Qué es el caso ‘bandas municipales’ que generó un cruce de acusaciones en el debate de candidatos a la Alcaldía de Santa Cruz

En el debate de candidatos a la Alcaldía de Santa Cruz organizado por la Red Unitel este miércoles 3 de marzo de 2021, Adriana Salvatierra, candidata por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y Angélica Sosa, candidata por Santa Cruz Para Todos (SPT), tuvieron un cruce de datos sobre el caso de las bandas municipales del 2018. La candidata del MAS dijo que costaban 250 y la postulante de SPT refutó indicando que su contrincante estaba mal informada y que ese no era el precio, sin embargo, no aclaró el costo. ¿De qué se trata este caso? ¿Cuánto costaban y cuánto se pagó? Acá te lo explicamos.

En el debate de este miércoles organizado por la Red Unitel, Angélica Sosa y Adriana Salvatierra trajeron a colación el precio de las bandas municipales. En esta nota te contamos de qué trata este caso, cuál era el precio real y cuánto se pagó por ellas

Foto: El Deber

En el debate de candidatos a la Alcaldía de Santa Cruz organizado por la Red Unitel este miércoles 3 de marzo de 2021, Adriana Salvatierra, candidata por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y Angélica Sosa, candidata por Santa Cruz Para Todos (SPT), tuvieron un cruce de datos sobre el caso de las bandas municipales del 2018. La candidata del MAS dijo que costaban 250 y la postulante de SPT refutó indicando que su contrincante estaba mal informada y que ese no era el precio, sin embargo, no aclaró el costo. ¿De qué se trata este caso? ¿Cuánto costaban y cuánto se pagó? Acá te lo explicamos.

¿Qué es el caso de las bandas municipales?

En agosto de 2018, mediante presentación de documentos oficiales, hubo una denuncia ciudadana del activista y actual candidato a concejal Federico Morón, acerca del supuesto sobreprecio en la compra de bandas distintivas con la bandera cruceña para los concejales.

El documento indicaba que se habrían obtenido 35 bandas a un precio de Bs.49.000, lo cual significa que cada una costó Bs.1.400. Sin embargo, distintas cotizaciones revelaban que su precio era menor.

Además en el año 2016 hubo una compra de 25 bandas y ocho meses después, ya en el 2017, hubo otra compra de 35 bandas. Lo cual daría un total de 60 bandas para 22 funcionarios -11 concejales y 11 suplentes- que tendrían casi tres por cada uno de los funcionarios. En total se habría invertido Bs.84.000.

¿Hubo sobreprecio?

En primera instancia, el concejal Franz Sucre negó el sobreprecio en una nota con la red Unitel e indicó que el monto de cada banda fue de Bs.745. Pero, hubieron distintas cotizaciones que demostraron lo contrario:

  • Según una cotización realizada por el periódico El Deber, el precio de cada banda oscilaba entre Bs.250 y Bs.550.
  • Johnny Fernández, entonces concejal de la UCS, manifestó que adquirió con sus propios recursos una banda similar por Bs.680.
  • En una nota con Bolivisión, el entonces diputado Samuel Cruz, manifestó que según su cotización “una banda bien hecha son Bs.500”

Según todas las cotizaciones, las bandas adquiridas por el gobierno municipal tendrían un precio tres veces mayor al del promedio.

¿Cuál fue la empresa involucrada?

En las dos compras, fue la empresa Textilander la encargada de confeccionar las bandas. Ignacio Pinto es quien figuraba como representante de dicha empresa, quien en ese entonces era gerente comercial de MAHS, empresa que además se adjudicó contratos millonarios con el municipio para la instalación de vallas y totems publicitarios.

¿Qué dijeron las autoridades en su momento?

La entonces secretaria administrativa del Concejo Municipal, Paola Durán indicó en una nota con El Deber, que finalmente no se había ejecutado la compra de las bandas por “desperfectos técnicos y error en la cotización” señalando que existía un documento que procedía la reversión de la compra. Sin embargo, este documento no figuraba en el Sistema de Contrataciones del Estado (SICOES).

Ante las denuncias, la actual alcaldesa interina y el entonces alcalde Percy Fernández, en una conferencia de prensa manifestaron que se tomarían acciones en contra de quienes cometieron el acto de corrupción y que estaban dispuestos a declarar en la Fiscalía. Posteriormente, nueve funcionarios fueron suspendidos debido a que existiría indicios de responsabilidad administrativa.

 

 

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