Ley 348 no se encuentra en el paquete de normativas observadas por sectores en conflicto

Una cadena cita diferentes leyes, si bien, algunas de las mencionadas sí son cuestionadas por la oposición, los textos que las acompañan no son acordes al contenido ni al reclamo 

Una cadena que se comparte por diferentes redes sociales cita un paquete de leyes supuestamente observadas por los gremios que se encuentran en movilización desde el pasado 8 de noviembre; sin embargo, entre las normativas señala a la Ley 348 ¡Cuidado! Este contenido es falso.

“¡Abrogación sin negociación!”, dice la publicación que se comparte en cadena por Facebook, Twitter, Telegram y WhatsApp.

La publicación cita que además de la Ley 1386, el Gobierno debe quitar otro paquete de normativas que “coartan las libertades”.

Las leyes mencionadas en este post son las siguientes:   

Ley 1398, Ley 1387, Ley 1405, Ley 1359 y Ley 348.

Debajo de cada ley acompaña un breve texto donde se resume el tenor de la normativa, pero estas explicaciones no están acorde a los contenidos.

Leyes cuestionadas

Los movimientos cívicos y sectores sociales que están movilizados no solo exigen la abrogación de la Ley 1386, también cuestionan la vigencia de otras normativas como la 1407, 1390, 1398, 1405,1359 y 1387.

En una entrevista con Correo del Sur Radio, el senador tarijeño Rodrigo Paz Pereira, señaló que el paquete de normativas observadas está compuesto por seis de carácter civil y dos que afectan a instituciones como son la Policía y las Fuerzas Armadas.

Una de estas leyes es la 1398 de Registro de Comercio que deja de lado a Fundempresa, una entidad independiente, para otorgar al Ministerio de Desarrollo Productivo la potestad de crear una entidad dependiente del Ejecutivo que tenga las funciones del registro de todas las empresas de Bolivia.

“Todas las empresas pasan al registro de comercio del Gobierno”, explica Paz. Para el senador opositor, el problema no es que el Gobierno tenga este registro, sino que use esa información en “acciones políticas”.

El registro público de comercio estaba a cargo desde el año 2001 de la Fundación para el Desarrollo Empresarial (Fundempresa), encargada de registrar a todas las empresas privadas de Bolivia.

En la citada publicación que se comparte en cadena, se indica que mediante esta ley, los bienes privados pasan a manos del Gobierno nacional, pero en realidad, se trata de un registro público.

Otra de las normativas en cuestión es la 1407, que contiene el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 que según la oposición, “centraliza” las decisiones.

La normativa establece la obligatoriedad para que los gobiernos subnacionales y universidades elaboren su planificación de acuerdo con la impuesta por el Gobierno.

Paz también menciona la Ley 1390, de fortalecimiento para la lucha contra la corrupción que abre la posibilidad de realizar juicios en rebeldía. La oposición cuestiona que se quitaría la personería jurídica a cualquier empresa, ONG, fundación, partido político solo si cualquier accionista que conforme esa sociedad tiene un proceso o una condena.

“Este va a ser un instrumento para inhabilitar ciudadanos y ciudadanas”, advierte el senador.

En la lista del citado paquete se incluye la Ley 1405 de Estadísticas Oficiales de Bolivia.

“Esta institución -INE- pasa a ser propietaria de todas las estadísticas, toda la información en Bolivia, cuando se define que es oficial”.

En la publicación que es compartida en cadena se refiere que esta ley “toma el control de los medios de comunicación”; pero en realidad, esta norma no trata específicamente del tema.

Paz sí advierte que si un medio de comunicación o cualquier otra empresa decide hacer una encuesta pública y el Instituto Nacional de Estadística (INE) la considera oficial, puede frenarla o apropiársela.

La Ley 1359 de emergencia sanitaria que crea un consejo nacional es otra de las normativas observadas, porque deja a un lado a las entidades territoriales autónomas, colegios médicos, universidades y sectores interesados en la lucha contra la pandemia.

En la citada cadena se indica que mediante esta ley “se pierde el derecho a la protesta”, pero la crítica a la norma, es que no toma en cuenta a los sectores interesados como ser colegios médicos, trabajadores de salud y universidades.   

Entre las normas observadas también se encuentra la Ley 1387 de ascensos en la Policía. La oposición denuncia que esta ley es para “controlar” a la Policía Boliviana desde el Gobierno.

La diputada de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero Chávez, explica a Bolivia Verifica que además están observados otros proyectos de ley como el de Derecho Reales.

Ley 348 no tiene relación con las protestas

El falso texto del citado post indica que mediante la Ley 348 “desaparece la autonomía”. 

Si bien estas normativas fueron aprobadas en esta gestión, la Ley 348 no tiene ninguna relación, pues fue promulgada el año 2013, cuando Luis Arce no era presidente.

Bolivia Verifica consultó al Comité Cívico Pro Santa Cruz sobre las leyes observadas, siendo señaladas las anteriormente mencionadas. No cita la Ley 348.

Esta ley establece 30 años de cárcel sin derecho a indulto para quien cause la muerte de una mujer, implementa la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), marca la participación de gobiernos subnacionales, define la asignación de recursos especiales en caso de extrema violencia, crea centros de acogida para las mujeres víctimas de agresiones, entre otros aspectos.

Es decir, esta ley no se refiere a la autonomía, ni es parte del paquete de las normativas observadas por la oposición.

Por todo lo referido, el contenido de la citada publicación es falso.

Paro cívico

Diferentes sectores en el país iniciaron un paro cívico desde el 8 de noviembre exigiendo la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. Con este panorama, el presidente Luis Arce Catacora anunció el 13 de noviembre la abrogación de esta ley.

Pese al anuncio, las medidas de presión se mantienen en el país, debido a que los sectores en movilización exigen que se quite todo el “paquete” de normativas observadas.

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