Incendios y deforestación: Las ocho normas que avivan el fuego en Bolivia

Un paquete de normativas sumadas al cambio climático y las sequías se convierten en cóctel para incendios forestales. Bolivia está catalogada como el quinto país más depredador del continente

El año 2019 Bolivia cerró la gestión con el reporte de 6,4 millones de hectáreas quemadas en todo el territorio nacional. El 31% del área afectada fue bosque, el restante 69% corresponde a pastizales. Según el monitoreo de la Fundación Amigos de la Naturaleza, los incendios son una amenaza constante. Sin embargo, es importante entender que el fuego es apenas un síntoma de un problema mayor que viene registrándose en la última década: La acelerada pérdida de bosques en el país.

La relación no es casual sino causal. La pérdida de bosque implica la pérdida de la posibilidad de regular el clima en el lugar, esto se traduce en sequías más duras que a su vez hacen que el bosque sea material combustible para incendios forestales.

Frente a esto, el discurso gubernamental trata constantemente de desprenderse de cualquier responsabilidad, posicionando a otros factores (cambio climático, chaqueo ilegal, sequías) como los únicos responsables de los incendios. En realidad, son muchos los factores que entran en juego, entre ellos las normativas públicas que responden a un modelo de desarrollo que prioriza la agroindustria y la ganadería extensiva por encima de la riqueza forestal.

“No es casual que desde el 2013, mediante la promulgación de distintas normativas que posibilitaron la ampliación de la frontera agropecuaria, la dotación de tierras en zonas de vocación forestal y la promoción de los desmontes y chequeos, el gobierno nacional fue afinando alianzas políticas con las elites agro-empresariales del oriente boliviano”, señala el investigador Guillermo Villalobos.

El exterminio de bosques en Bolivia

El año 2013, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través de la Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal determinó que en Bolivia existen 9 tipos de bosque: amazónico, chiquitano, seco interandino, tucumano boliviano, chaqueño, de llanuras inundables, pantanal, yungas y andino.

De éstos, la mayor superficie boscosa corresponde a los de tipo amazónico (37,8%), chaqueño (17,6%) y chiquitano (16,8%).

El 80% del total de bosques en el país se encuentra en Pando, Beni y Santa Cruz, el restante 20% en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, en los valles interandinos y en menor grado, en el altiplano.

Según registros de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), entre 1998 y 2018, se desmontaron 1.518.669 hectáreas de forma legal, reportándose un ascenso brusco desde el año 2013. Desde el año 2015, es posible hablar de un incremento de 200% de la deforestación. El año 2018, Bolivia reportó más de 259.000 hectáreas deforestadas con autorización de la ABT. La cifra desmontada sin autorización, es incierta, no obstante, se estima que es al menos 40% adicional a la cifra oficial.

Según datos aún más drásticos manejados por Probioma, Bolivia pierde 300.000 hectáreas por año y entre el 2001 y el 2017, el país deforestó 4,5 millones de hectáreas. Posicionándose con esta cifra en el quinto país más depredador del continente, luego de Brasil, Estados Unidos, Argentina y Paraguay.

El año 2015, una investigación publicada por la Revista Nature, posicionó a Bolivia como uno de los países del mundo con más árboles por persona, 5.465 árboles per cápita. Sin embargo, el actual modelo de desarrollo pareciese estar enfocado en reducir esa riqueza.

Según el Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (INESAD), Bolivia tiene una tasa de deforestación per cápita de 310 m²/persona/año superando de lejos al promedio mundial que es de 9 m²/persona/año. Según el mismo informe, las emisiones de carbono producto de esta deforestación (cerca de 14 tCO₂/persona/año) equivalen al consumo de combustible de por lo menos cuatro vehículos por persona por año en Bolivia. la realidad es que, a pesar de nuestros árboles, somos un gran contribuidor al calentamiento global.

Agroextractivismo que impulsa la deforestación

Según la Fundación Tierra, la degradación de los bosques y la deforestación se ha incrementado debido principalmente a la expansión agresiva de la frontera agrícola y pecuaria y a la colonización de nuevos asentamientos en tierras de vocación forestal.

“Desde el año 2013 hemos evidenciado una taza elevadísima de desmonte que va en ascenso. Esto tiene relación con la ley 337 conocida como el “perdonazo” de los desmontes ilegales que sacó el gobierno de Morales”, explica Alcides Vadillo, investigador de la Fundación Tierra, refiriéndose a la medida legal que “perdonó” 1.582.807 hectáreas deforestadas sin autorización.

Vadillo agrega que, “adicional a ello, el año 2015 se amplió la cantidad de hectáreas que se autorizan para desmonte de 5 a 20 hectáreas sin mayores trámites (Ley 741). Entonces, lo que vemos hoy, no es otra cosa que el resultado de todas esas políticas públicas”.

Tanto Probioma como la Fundación Solón, identifican un “paquetazo” de políticas públicas favorecedoras del extractivismo, el desmonte, la quema y los transgénicos:

• Ley 337 (2013): apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques.
• Ley 502 (2014): Ampliación del plazo y modificación a la Ley N° 337 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques.
• Ley 741 (2015): se autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades destinadas a actividad agrícola y ganadera.
• Ley 1098 (2017): de agrocombustible Etanol y biodiesel.
• Ley 1171 (2019): se autoriza quemas para actividades agropecuarias.
• Decreto Supremo 3973 (2019): se autoriza el desmonte en Santa Cruz y Beni para actividades agropecuarias.
• Decreto Supremo 26075 (2001) Modificada (2019): ampliación de fronteras de producción del sector ganadero y agroindustrial sobre áreas de bosque.
• Decreto Supremo 4232 (2020): se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa.

Pablo Villegas, investigador del CEDIB afirma que “toda esta destrucción que hoy vemos es resultado de una política nacional que para implementar ganadería y agricultura intensiva no le queda otra opción que arrasar con los bosques.”

Los árboles se pagan con agua

Los expertos coinciden en que la pérdida de bosques no significa sólo disminución de árboles sino una afectación sustancial a la biodiversidad lo que a su vez amenaza con la pérdida de la capacidad de producción alimentaria en el país.

“Parece básico decirlo pero es necesario. El agua no viene del cielo sino de la tierra. Hay todo un ciclo hídrico que de alterarse, se pone en vilo el equilibrio del hábitat. Ya hay alteración en los niveles de humedad en la zona chiquitana que se traducen en sequías extremas y condiciones favorables a la ocurrencia de incendios”, advierte Vadillo.

En la misma línea, la Fundación Amigos de la Naturaleza reportó que entre los meses de enero hasta julio de 2019, previo a los incendios en la Chiquitanía, hubo un déficit hídrico extremo por una disminución de la precipitación de hasta -62% en comparación con la precipitación acumulada entre 1981-2018. La disminución de humedad, es decir, de capacidad de lluvia, amenaza constantemente la pervivencia de fauna y flora de la zona.