¿Dónde está mi puente?

Un reportaje de verificación de cumplimiento de promesas electorales de las autoridades municipales de las nueve ciudades capitales más El Alto.

Período 2015 – 2020

Por Gabriel Díez Lacunza y Adriana Olivera Rodríguez

Página Siete, Bolivia Verifica y Verdad Con Tinta identificaron propuestas electorales de 2015 y las contrastaron una vez finalizadas las gestiones. Al menos 46 proyectos no se concretaron. 

46 promesas que 10 exalcaldes no cumplieron durante su gestión

Los exalcaldes de las nueve capitales más El Alto no cumplieron al menos 46 promesas que hicieron en la campaña preelectoral 2015, según constata esta investigación de Página Siete, Bolivia Verifica y Verdad con Tinta. Las causas del incumplimiento van desde la falta de presupuesto hasta la falta de fiscalización, coinciden exautoridades y analistas.

En marzo de 2015 la campaña electoral se intensificó. Las y los candidatos a las alcaldías prometieron obras y proyectos plasmados en programas de gobierno formales, que presentaron en entrevistas con medios y en otras apariciones públicas. Hubo quienes fueron más generales o abstractos en sus ofrecimientos y hubo aquellos que con mucho detalle plantearon decenas de obras.

“Yo aseguro a los orureños la ejecución primero de todas las obras macro y estas obras serán de una calidad absoluta”. Era el 25 de marzo de 2015 y faltaban cuatro días para que la ciudadanía  acudiera a las urnas. La frase, según consta en el registro de La Patria, corresponde al entonces candidato a la Alcaldía de Oruro por el Movimiento Ciudadano San Felipe de Austria, Édgar Bazán. Fue electo.

Tres pasos a desnivel en diferentes zonas de Oruro, un distribuidor vehicular y un paseo peatonal son cinco obras que se constató no fueron cumplidas en la gestión de Bazán. En contacto telefónico, el exburgomaestre pidió tiempo para revisar documentación. Es uno de los ejecutivos municipales que no pudo terminar su gestión.

De los 10 alcaldes cuyas obras fueron verificadas para este reportaje la única mujer es Soledad Chapetón, ahora exalcaldesa de El Alto. Pese a que se buscó la contraparte en todos los casos, no todas las exautoridades respondieron o no se las pudo encontrar.

De los exalcaldes que sí contestaron, Luis Revilla hizo mención a la falta de presupuesto como un factor para no haber podido ejecutar tres obras de esta muestra. Para William Cervantes, exalcalde de Potosí, un elemento para el incumplimiento fue la no aprobación del Concejo. Mientras que Soledad Chapetón dijo que los conflictos sociales y el pedido vecinal de otras obras impidieron la puesta en marcha o finalización de sus promesas electorales verificadas para este reportaje.

Las obras “incumplidas”

En este trabajo colaboraron 10 periodistas a nivel nacional. En las nueve capitales más El Alto se verificaron, como muestra, entre tres y cinco proyectos prometidos por urbe, haciendo un total de 46. Ninguno de ellos se entregó: algunos están inconclusos y otros nunca se empezaron.

Entre las más incumplidas por las pasadas gestiones municipales están las obras de infraestructura (22); puentes, viaductos, distribuidores, avenidas y pasos a desnivel (nueve); proyectos de apoyo a la ciudadanía (nueve) y de transporte municipal y organización vial (seis).

En La Paz no se edificaron al menos dos parqueos municipales, un distribuidor, un viaducto y un puente propuestos. En El Alto, no se concretó la construcción de un matadero, un cementerio edil, un nuevo relleno sanitario ni de la morgue judicial; tampoco se creó el banco municipal ofrecido.

En Potosí se prometió una fábrica de enlatados, una planta de ensamblaje, la construcción de un centro de alto rendimiento deportivo y un departamento municipal de investigación científica: ninguno vio la luz. También se propuso un aeropuerto que es competencia de la Gobernación.

En Cochabamba se propuso y no se realizó la construcción de una  terminal de buses, de una casa de acogida para mujeres y de una escuela gastronómica; tampoco se cumplió con la implementación del Llajta bus ni con el cierre técnico del botadero de K’ara K’ara.

En Sucre, los proyectos que no se concretaron fueron: un teleférico, un parque botánico, una planta procesadora de residuos sólidos, un campo de recreaciones y un complejo multipropósito. Mientras que en Tarija no se cumplió con la construcción de puentes sobre el río Guadalquivir, una escuela municipal de ciclismo y con la implementación del plan “Transporte del Milenio”.

Las causas

Los motivos para que estas obras no se hayan ejecutado van desde insuficiencia presupuestaria hasta desconocimiento de las necesidades reales de la población. Se suman  otros factores como bloqueos en los concejos municipales, conflictos sociales y priorización de otros proyectos en las pasadas gestiones municipales.

La falta de recursos es la razón que expone Luis Revilla, exalcalde de La Paz, para tres de las obras —Viaducto 8 de Calacoto, puente Díaz Romero y distribuidor 16 de Obrajes— que propuso en 2015 y que no se materializaron.

Alejandro Revollo fue uno de los vecinos que se opusieron al viaducto en la calle 8 de Calacoto porque lo consideraba mal proyectado. Comenta que los candidatos deberían analizar con la ciudadanía  las mejores propuestas para cada zona antes de lanzarlas.

Un punto de vista similar tiene el investigador social José Luis España, quien trabaja en el análisis de gestión pública desde hace más de 15 años. “En general hay una tendencia en muchas agrupaciones políticas de realizar propuestas electorales atractivas para lograr la adhesión ciudadana, pero sin que éstas cuenten con respaldos técnicos ni económicos suficientes”, explica.

Para Fabián Yaksic, exdirector del Servicio Departamental de Autonomías de La Paz, el nivel de fiscalización es bajo, especialmente desde los concejos municipales. “La responsabilidad de una gestión no sólo recae en el alcalde, sino también en los concejales y en la ciudadanía, que a lo largo de la gestión tampoco se involucró lo suficiente como para corregir a tiempo”, afirma.

 El control ciudadano

Sobre el seguimiento y la verificación a promesas electorales hay ejemplos del exterior y también de Bolivia. El “Promesómetro” es una iniciativa que funcionó en México, Colombia, Perú y Guatemala; de la misma forma “Del dicho al hecho” tuvo lugar en Uruguay, Ecuador y Chile. En tanto que el “Plan de metas – Red ciudadana Nuestra Córdoba” tuvo sede en Argentina. Una reseña de estas experiencias está disponible en la Guía para el monitoreo del cumplimiento de promesas electorales de la Fundación Construir.

Estas iniciativas surgieron desde diferentes frentes: el periodismo y medios de verificación, la sociedad civil y la academia, principalmente. En algunos casos se las definió como herramientas para facilitar la comunicación entre ciudadanía y autoridades electas y promover la fiscalización de  promesas electorales. En otros casos optaron por lemas más categóricos: No más palabras vacías.

En Bolivia, el proyecto Participación y Control Ciudadano para el cumplimiento de las ofertas electorales Departamentales y Municipales 2015 fue lanzado por el Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios (Cebem). Estuvo vigente entre 2015 y 2018, su impulsor y actual director del Cebem, Mario Galindo Soza, recuerda que en un momento ya no fue viable porque, entre otras razones, los colaboradores, miembros de organizaciones sociales, fueron cooptados por la administración pública local.

¿Por qué las autoridades no cumplen lo que ofrecen?

Analistas explican que la falta de conocimiento del programa de gobierno por parte de los electores, la improvisación de los candidatos y la influencia de la  política, entre otros factores, influyen en la decisión del voto y los candidatos los aprovechan para lanzar todo tipo de propuestas. Eso, explican, puede ser causal de incumplimiento de promesas cuando una autoridad es electa.

Según el sociólogo Franco Gamboa, el incumplimiento se debe a tres grandes razones: la ideología, la propaganda y la correlación de fuerzas de los actores involucrados en los grandes proyectos programáticos de los partidos.

“Los políticos se mueven en medio de sus propias mentiras, entre la propaganda política para posicionar su imagen ante conflictos que muchas veces no pueden manejar. Y, finalmente, no son capaces de prever los costos ocultos y consecuencias no deseadas de la acción política o de la implementación de cualquier proyecto de bienestar social”, sostiene.

Fabián Yaksic apunta que los candidatos apelan a la emotividad con promesas para sumar votos. Para Erika Brockmann, politóloga y exparlamentaria, los aspirantes a cargos públicos  aplican dos premisas del marketing político: la polarización, aprovechar que la ciudadanía sigue al que está primero, y la credibilidad. “Mientras un candidato sea creíble, puede darse el lujo de ofrecer muchas cosas y enganchar a su electorado hacia un voto favorable”.

Yaksic y Brockmann coinciden en que la gente no conoce los programas de gobierno y que el político se aprovecha de eso. “La gente ni conoce ese programa. Lo leen pocos que tienen alguna preocupación especial por la oferta programática”, observa Yaksic.

“Pocas veces la gente conoce o se deja seducir por el programa. Normalmente no es leído por la ciudadanía. Son factores subjetivos, afectivos los que normalmente convocan a votar por uno u otro candidato. Y el segundo tema es que poco o nada les interesan las obras”, remarca Brockmann.

El no concretar pactos con la sociedad impide que algunas promesas lleguen a materializarse, según la politóloga. A veces, comenta, esto “trae muchos conflictos” y pone como ejemplo el caso del botadero de K’ara K’ara.

Pero este panorama no es sólo local. En México, el periódico El Universal publicó las propuestas más absurdas de candidatos a diferentes cargos gubernamentales en las recientes elecciones. Entre ellas, la reducción del costo de la cerveza, promesa que una candidata a diputada realizó para “disfrutar de una cervecita y que  alcance el dinero”. Otros candidatos propusieron “cortar las manos a todo aquel que robe teniendo un puesto de elección popular” o que se “taparán baches en 24 horas”.

En el caso boliviano, Yaksic cree que en algunos candidatos existe improvisación al momento de hacer un programa de gobierno. “Recién empiezan a conocer la realidad del electorado cuando ejercen. Cuando ya saben de la gestión, les toca salir”.

Gamboa apunta que en la gestión se puede modificar cualquiera de las  propuestas mediante la Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado. “Si no se ha previsto en el POA,  hay la posibilidad de reajuste. Por eso se sacan unas obras y se meten otras que no estaban  previstas”.

Control ciudadano, clave para que autoridades electas cumplan

Investigadores en gestión pública, politólogos y legisladores coinciden en que es necesario generar mecanismos de control efectivo de las promesas electorales en Bolivia. La opción con más consenso  para la fiscalización y control transparente de la gestión pública debe nacer de la sociedad civil organizada y ser administrada por los ciudadanos.

“Hay un mecanismo ‘de facto’, no formal, que es la participación ciudadana. Si tú como gobernante prometes A, pero en el transcurso de tu gestión te das cuenta de que no vas a poder desarrollar A, o ya no es prioridad, y tienes que cambiar a B, el mayor juez es justamente la aceptación ciudadana”, explica el politólogo Julio Ascarrunz, autor de la Guía para el monitoreo del cumplimiento de promesas electorales.

En Bolivia funcionó entre 2015 y 2018 el proyecto denominado Seguimiento al cumplimiento de la oferta electoral del Cebem. “Esta iniciativa nació a raíz de que nosotros trabajábamos con organizaciones sociales que nos planteaban cómo podían aplicar la Ley de Participación y Control Social (2013)”, recuerda Mario Galindo Soza, actual director del Cebem y coordinador del proyecto. “Cuando el ciudadano participa,  es el corazón de la democracia”, añade.

¿Legislar el cumplimiento?

En abril de 2002 el entonces senador Carlos García Suárez (Condepa) propuso una ley para obligar a que los candidatos cumplan sus promesas una vez que sean electos. Este intento no prosperó. Para Ascarrunz, una solución desde este ámbito puede ser deseable pero resulta actualmente inviable. “Una ley de este tipo de por sí estaría condenada a fracasar”, dice.

En cambio, para la diputada oficialista Bertha Acarapi es necesario buscar un mecanismo para que las autoridades electas cumplan sus promesas de campaña y la ley es una opción para este objetivo. A su vez, el diputado Marcelo Pedrazas, de Comunidad Ciudadana, afirma que sería bueno combinar una ley con una política de Estado para este propósito.

Esta publicación es posible gracias al apoyo del Fondo Spotlight X de Apoyo a la Investigación Periodística en los medios de comunicación que impulsa la Fundación Para el Periodismo con el apoyo de la National Endowment for Democracy (NED).