¿Qué leyes se violaron al promover un desfile de niños con armas de juguete y encapuchados?

¿El reciente desfile de niños encapuchados, portando armas de juguete en la ciudad de El Alto, vulnera la normativa más allá de la polémica que generó en los últimos días?

¿El reciente desfile de niños encapuchados, portando armas de juguete en la ciudad de El Alto, vulnera la normativa más allá de la polémica que generó en los últimos días?

La abogada Jéssica Echeverría y la activista Julia Velasco, conocidas defensoras en Bolivia de los derechos de la niñez y adolescencia, coinciden al advertir que sí.

El vigente Código Niña, Niño y Adolescente, Ley 548, detalla en su artículo 153 las “infracciones por violencia contra niñas, niños y adolescentes”. El inciso e. señala lo siguiente: “Utilización de la niña, niño o adolescente, como objeto de presión o chantaje en conflictos sociales, así como la instigación a participar en cualquier tipo de medidas de hecho”.

El artículo 144, inciso I, de la misma normativa remarca: “La niña, niño y adolescente tiene derecho al respeto de su propia imagen”, mientras el artículo 146, también inciso I, sostiene que “la niña, niño y adolescente tiene derecho al buen trato, que comprende una crianza y educación no violenta, basada en el respeto recíproco y la solidaridad”.

Tanto Echeverría como Velasco lamentaron la exposición de los niños durante el desfile por el Día de la Bandera, en el Distrito 4 de El Alto.

“Tenemos como Estado la obligación de que nuestros niños crezcan en un ambiente donde se cultive la solidaridad y el respeto al prójimo. No es correcto que a los más pequeños se le transmita diferencias políticas e ideológicas y se los use”, manifiesta Echeverría consultada por CORREO DEL SUR para El Polígrafo.

“Las personas adultas no pueden exponer a las niñas y niños en ningún espacio y por ningún motivo cívico o de otra índole como se ha hecho en este caso, porque atenta contra la dignidad y la integridad física y psicológica de los mismos”, completa Velasco.

El principio del interés superior del niño, niña y adolescente guía el código vigente y está inscrito en la Convención sobre los Derechos del Niño, que Bolivia suscribe, por lo que el Estado y la sociedad deben respetarlo.

– Audio montado –

No solo los educadores que promovieron un desfile de niños con armas, con ponchos rojos y encapuchados vulneraron derechos, sino también quienes montaron un audio al video que circuló en redes sociales. La alteración muestra, aparentemente, el paso de los niños al grito de “¡Ahora sí, guerra civil!”.

Varios internautas compartieron el video alterado.

Bolivia Verifica estableció que el verdadero audio de fondo es la banda de la unidad educativa y no los gritos que hacen referencia a una “guerra civil”. El audio montado fue extraído de las grabaciones de los sucesos ocurridos en La Paz y El Alto durante la crisis política de 2019.

Después de que se difundiera el video, la Defensoría del Pueblo anunció una investigación, exhortó a evitar la exposición de niñas, niños y adolescentes en situaciones que instiguen a la violencia y llamó a madres, padres y responsables a que orienten y garanticen actividades libres de violencia que contribuyan al respeto de los derechos humanos.

De la misma manera, consideró que sobreponer un audio de los conflictos de 2019 al video afectaba la integridad de estos niños.

Durante la crisis política de 2019, cientos de personas marcharon bajo el grito de “¡ahora sí, guerra civil!” después de que policías cortaran la wiphala de sus uniformes.

Los Ponchos Rojos son un grupo indígena aymara cuyo centro de acción es el municipio paceño de Achacachi. Grupos dentro de los Ponchos Rojos se han mostrado armados y encapuchados en diversas oportunidades, lanzando amenazas a políticos contrarios al gobernante Movimiento Al Socialismo.

– A futuro –

A partir de lo sucedido, corresponde estar alertas a otros hechos o coyunturas en los que pueda repetirse el uso de niñas, niños o adolescentes, coinciden las expertas consultadas.

La abogada Jéssica Echeverría hace notar que no es la primera vez que se presentan situaciones donde se utiliza a los niños, pese a que son los sujetos más vulnerables de nuestro Estado y la ley 548 es de estricto cumplimiento.

Julia Velasco remarca que adultos y autoridades deben aplicar y hacer cumplir las normas; “en este caso, la cabeza de sector, como el Ministerio de Educación debe tomar cartas en el asunto, sancionando a quienes incurrieron en la vulneración de derechos”.

#ElPolígrafo es un trabajo coordinado por Bolivia Verifica y la Fundación para el Periodismo con el apoyo de CAPIR. Participan Asuntos Centrales, Correo del Sur, El País, F10, La Palabra del Beni y Página Siete.

 

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