La dirigente Mercedes Trimarchi dio dos datos engañosos sobre su estatus en Argentina y las tierras de los campesinos en Bolivia
La dirigente argentina Mercedes Trimarchi afirmó, durante una marcha de protesta en La Paz que exigía la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que el Gobierno pretende “quitar las tierras a los campesinos”, una declaración que contradice lo establecido en la normativa agraria boliviana.
“Un gobierno ajustador, un gobierno represor y que le quiere quitar las tierras a los campesinos”, afirmó la dirigente y activista política argentina Mercedes Trimarchi, representante de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, en un video grabado en la ciudad de La Paz el pasado 25 de mayo, mientras acompañaba una movilización que descendía desde El Alto hasta el centro de la sede de gobierno.
Dicha afirmación refleja medias verdades, por lo que es engañosa. La normativa boliviana vigente establece garantías constitucionales y legales para la propiedad agraria, tanto individual como colectiva, y define mecanismos específicos sobre el uso y la reversión de tierras. Asimismo, la dirigente dijo que actualmente es diputada en Argentina, lo que tampoco es preciso.
Trimarchi llegó a Bolivia —según indicó en otro video difundido en redes sociales— para conocer más acerca de las movilizaciones que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. En ese contexto, sostuvo que el Gobierno pretende “quitar las tierras a los campesinos”, una afirmación que no se ajusta a lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE) ni en las leyes agrarias bolivianas.
La CPE protege la propiedad agraria individual y colectiva
La Constitución reconoce y protege distintos tipos de propiedad sobre la tierra. El artículo 393 establece que el Estado “reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra”, siempre que esta cumpla una función social o económico-social.
Además, el artículo 394 señala que la pequeña propiedad agraria es “indivisible” y constituye un “patrimonio familiar inembargable”. En el caso de la propiedad colectiva indígena, la misma disposición establece que es “indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible”.
La Constitución también prohíbe el latifundio. El artículo 398 define como latifundio a la tierra improductiva o explotada mediante servidumbre, esclavitud o formas análogas.
Por otra parte, el artículo 403 reconoce los derechos territoriales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, incluyendo la titulación colectiva y la gestión de sus territorios.
Estas disposiciones constitucionales son complementadas por la Ley INRA N.º 1715 y la Ley N.º 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, que regulan el saneamiento de tierras y establecen causales de reversión únicamente para predios que no cumplen una función económica o social.
¿Qué ocurre cuando una tierra revierte al Estado?
El exviceministro de Tierras Alejandro Almaraz habló con Bolivia Verifica y explicó que en Bolivia existen dos categorías vinculadas al uso de la tierra: la función social, aplicada principalmente a la pequeña y mediana propiedad y a las tierras comunitarias, y la función económica social, exigida a la propiedad empresarial o de gran extensión.
Según Almaraz, cuando una propiedad grande o de carácter empresarial no cumple estas funciones, puede revertir al Estado conforme a lo establecido por la normativa agraria. No obstante, aclaró que este procedimiento no implica que el Estado “se haga dueño” de las tierras para apropiarse de ellas, sino que se trata de un mecanismo regulado por ley para redistribuir predios que incumplen su función.
En ese sentido, las afirmaciones que señalan que el Gobierno puede quitar arbitrariamente las tierras a los campesinos no tiene sustento, omiten el marco constitucional y legal que protege la propiedad agraria en Bolivia.
Abrogación de la ley 1720
Luego de varias movilizaciones protagonizadas por sectores indígenas de Beni y Pando, además de reclamos expresados por otros sectores sociales, la Asamblea Legislativa Plurinacional abrogó la Ley 1720.
La norma permitía, de manera voluntaria, el cambio de registro de tierras clasificadas como pequeña propiedad a mediana propiedad, con el objetivo de que pudieran ser utilizadas como garantía para acceder a créditos bancarios, entre otras disposiciones.
Con la abrogación de la ley, la norma quedó eliminada del ordenamiento jurídico boliviano, manteniéndose vigente la actual clasificación de la propiedad agraria establecida en el país.
Bolivia Verifica intentó comunicarse con la activista política Mercedes Trimarchi, a través de sus redes sociales, para conocer los argumentos que sustentan su afirmación; sin embargo la legisladora argentina tiene restringido el acceso de mensajes en su cuenta de TikTok.
Mercedes Trimarchi actualmente no es diputada
En el discurso que dio Trimarchi ante personas movilizadas, aseguró que es diputada en Argentina, no obstante, ese dato también es incorrecto. Ella sí fue legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero su gestión acabó el año pasado.
Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, a través de un comunicado, confirmó que Mercedes Trimarchi no ejerce actualmente el cargo de diputada en Argentina. Además, rechazó las declaraciones que realizó durante las movilizaciones registradas en La Paz e informó que se analiza su situación migratoria para asumir las decisiones correspondientes, conforme a la normativa vigente.
Conclusión
Por lo expuesto, no es precisa la afirmación que dio la activista Mercedes Trimarchi. Ella no es actualmente diputada en Argentina y la normativa boliviana no permite ni es preciso asegurar que el Gobierno quite la tierra a los campesinos.
