Petrobras y otras empresas que explotan hidrocarburos mantienen sus acciones en Bolivia pese a la nacionalización

El debate se abrió a raíz de titulares en diferentes periódicos donde se anuncia la puesta en venta de los activos en los campos San Alberto y San Antonio, nacionalizados en 2006

El campo San Alberto en el departamento de Tarija, uno de los mayores productores de gas en el país, donde opera Petrobras-Bolivia. Foto La Razón. 

Por Jesús Vargas Villena

“¿Acaso no es nacionalizado eso?”, pregunta el excandidato a la presidencia Virginio Lema Trigo en una de sus publicaciones en Facebook, al mostrar titulares del 9 de mayo de dos periódicos donde se anuncia que Petrobras quiere vender sus activos en los campos San Alberto y San Antonio.

Si bien los campos han sido nacionalizados, existe un porcentaje de participación de las empresas que los operan. En esta nota te explicamos cómo fue el proceso de nacionalización y por qué las empresas transnacionales tienen acciones por la producción de hidrocarburos en el país.

“Petrobras quiere vender San Alberto y San Antonio”, indica el titular de portada del periódico El País de Tarija del 9 de mayo, cuya nota refiere que la estatal brasileña tiene una “participación de 35%” en los contratos de operación de servicios, que se operan principalmente para suministrar gas a Brasil y Bolivia. Esta nota indica que Petrobras se encuentra en negociaciones para vender, además de los campos de producción, “las tres unidades procesadoras de gas natural (UPGN) que tiene en el país”.

Los planes también incluirían la venta del 11% de participación en Gas Transboliviano (GTB), responsable del lado boliviano del gasoducto Bolivia-Brasil, con una longitud de 557 kilómetros, según el informe de El País de Tarija. “Petrobras negocia venta de campos de gas en Bolivia y acciones en GTB”, indica el titular de Página 7 del 8 de mayo.

¿Y la nacionalización?

El Gobierno a la cabeza del entonces presidente Evo Morales Ayma emitió el 1 de mayo de 2006 el Decreto de Nacionalización 28701 a través del cual el Estado recupera “la propiedad, posesión, el control total y absoluto de los recursos de hidrocarburos”.

En base a lo establecido en el citado decreto, las empresas petroleras que operan en el sector están “obligadas” a entregar en propiedad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) “toda su producción”, para que sea la empresa estatal la que defina volúmenes, mercados y precios para su comercialización. La producción de hidrocarburos es obtenida a partir del desarrollo de las actividades de exploración y explotación, las que están normadas por contratos de operación y de servicio.

Según la norma, los contratos de operación norman las actividades de exploración y explotación, mismos que tienen una vigencia de 30 años que se computan desde el 2 de mayo de 2007.

Estos contratos establecen que las empresas petroleras ejecutarán a su exclusiva “cuenta y riesgo”, a nombre y en representación de YPFB en las actividades de exploración, como de explotación de hidrocarburos.  A cambio de estas acciones, la empresa recibirá una retribución de parte de YPFB. La retribución es de acuerdo al porcentaje de acción que tengan las empresas, según establece el decreto.

El artículo 7 de este decreto indica: “Se nacionalizan las acciones necesarias para que YPFB controle como mínimo el 50% más uno en las empresas Chaco S. A., Andina S. A., Transredes S. A., Petrobras Bolivia Refinación S. A. y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia S. A”.

En este mismo artículo se indica que YPFB nombrará a sus representantes en los respectivos directorios. Agrega que “firmará contratos de sociedad y administración” en los que se garantice el control, como la dirección estatal de las actividades de hidrocarburos en el país.

“Es decir que YPFB tiene mínimamente el 51% o más de las acciones”, explica a Bolivia Verifica el especialista en hidrocarburos, Jorge Franco Malgor. “Solo que los hidrocarburos son propiedad del Estado y él distribuye a dónde van a ir con su comercialización y precios”, aclara Franco, quien fue secretario de Energías, Minas e Hidrocarburos del Gobierno Departamental de Santa Cruz. Los contratos de comercialización también los realiza YPFB.

“Lo que hubo es un acuerdo con las empresas que producían – en el país- donde Yacimientos les reconoce por los gastos operativos”, acota el experto en hidrocarburos José Padilla, quien también fue secretario de Minería, Hidrocarburos y Energía de la Gobernación de Santa Cruz.

La Ley 3058 de Hidrocarburos, promulgada en 2005 por el entonces presidente del Congreso Nacional, Hormando Vaca Diez,  establece el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), como un paso importante en la recuperación de los recursos naturales. La norma establece que el 50% de los recursos de hidrocarburos (32% por IDH y 18% de regalías) beneficien directamente al Estado boliviano.

Ya con el Decreto de Nacionalización de 2006, el valor de la producción se distribuye de la siguiente forma: “82% para el Estado (18% de regalías y participaciones, 32% de Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH y 32% a través de una participación adicional para YPFB), y 18% para las compañías (que cubre costos de operación, amortización de inversiones y utilidades)”.

En síntesis, Bolivia es dueña del 100% de los hidrocarburos pero un porcentaje de sus valores de producción son distribuidos a las empresas que los producen, según dicta el decreto. El Estado no es dueño de la totalidad de las empresas que exploran y explotan hidrocarburos en el país, mismas que cuentan con su parte accionaria, como es el caso de Petrobras.

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