7 puntos para entender por qué hubo desacuerdos por la Ley de Conversión de la Pequeña a Mediana Propiedad Agraria

La normativa se encuentra en proceso de ser abrogada, ya que esa fue la solicitud para volver a analizarla y emitir una nueva ley que sea más clara y que beneficie a la mayoría de los sectores productivos. 

Por Adriana Olivera

Tras más de un mes de que la Ley No. 1720 de Conversión de la Pequeña a Mediana Propiedad Agraria generará que indígenas y campesinos lleguen a la sede de Gobierno para pedir su abrogación. Este fin de semana, la normativa pasó a ser tratada para su anulación a través del proyecto 417/2025-2026 que se encuentra en la Asamblea Legislativa.

Pero, ¿a qué se refería esta normativa?

La Ley 1720 señalaba que las pequeñas propiedades rurales tituladas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) puedan convertirse voluntariamente en medianas propiedades. En términos simples, una persona que tiene una parcela agrícola cambie oficialmente la categoría de su tierra para que sea reconocida como un predio de mayor dimensión dentro del régimen agrario boliviano.

Hasta ahora, la pequeña propiedad tenía una protección especial establecida en la Constitución y en la Ley INRA, ya que era considerada patrimonio familiar, no podía ser embargada fácilmente y estaba orientada principalmente a la subsistencia familiar. En cambio, la ley está pensada para producción más comercial; puede hipotecarse y utilizarse como garantía para acceder a créditos bancarios.

1. ¿Qué busca la ley?

El objetivo principal es dar autorización al INRA para realizar ese cambio de clasificación de manera rápida y sencilla. La ley indica que el trámite debe resolverse en un máximo de 10 días hábiles.

2. ¿A quiénes aplica?

La norma se aplica a nivel nacional y alcanza a todas las pequeñas propiedades que ya estén tituladas oficialmente por el INRA y que cumplan los requisitos establecidos. Es decir, no cualquier terreno entra automáticamente, sino aquellos reconocidos formalmente dentro del sistema agrario.

3. ¿Cómo funciona la conversión?

La ley señala que el propietario puede solicitar voluntariamente el cambio mediante: una solicitud escrita y una declaración jurada donde manifieste que desea convertir su pequeña propiedad en mediana propiedad.

El trámite no exige procesos complejos adicionales, lo que justamente generó debate porque varios sectores consideran que el procedimiento es demasiado flexible.

4. ¿El trámite tiene costo?

No. La conversión será gratuita para el propietario, siempre que cumpla el procedimiento reglamentado posteriormente por el Gobierno.

5. ¿Qué pasa después de la conversión?

Una vez realizado el cambio:

  • El INRA actualizará el Catastro Rural.
  • La propiedad quedará registrada definitivamente como mediana propiedad.

Además, la ley establece que esas propiedades serán sometidas a una verificación de la Función Económica Social (FES) después de 10 años. La FES es el mecanismo mediante el cual el Estado revisa si la tierra está siendo utilizada de forma productiva o cumpliendo una función social.

6. ¿Por qué la ley genera polémica?

La controversia surge porque en Bolivia la pequeña propiedad, al tener respaldo legal y agrario, los sectores indígenas y campesinos temen que esta ley:

  • Facilite la concentración de tierras;
  • Permita convertir propiedades protegidas en predios más grandes;
  • Abra espacio al mercado de tierras;
  • Y debilite el modelo de propiedad comunitaria.

7. Acuerdos y desacuerdos

  • Sector campesino

Las organizaciones campesinas e indígenas, que llegaron desde Pando en una marcha hacia la ciudad de La Paz, consideran que la ley podría abrir la puerta a la pérdida de tierras familiares y a la concentración de propiedades en manos de grandes empresarios.

El temor principal es que, al convertirse en “mediana propiedad”, las tierras puedan ser hipotecadas y eventualmente embargadas si los propietarios no logran pagar créditos, por lo que abre paso a la mercantilización de predios rurales, debilitando las garantías sobre la propiedad comunitaria.

También cuestionan que no hubo suficiente consulta previa con sectores indígenas y campesinos antes de aprobar la norma. Es por eso que llegaron a la sede de Gobierno para conversar con el Gobierno y abrogar la misma.

@diariolocalnoticiasINDÍGENAS CAMPESINOS DE BENI Y PANDO RECHAZAN RESPUESTA DEL GOBIERNO Y EXIGEN DIÁLOGO CON EL PRESIDENTE RODRIGO PAZ Los indígenas campesinos de Beni y Pando rechazaron la invitación al diálogo enviada por el Gobierno en las últimas horas y exigen que sea el propio presidente quien los atienda. El comité de movilización desestimó la respuesta de la jefa de gabinete y remarcó que no aceptarán reuniones con autoridades de menor rango. En ese contexto, la dirigencia de la marcha confirmó que sostendrán un nuevo encuentro para definir futuras medidas de presión. No descartan radicalizar sus acciones con marchas y huelgas si no reciben una respuesta directa del primer mandatario. El comité de movilización de la marcha también recordó que el pasado lunes entregó al Gobierno un pliego petitorio de 12 puntos. Entre sus principales demandas figura la abrogación de la Ley 1720, además del tratamiento de otras normativas, y la exigencia de que en una eventual reunión con el presidente participen también los titulares de las cámaras de Diputados y Senadores.♬ sonido original – Diario Local

Este sector festejó cuando se enteraron de que la ley entraría en la tratativa de ser abrogada.

  • Empresarios agropecuarios

En cambio, los empresarios privados, principalmente agropecuarios, exportadores y del transporte pesado, expresaron su rechazo a la abrogación de la Ley 1720, argumentando que la medida pondría en riesgo la seguridad jurídica de la propiedad agraria y afectaría el desarrollo productivo del sector agropecuario, y que podría generar incertidumbre económica, reducir el ingreso de divisas y perjudicar especialmente a pequeños productores y campesinos que buscan consolidar sus actividades agrícolas.

Una vez, conociendo la noticia de la anulación, este sector se declaró en emergencia. El 14 de mayo tendrán una asamblea donde determinarán sus medidas de presión.

  • Gobierno nacional

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, explicó que la intención del Ejecutivo es construir una nueva ley que incluya “todas las visiones” sobre la propiedad y uso de la tierra, luego de las críticas de sectores que consideran que la actual normativa pone en riesgo las tierras comunitarias y la protección de la pequeña propiedad.

Esta misma versión se observó dentro de la Asamblea Legislativa para que se continúe con la tratativa de 417/2025-2026, por lo que se espera en las próximas horas y días que la Cámara de Senadores, donde se encuentra ahora su revisión, continúe con la abrogación.

Por último, el vicepresidente de Bolivia y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara, sostuvo que el avance de este proyecto continuará cuando todos los sectores se sienten a debatir y analizar. La sugerencia del mandatario es crear una nueva ley que contenga las decisiones de todos los sectores.