Histórico: Bolivia sanciona por primera vez la violencia política en el ámbito electoral

Si bien en el país hay una ley que castiga el acoso y violencia política desde el año 2012, hasta ahora no se había registrado ninguna sentencia en el contexto de elecciones. El hito se registra luego de que el Tribunal Supremo Electoral aprobara el Reglamento de Falta Electorales y Sanciones

A pesar de que el año 2012, Bolivia fue pionera en la región al contar con una ley que sanciona el acoso y violencia política hacia las mujeres candidatas o autoridades (Ley N° 243) ningún agresor había recibido una sanción hasta el año 2020. Afortunadamente, la línea de impunidad se quebró, luego de que en febrero se dio la primera sentencia en el ámbito penal y ahora, la primera en el contexto electoral.

El 26 de marzo de 2021, el Juez Electoral Juan Ramos Soliz en el departamento de La Paz declaró probada una denuncia por acoso y violencia política presentada por Hebelina Lourdes Chambi Humerez, candidata a concejala de Coroico (La Paz).

La organización política sancionada está obligada a pagar 35 salarios mínimos como multa, tal y como lo establece el Reglamento de Faltas Electorales y Sanciones aprobado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en mayo de 2020. El reglamento establece a los jueces electorales como responsables de sancionar las faltas electorales de manera concreta según la categoría de las faltas.

¿Qué es el acoso político?

Se entiende por acoso político al acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas, cometidos por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública o en contra de sus familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos.

¿Qué es la violencia política?

Se entiende por violencia política a las acciones, conductas y/o agresiones físicas, psicológicas, sexuales cometidas por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de las mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública, o en contra de su familia, para acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de su cargo o para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos.

¿Existen otras denuncias contra el acoso y violencia política en el país?

De acuerdo con datos del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), en 2019 se registraron 33 casos de acoso y violencia política contra mujeres: 21 denuncias y 12 renuncias. De estas últimas, todas concejalas, el 75% tuvo lugar en el departamento de Potosí.

La Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) registró el año 2019, 127 denuncias de acoso y violencia política contra sus afiliadas, el 41% fueron en La Paz.

Respecto al panorama de las asambleas departamentales, el OEP realizó un estudio en La Paz, Beni y Tarija, cuyos resultados revelaron que más del 54% de las legisladoras de estos tres departamentos sufrieron acoso político, alguna vez, en el ejercicio de sus funciones; mientras, el 37% señaló haber sido víctima de violencia política.

En el ámbito nacional, un estudio realizado por la Coordinadora de la Mujer, IDEA Internacional y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) muestra que 75% de las diputadas y senadoras de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) fue víctima de algún tipo de acoso o violencia política, a pesar de que no necesariamente lo reconozcan.

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