, diputada o diputado, gobernadora o gobernador, asambleísta departamental, alcaldesa o alcalde municipal, concejal municipal debe de manera obligatoria renunciar de manera definitiva a la renta vitalicia concedida como reconocimiento a su cargo ejercido en calidad de Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional.

ARTÍCULO TERCERO.- Se modifica el Artículo 5 de la Lay N° 376 de 15 de mayo de 2002 con la siguiente Modificación:

“Artículo 5°.- (Incompatibilidad o suspensión del beneficio) El beneficio estará vigente mientras el beneficiario no perciba remuneraciones estatales o sea candidato a elecciones nacionales o subnacionales a cualquier cargo electivo en cuyo caso la suspensión del beneficio será de manera definitiva”.

ARTICULO CUARTO.- El Órgano Electoral Plurinacional deberá observar este requisito a momento de validar la nómina de candidatos de los diferentes frentes políticos que estén legalmente habilitados para el proceso electoral correspondiente.