Cronología del caso «gases lacrimógenos»: el negocio millonario que puso a Arturo Murillo tras las rejas

La investigación señala que la  afectación al Estado supera los 2 millones de dólares. Se trata de una compra con sobreprecio realizada el año 2019, en medio de los conflictos sociales en el país

Durante los últimos días, el caso que involucra al exministro Arturo Murillo ha ocupado las primeras planas de los medios de comunicación. Su aprehensión en Estados Unidos provocó una avalancha de información cuyos datos pueden ser confusos para los usuarios que no han seguido el caso denominado «Gases lacrimógenos».

Ante la gran cantidad de datos a disposición, decidimos hilar fino para contártelo  en un recuento cronológico de lo sucedido hasta el momento.

Lo primero que quisiéramos puntualizar es que, pese a que las luces mediáticas apuntan a Murillo, el caso de corrupción sindica a dos exministros del gobierno de Jeanine Áñez: Arturo Murillo (Ministro de Gobierno) y Luis Fernando López (Ministro de Defensa). Dicho esto, vamos al recuento.

El caso «Gases lacrimógenos»

El portal ‘Detrás de la Verdad’, del periodista Junior Arias, denunció el 31 de mayo de 2020, el sobreprecio en la compra de agentes químicos por parte del Ministerio de Gobierno, en ese momento a la cabeza de Arturo Murillo. En realidad, la solicitud provino de ese ministerio pero la compra la hizo el Ministerio de Defensa, bajo el liderazgo de Fernándo López.

La compra, según el contrato, se realizó el 19 de diciembre del año 2019. Se adquirieron gases lacrimógenos y otros artículos antidisturbios. La denuncia hacía énfasis en que los productos estaban por encima del precio pagado por otros países por los mismos ítems, debido al proceso intermediado de un tercero: la compañía Bravo Tactical Solutions LLC.

Los documentos exhibidos por el programa televisivo establecieron que el Ministerio de Gobierno envió el 25 de noviembre una carta a la empresa Cóndor en Brasil solicitando una propuesta para la compra de agentes químicos, pólvora y balines de goma. Pero al día siguiente, el 26, el Ministerio de Gobierno dio marcha atrás e informó a la empresa que la compra no se haría de manera directa, sino a través de una intermediaria, la compañía Bravo Tactical Solutions LLC, establecida en Miami, Estados Unidos. De acuerdo con los datos expuestos, la compra de los materiales en cuestión tuvo un costo de 5,6 millones de dólares, aunque el precio real supondría 3,3 millones.

El Ministerio de Gobierno admitió la adquisición mediante un comunicado pero descartó que haya alguna irregularidad en la transacción. El Ministerio de Defensa salió a aclarar que la denuncia no contemplaba lo que realmente se adquirió.

El requerimiento de la compra salió del Ministerio de Gobierno, la compra la hizo el Ministerio de Defensa, el desembolso fue autorizado por el Ministerio de Economía y el pago lo concretó el Banco Central de Bolivia (BCB), todo ello bajo el paraguas del Decreto Supremo  (DS) 4116, que autorizó una compra por excepción y en el extranjero, como finalmente ocurrió.

Desde que el caso salió a la luz, se conformó una comisión de investigación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El 13 de octubre de 2021, la instancia legislativa convocó a sesión para interpelar al ministro Murillo por la compra de equipos antimotines, gases lacrimógenos, entre otros para la Policía Bolivia. Murillo no se presentó a hacer sus descargos ante los parlamentarios, por lo que, fue censurado por la Asamblea Legislativa. El artículo 158 numeral 18 establece que son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional: “interpelar, a iniciativa de cualquier asambleísta, a las Ministras o los Ministros de Estado, individual o colectivamente, y acordar la censura por dos tercios de los miembros de la Asamblea. La interpelación podrá ser promovida por cualquiera de las Cámaras. La censura implicará la destitución de la Ministra o del Ministro”. La entonces presidenta de la Asamblea, Eva Copa, señaló que tras la censura correspondía la suspensión de Murillo por parte de Jeanine Áñez.

El 19 de octubre de 2020, Áñez reemplazó a Murillo por Wilson Santamaría, quien ocupó el cargo un día, pues al día siguiente Murillo fue restituido y ratificado en la confianza de la exmandataria.  

Durante el último discurso de la presidenta, ni Murillo ni López estuvieron a su lado. Según reveló posteriormente la Policía, ambos fugaron del país.

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El miércoles 26 de mayo de 2021, el Departamento de Justicia del país norteamericano, informó mediante un comunicado que Arturo Murillo fue detenido en Estados Unidos acusado de lavado de dinero y sobornos, junto a otro exfuncionario boliviano (su jefe de Gabinete, Sergio Méndez) y tres ciudadanos estadounidenses (Luis Berkman , Bryan Berkman, y Philip Lichtenfeld). Las detenciones se dieron entre el 21 y 22 de mayo en los estados de Florida y Georgia por lo que se conoce como el «caso gases lacrimógenos”.

El Departamento de Justicia de EE.UU. dijo que los funcionarios bolivianos aceptaron sobornos de los empresarios estadounidenses, quienes ganaron contratos por aproximadamente US$ 5,6 millones para suministrar gases lacrimógeno sy otros equipos no letales al gobierno boliviano. Los empresarios son propietarios de Bravo Tactical Solutions, una compañía con sede en Florida que actuó de intermediaria entre el Estado boliviano y la proveedora brasileña Cóndor, señala el informe del Departamento de Justicia de EE.UU. Para promover el esquema de sobornos, que ocurrió entre noviembre de 2019 y abril de 2020, los ciudadanos estadounidenses lavaron los pagos a funcionarios del gobierno boliviano a través de cuentas bancarias en Florida y Bolivia.

La compañía Bravo Tactical Solutions LLC pertenece a Bryan Samuel Berkman y Luis Berkman Littman, quienes pese a haber sido aprehendidos, pagaron una fianza de $us 500.000 y 350.000, respectivamente, para poder defenderse en libertad por el caso de la venta irregular de armamento no letal. Méndez y Lichtenfeld están con detención preventiva mientras dure el proceso, ante el riesgo de obstaculización de fuga. Entre tanto la audiencia de Murillo será el 7 junio y ahí se definirá si será enviado a prisión o no.  Si son declarados culpables, estas cinco personas se enfrentarán a una pena máxima de 20 años de prisión.

El paradero de Fernando López es incierto, aunque la Policía cree que está en Brasil.