Bolivia se viste de luto: 67 feminicidios en lo que va del año
A seis meses de 2021, el país ya registra un total de 67 feminicidios. Los departamentos con la mayor cantidad casos son La Paz (24), Santa Cruz (12) y Cochabamba (10)
Te presentamos un resumen:
- Bolivia tiene una tasa de 2.1 feminicidios por cada 100.000 mujeres, la cifra más alta de Sudamérica, según un gráfico de la CEPAL y un informe del Ministerio de Justicia presentado en julio de 2021.
- La Paz lidera los números de feminicidio de 2021 con 24 casos. Por sexto año es el departamento con más feminicidios en el país.
- Con reiterada frecuencia, el feminicida era pareja o expareja de la víctima.
- Especialistas apuntan a un sistema patriarcal que no sólo avala los crímenes sino que los encubre al no sentenciarlos.
Por Marcelo Blanco
¿Escuchaste alguna vez que Bolivia lidera los casos de feminicidio en Sudamérica por población? Quizás te sorprenda saberlo pero es cierto. El Ministerio de Justicia, presentó este mes el informe “Estado de la situación de la violencia contra las mujeres en Bolivia”. En ese documento se constata tal atroz realidad. En la página 51 se lee lo siguiente:
“La incidencia de la violencia en razón de género continúa mostrando índices alarmantes: Bolivia es el país sudamericano con la tasa más alta de feminicidios, de acuerdo a su población. Asimismo, la Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia Contra las Mujeres (2016) del INE muestra que de cada cien mujeres casadas, 75 vivieron o viven alguna situación de violencia. Los insuficientes datos que tenemos respecto a la violencia en Bolivia dan cuenta de una situación extrema.”
El informe es una recopilación de las cifras de casos de violencia para establecer el estado del problema y un conjunto de sugerencias para fortalecer la lucha contra la violencia hacia mujeres en el marco de la modificación de la Ley 348.
De acuerdo a un gráfico del año 2019, elaborado por el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Bolivia es el país de Sudamérica que lidera los casos de feminicidio por porcentaje poblacional. En el gráfico, Bolivia se ubica incluso por encima de Brasil y Argentina, ya que por cada 100.000 mujeres el país registra 2.1 feminicidios.
El gráfico se reconfigura si no se obtienen las tasas del delito y sólo se analizan los casos totales. Allí vemos que según datos de 2019, Brasil, Argentina y Colombia lideran la cantidad de casos de feminicidio en la región.
Los números del luto
En Bolivia existe registro de feminicidios desde el año 2013, luego de que se promulgó el 9 de marzo de ese año, la Ley 348 para “garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”. Desde esa fecha hasta ahora, los números no se han reducido.
El año 2019, el país registró un total de 117 casos de feminicidios según los datos del Ministerio Público. El 2020, los números fueron muy parecidos, pues las víctimas fueron 113. Hasta el 23 de julio de este año, se reportaron 67 mujeres asesinadas en distintos lugares del país.
La Paz, tan mágica, diversa e impactante, es también lecho de atroces actos que se ocultan en la majestuosidad de sus montañas, altiplano y avenidas. El departamento paceño suma la mayor cantidad de feminicidios en lo que va de la gestión. Si estos datos no varían, La Paz será por sexto año consecutivo el departamento que reporte más asesinatos de mujeres en el país.
Al ingreso del Cementerio General en La Paz hay un enorme arco y vendedoras de verduras que dan la bienvenida. Ellas -sin quererlo- son testigos de los ataúdes que a diario transcurren acompañados de dolor e impotencia de las familias que despiden a sus seres queridos. El 24 de abril de este año, cuando vieron llegar el féretro de Edith Yessie Huanca, asesinada a puñaladas a sus 26 años de edad, no pudieron contener los comentarios: “Qué pena, yo me muero si fuera mi hija, ¡ay no!, yo lo mato”, fueron algunas de sus frases.
Ese caso -que no fue ni el primero ni el último del departamento- cobró muchísima relevancia mediática porque el feminicida, Roberto Carlos Roque, (28 años), dejó una carta junto al cadáver confesando el delito. En ella además acusó al “feminismo” por su acto machista que no se atrevió a enfrentar pues se quitó la vida días después.
La coordinadora nacional de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortez, conversó con Bolivia Verifica sobre la violencia estructural que sufren las mujeres en el país. Cortez explicó que esto se sostiene por un sistema patriarcal que avala las agresiones y que no condena a los asesinos.
“Hay detonantes como el alcohol y los celos, sin embargo, nada de esto ocurriría ni por ningún otro factor si no hubiera una cultura de sometimiento a las mujeres, si no hubiera un sistema patriarcal sobre el cual ha sido construida nuestra sociedad. (Esto) ha puesto en desmedro los derechos de las mujeres frente a los varones”, explicó la experta para enfocar el problema de raíz y que con eso se deje de buscar explicaciones estériles.
Casi en su totalidad, los feminicidios son materializados con crueldad al punto de someter a la víctima a tortura física y psicológica antes de acabar con su vida. El 12 de julio de este año, la directora del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Nayra Padilla, reveló que, según un estudio de investigación que realizaron, la mayor causa de los feminicidios registrados este año 2021 reportaron lesiones causadas con arma blanca, arma de fuego y asfixias. “La mayor prevalencia de grupo etario en casos de feminicidios se dio entre los 21 a 30 años de edad”, dijo Padilla, según una nota de prensa del Ministerio Público.
De acuerdo a una publicación de la Comunidad de Derechos Humanos (CDH) y la Alianza Libre sin Violencia en coordinación con el Comité de Género del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, de los 173 procesos penales por delitos de feminicidio, abiertos entre el 2018 y agosto de 2020, la pareja o expareja de la víctima es quien en la mayoría de los casos comete el crimen.
Delitos sin sentencia
El primer feminicidio del año, registrado el primer día de 2021, ocurrió en Cochabamba, la víctima: Eulalia Ch. fue cruelmente asesinada por las manos de Virgilio K.P., su pareja. El último feminicidio hasta el momento, fue registrado el 23 de julio en Santa Cruz, la víctima Clarita, fue apuñalada por su pareja quien luego se quitó la vida.
Para la secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, Mónica Bayá, no se está realizando la prevención del delito y esto se traduce en que no se están generando verdaderos cambios estructurales en la sociedad. “Aún hay ese sentido de pertenencia de las mujeres. Por eso, hay varios casos de feminicidio que responden a exparejas que no admiten que la mujer no quiera restituir el matrimonio, convivencia o tengan una nueva relación. Entonces, en ese sentido de decir ‘o conmigo o con nadie’, ‘primero muerta antes que lejos de mí’, son cosas sociales y culturales a través de sistemas de socialización que son profundamente patriarcales”, expresó la especialista a Bolivia Verifica.
Otro gran problema que bordea esta situación es la dilatación de justicia. Para que se dé un feminicidio concurren, de manera criminal, el silencio, la omisión y la negligencia. En muchos casos, pese a tener al criminal, las sentencias no llegan o demoran demasiado. Esto implica un verdadero calvario para la familia de la víctima que peregrina por justicia. De acuerdo a datos del Ministerio Público, entre 2013 y 2019, menos del 30% de los casos alcanzó sentencia.
En 2020, de acuerdo a un gráfico elaborado por la Fundación Voces Libres, con datos de la Fiscalía General del Estado, hasta el 28 de septiembre se registraron 86 casos, de ellos sólo 12 alcanzaron sentencia condenatoria y en 8 casos el agresor se quitó la vida. A continuación, el gráfico de la Fundación que detalla estos aspectos:
De homicidios a feminicidios
Para Bayá, no hay dudas de que la Ley 348 representó un avance en la lucha contra la violencia hacia la mujer. Aunque la especialista remarca que hay aún muchas cuestiones que se deben mejorar en la norma, precisa que la categorización del crimen fue un avance significativo.
“Antes (los feminicidios) eran catalogados como homicidios por emoción violenta y por ende con una pena mucho más baja de la que fijaba el asesinato”, relató.
El homicidio por emoción violenta tenía una pena máxima de seis años, no 30 como la sentencia máxima por feminicidio, explicó Cortez por su parte. Ambas especialistas destacan además que se demarquen los delitos contra la mujer como crímenes del patriarcado para introducir en el sentido común la idea de que hay muertes cuyo sentido pleno solamente puede ser vislumbrado cuando son pensadas en el contexto del poder social patriarcal.
El 2013 con la promulgación de la Ley 348, el homicidio por emoción violenta se fue dejando de lado en la categorización de los feminicidios.
La Ley establece su artículo 252 que se sancionará con 30 años de cárcel sin derecho a indulto para quien mate a una mujer en cualquiera de estas nueve circunstancias:
- El autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima, esté o haya estado ligada a esta por una análoga relación de afectividad o intimidad, aún sin
convivencia. - Por haberse negado la victima a establecer con el autor una relación de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad.
- Por estar la víctima en situación de embarazo.
- La víctima que se encuentre en una situación o relación de subordinación o dependencia respecto del autor, o tenga con este una relación de amistad, laboral o de compañerismo.
- La víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad.
- Cuando con anterioridad al hecho de la muerte, la mujer haya sido víctima de violencia física, psicológica, sexual o económica, cometida por el mismo agresor.
- Cuando el hecho haya sido precedido por un delito contra la libertad individual o la libertad sexual.
- Cuando la muerte sea conexa al delito de trata o tráfico de personas.
- Cuando la muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas culturales.
Cortez contó que antes del año 2013, los casos de violencia hacia la mujer eran tratados de manera administrativa. Una brigada de protección a la familia veía la situación y tenía la potestad de cuestionar al agresor como a la víctima. Incluso, hacían firmar un documento donde ambos debían dar garantías: la víctima al agresor y el agresor a la víctima.
En caso de que no se llegara al consenso de firmar el documento, iban ante un juez de Instrucción Familiar, quien se sentaba con ambos, sin sus abogados para suscribir un acta de buen comportamiento. En el peor de los casos, si la víctima estaba muy golpeada o había muchos antecedentes arrestaban al agresor por uno a cuatro días, relata Cortez. “No se diferenciaba que en realidad quien estaba vulnerable, sometida por ser mujer, era la mujer”, acota.
Tanto Cortez como Bayá agregaron que antes los feminicidios eran computados con homicidios y asesinatos, por ello no se tienen cifras precisas del delito antes de 2013.
Desde la asunción de Luis Arce al Gobierno, el ejecutivo en sus diferentes ministerios prometió en alta voz un gran acuerdo nacional para la priorización de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Mientras eso aún no se concreta, día a día, las cifras ascienden y el luto se constituye en una situación nacional.
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