Parlamento Europeo no impone sanciones, sólo emite resoluciones que son «declaraciones políticas»

El Parlamento Europeo trató hoy el tema de Jeanine Áñez y lo sucedido en Bolivia luego del 2019. Tras la sesión emitió una resolución que entre otros puntos, «denuncia y condena la detención arbitraria e ilegal de la expresidenta interina Áñez»

Hoy se debatió en el Parlamento Europeo el tema de la detención de la expresidenta Jeanine Añez. El caso motivó el rechazo de parlamentarios bolivianos por considerar “injerencia” la iniciativa de diputados conservadores europeos. El tema está en los medios y ha generado variadas opiniones en redes.

La sesión duró 30 minutos y se escuchó la intervención de más de una docena de parlamentarios de diversas líneas políticas quienes expusieron sus opiniones sobre lo ocurrido en Bolivia el 2019 y la aprehensión de Jeanine Áñez. (Puedes ver la sesión aquí)

Ayer, el europarlamentario Hermann Tertsch manifestó en contacto con un medio boliviano que se podría “sancionar” a autoridades bolivianas si es que no se acata la resolución para que la administración gubernamental liberen a los “presos políticos”. ¿Qué quiere decir?

Consultamos al servicio de prensa del Parlamento Europeo buscando entender qué implicaba el anuncio del diputado de Vox. Desde allí nos explicaron que el Parlamento no impone sanciones y que esa es una decisión que correspondería al Consejo de Ministros de la Unión Europea. “Lo que hace el Parlamento es emitir una resolución, que es una suerte de declaración política”, precisaron a Bolivia Verifica.

¿Qué dice la declaración emitida por el Parlamento Europeo?

El documento tiene 10 puntos:

1. Denuncia y condena la detención arbitraria e ilegal de la expresidenta interina Áñez, de dos de sus ministros y de otros presos políticos; pide a las autoridades bolivianas que los liberen inmediatamente y retiren los cargos por motivos políticos contra ellos; pide un marco de justicia transparente e imparcial, sin presiones políticas, e insta a las autoridades a que presten toda la asistencia médica necesaria para garantizar su bienestar;
2. Subraya que, de conformidad con la Constitución boliviana, la expresidenta Áñez cumplió plenamente con su deber como vicepresidenta segunda del Senado, al colmar el vacío presidencial provocado por la dimisión del expresidente Evo Morales tras los disturbios violentos desencadenados por la tentativa de fraude electoral; destaca que el Tribunal Plurinacional de Bolivia respaldó la transferencia de poderes a Jeanine Áñez; toma nota de que las elecciones celebradas el 18 de octubre de 2020 se celebraron sin incidentes y con plenas garantías democráticas;
3. Expresa su preocupación por la falta de independencia e imparcialidad del sistema judicial boliviano y por la prevalencia de problemas estructurales; observa que esta falta de independencia afecta al acceso a la justicia y, de manera más general, merma la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial nacional; denuncia la presión política ejercida sobre el poder judicial para perseguir a los opositores políticos y subraya la importancia de respetar la tutela judicial efectiva y garantizar que el poder judicial esté libre de toda presión política; subraya que las víctimas merecen una justicia real e imparcial y que todos los responsables deben rendir cuentas, sin que se conceda ninguna amnistía o indulto debido a sus opiniones políticas; pide el pleno respeto de la independencia de los poderes y la plena transparencia en todos los procedimientos judiciales;
4. Subraya que todos los procedimientos judiciales deben llevarse a cabo respetando plenamente el principio de tutela judicial efectiva consagrado en el Derecho internacional; subraya que deben ofrecer garantías judiciales, garantizando la protección judicial y el acceso a la justicia, como parte de un sistema judicial independiente e imparcial, libre de interferencias por parte de otras instituciones estatales;
5. Insta a Bolivia a que emprenda sin demora cambios estructurales y reformas en el sistema judicial, en particular con respecto a su composición, con el fin de garantizar juicios justos y creíbles, la imparcialidad y la tutela judicial efectiva; pide al Gobierno boliviano que aborde la cuestión generalizada de la corrupción en el país; pide al Gobierno boliviano que modifique los artículos del Código Penal sobre los delitos de sedición y terrorismo, que incluyen definiciones demasiado amplias del terrorismo, lo que da lugar a posibles violaciones de los principios de legalidad y proporcionalidad;
6. Pide a la Fiscalía de Bolivia que reabra la investigación sobre la supuesta canalización por parte del Gobierno de Morales de 1,6 millones USD de fondos públicos a través de pagos irregulares a la consultora Neurona;
7. Recuerda que unos canales de diálogo reforzados y eficaces en el marco de las instituciones bolivianas son indispensables para promover los valores democráticos, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos; pide a las autoridades bolivianas que lideren un proceso de reconciliación con el objetivo de rebajar la tensión y la hostilidad latentes en la sociedad boliviana;
8. Expresa su preocupación por la grave situación social y política que se ha ido desarrollando y deteriorando en Bolivia desde 2019, y lamenta profundamente la tragedia que ha golpeado a todas las víctimas de los disturbios en el país, de todas las partes; subraya la necesidad fundamental de defender la naturaleza multiétnica y multilingüe del Estado, plenamente legal; pide a Bolivia que emprenda reformas y cambios estructurales, incluido el nombramiento de un Defensor del Pueblo independiente e imparcial, para abordar las causas profundas de las crisis que asuelan el país;
9. Considera que la Unión y Bolivia deben continuar e intensificar su compromiso y diálogo en el contexto de las negociaciones del SPG+, ya que Bolivia es el único país de la Comunidad Andina que no tiene un acuerdo con la Unión; considera que la Unión debe seguir apoyando a Bolivia y estar dispuesta a seguir implicándose, siempre que se adopten medidas claras para mejorar la situación y que se respeten la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos;
10. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Gobierno de Bolivia, al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, a la Organización de los Estados Americanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Parlamento Andino y a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, al secretario general de las Naciones Unidas y a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

 Puedes acceder al texto completo aquí.

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