Dinamita en protestas: el vacío legal que permite su uso pese a la prohibición
Gran parte de los mineros consideran que el uso de la dinamita en las marchas de protesta es una tradición cultural y un símbolo de lucha como una «arma de defensa» contra las dictaduras.
En Bolivia, el empleo de dinamita en manifestaciones continúa sin una regulación clara, pese a incidentes que han causado heridos y daños materiales. Este explosivo, usado tradicionalmente por mineros, se ha generalizado en las protestas sociales en varios departamentos, principalmente en La Paz.
Aunque el Código Penal castiga al que cause “estragos” por medio de explosión, como desmoronamiento o derrumbe de edificios, (artículo 207), con penas de 3 a 8 años de prisión, en protestas o manifestaciones, no hay tipificación directa sobre el uso de dinamita, lo que genera impunidad.
El artículo 211 del Código Penal también sanciona la fabricación, comercio o tenencia de sustancias explosivas (bombas molotov) asfixiantes y similares con el fin de crear un peligro común para la vida, la integridad corporal o los bienes ajenos, pero tampoco tiene tipificación que haga referencia a la dinamita.
El Código Penal castiga acciones como fabricar, suministrar, adquirir, sustraer o tener bombas, materias explosivas, inflamables, asfixiantes o tóxicas, e instrumentos para su elaboración. Sin embargo, apunta que debe haber la intención de generar peligro, lo que limita su aplicación directa al porte de dinamita en protestas sin daño efectivo.
En Bolivia, hubo varios intentos para prohibir específicamente el uso de la dinamita en marchas de protesta o manifestaciones, sin embargo, la presión de los sectores sociales, principalmente de los mineros y la Central Obrera Boliviana (COB), provocaron la abrogación de una norma y a la fecha no existe un marco legal claro que sancione esta irregular actividad.
La Ley 400 del 18 de septiembre de 2013, de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, clasifica los explosivos por su uso. Incluye explosivos para actividades económicas como minería (artículo 4, literal e) y explosivos de uso civil como pirotécnicos (literal f), pero requiere reglamentación complementaria. Esta norma regula la fabricación, importación y control por el Ministerio de Defensa, sin prohibir específicamente el uso de dinamita en protestas públicas.
Según especialistas, el vacío legal surge porque la ley no tipifica directamente el uso de dinamita en manifestaciones, aunque el Código Penal sanciona el uso de explosivos en atentados (artículo 207 y 211) con 3 a 8 años de prisión. En ese sentido, el abogado y docente universitario Julio Veizaga señala que falta una norma que califique el uso del explosivo en protestas como delito autónomo. En 2025, la Asamblea Legislativa Plurinacional debatió un proyecto, sin avances (1).
Norma abrogada
El Decreto Supremo 1359, aprobado por Gabriela Montaño, presidenta en ejercicio en 2012, prohibía la tenencia y el uso de bombas, materiales explosivos o similares en manifestaciones y movilizaciones sociales. Su artículo 1 establecía el objeto de esta norma: prevenir peligros para la vida, integridad corporal y propiedad pública o privada.
El artículo 2 detallaba la prohibición en protestas y actividades no productivas como minería o construcción, con responsabilidad penal y aprehensión policial. El artículo 3 ordenana el decomiso inmediato de estos materiales por la Policía Boliviana. El artículo 4 garantizaba el derecho a la movilización pacífica, pero exigía evitar daños a terceros o bienes, con responsabilidad civil y penal para infractores.
Sin embargo, el Decreto Supremo 2754, del 1 de mayo de 2016, promulgado por Evo Morales, abrogó el Decreto Supremo 1359 de 2012. Esta medida eliminó la prohibición expresa de tenencia y uso de explosivos en manifestaciones y movilizaciones sociales, en respuesta a demandas de mineros y la Central Obrera Boliviana (COB).
La norma y símbolo reconocía el uso de dinamita como tradición culturalde lucha del sector minero, tras conflictos previos que incluyeron incidentes fatales. (1, 2) No introdujo nueva regulación específica, dejando el control bajo la Ley 400 de 2013, que clasifica explosivos para usos económicos como la minería, pero no detalla su uso en las protestas. Esta abrogación generó debate: sectores mineros la celebraron, mientras opositores y expertos señalaron riesgos para la seguridad pública y contradicción con normas penales. En la práctica, facilitó su uso en protestas posteriores (1).
Sin embargo, el Gobierno de Evo Morales volvió a prohibir el uso y tenencia de explosivos y materiales relacionados en manifestaciones públicas, movilizaciones, marchas, huelgas y mítines en áreas urbanas o rurales con el el Decreto Supremo 2888, del 1 de septiembre de 2016.
Sin embargo, su vigencia fue observada tres años después por la entonces presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, en 2019, cuando dijo que el decreto había sido dejado sin efecto, indicando que ya no estaba vigente, pues existían normativas más recientes y no había una prohibición explícita que lo reemplazara directamente, aunque la polémica sobre su aplicación persistió.
«No hay normativa (…) que permita el uso de dinamita en las protestas o que las prohíba necesariamente. Tengo entendido que hubo un decreto hace bastante tiempo que habló de aquello y ese decreto fue derogado», manifestó Salvatierra a ANF en 2019.
Proyecto de ley necesario
El constitucionalista y abogado Julio Veizaga calificó el uso de dinamita en manifestaciones como violatorio de derechos y peligroso para la vida de las personas. Destacó que este explosivo no es un juguete y puede causar mutilaciones o daños a terceros, criticando su normalización cultural entre mineros e incluso niños.
Veizaga recomendó penalizar el uso del explosivo en manifestaciones mediante tipificación específica en el Código Penal, como delito autónomo por su utilización en concentraciones masivas donde pueda generar heridos o muertes.
Por su parte, el senador de Oruro por la alianza Libre, José Sánchez, reconoció usos inadecuados de la dinamita en las manifestaciones, pero defendió que la dinamita es esencial para todo el sector minero. En ese marco, propuso un proyecto de ley para regular el uso de la dinamita y facilitar su acceso en actividades productivas.
¿Por qué no se aplica la norma?
El analista en seguridad Franco Gamboa explicó a Bolivia Verifica que no se cumple directamente por temor a que la imposición de este decreto se interprete como una actitud autoritaria. Así, surge una distancia entre la necesidad de imponer la soberanía del Estado mediante el decreto y otras medidas para evitar convulsiones sociales, por un lado, y el respeto a la participación libre y la movilización democrática de las fuerzas sociales, por el otro.
De esta forma, se neutraliza la posibilidad de intervenir a tiempo entre la autoridad del Estado y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de un régimen democrático.
Gamboa añadió que esto perjudica la posibilidad de mantener el orden político. Aunque existe un orden democrático sustentado en la Constitución, el orden político busca neutralizar acciones de protesta o violaciones de derechos fundamentales. Básicamente, el temor a que estigmaticen al Gobierno como autoritario o casi dictatorial impide su aplicación.
Esto permite que la «economía moral» de los movimientos sociales y las organizaciones sindicales se aprovechen para subvertir o desestabilizar el orden democrático. En resumen, se genera un juego de suma cero: lo que ganan las movilizaciones sociales es una pérdida absoluta para el gobierno, y viceversa.
¿Qué dice el Gobierno?
Bolivia Verifica solicitó al Gobierno su versión sobre las razones para no aplicar la norma que prohíbe el uso de dinamita en marchas de protesta. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no han respondido, pese al compromiso de entregar información sobre el tema.
Dinamita en las calles de La Paz
El centro de La Paz registró en los últimos días destrozos durante las marchas de protesta de la Central Obrera Boliviana (COB) que exigía la abrogación del Decreto Supremo 5503 aprobado por el Gobierno de Rodrigo Paz. La Alcaldía reportó jardineras rotas, destrucción de accesos a embovedados del río Choqueyapu, calaminas removidas y robo de materiales de construcción en la avenida Mariscal Santa Cruz (1).
El alcalde Iván Arias lamentó el uso de dinamita en la ciudad, pese a pedidos previos para evitar explosiones durante las manifestaciones. La Alcaldía presentó denuncia a la Policía por daños al ornato público, según la agencia de noticias municipal AMUN.
“Miren cómo ha quedado el centro, totalmente destrozado. Me siento impotente ante estos destrozos. Les hemos rogado, les hemos dicho que marchen todo lo que quieran, pero que no hagan explotar dinamita en la ciudad, pero le han metido dinamita”, lamentó Arias.
En octubre del 2022 los mineros de Huanuni tambien protestaron usando dinamita en la sede de gobierno, hubo unas 10 perforaciones en la nueva capa asfáltica de la avenida Mariscal Santa Cruz, entre las calles Oruro y Colombia, por las detonaciones. El daño afectó a ambos carriles en el centro paceño.
El secretario municipal de Infraestructura Pública de La Paz de esa gestión, Boris Bacarreza, informó que la Dirección de Mantenimiento verificó desprendimiento de agregados en la superficie asfáltica. Las protestas continuas impiden la evaluación final, pero se planea una intervención adecuada.
Bacarreza explicó dos tipos de daños: fragmentación de la capa superior compactada y fisuras internas por onda expansiva, que causarán deterioros prematuros. Este incidente se suma a destrozos previos en la ciudad por explosivos en manifestaciones.
Cronología histórica
El uso de la dinamita en manifestaciones sociales y otros, dejó varias personas muertas y decenas de personas heridas. Además de daños materiales en carreteras interdepartamentales, avenidas y calles de las ciudades, principalmente en La Paz.
Caso Picachuri
El 31 de marzo de 2004, Eustaquio Picachuri Cuñaca, exminero de Siglo XX, detonó ocho explosivos en la recepción del edificio anexo al Congreso Nacional en La Paz a las 15:02. El estallido provocó dos muertos y 10 heridos, con onda expansiva hasta la plaza Murillo en la calle Comercio.
Picachuri ingresó a las 12:30 exigiendo devolución de 15 años de aportes a Comibol, pago global para su familia y pensión para su exesposa. Negoció dos horas y medios con autoridades de Gobierno, Policía, Bomberos y Pensiones, sin éxito. Declaró a ANF que era una acción personal por desesperación económica, no política.
Caso Cota
El 8 de agosto de 2022, Plácido Cota resultó gravemente herido en enfrentamientos de Adepcoca en Villa El Carmen, donde cocaleros exigían el cierre del mercado paralelo de coca dirigido por Arnold Alanes. Sufrió trauma abdominal con órganos expuestos, amputación de antebrazo y testículo.
Tras ser atendido en el Hospital Arco Iris y después de varias intervenciones quirúrgicas, recuperó la salud y recibió el alta médica. Los médicos indicaron seguimiento y una nueva operación para su tratamiento continuo.
El caso ilustra riesgos en conflictos sociales por la coca en La Paz.
Antecedentes
El diario Opinión de Cochabamba informó que entre 2004 y 2016, Bolivia registró al menos 26 muertos y 145 heridos por uso de dinamita en protestas sociales y accidentes de manipulación.
La investigación de ese medio destacó la inmolación de Eustaquio Picachuri en 2004 (con 2 muertos y 10 heridos), choques en Huanuni en 2006 (con 12 fallecidos y 56 heridos), asalto en Potosí en 2008 (con 2 heridos), y explosiones en Posokoni en 2009 (con 3 muertos). En 2012, murió Héctor Choque en La Paz y un jefe de la Agencia de Noticias Fides por detonación suicida.
