Periodistas: la falta de una ley y el recelo político obstaculizan el acceso a la información

Acceder a los datos públicos es fundamental para el trabajo de la prensa. Cuatro periodistas de diversas regiones de Bolivia explican cómo y cuánto afectan a su labor las restricciones a la información administrada por los funcionarios.

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Aunque acceder a la información púbica no es solo una prerrogativa de los periodistas, sino un derecho de la ciudadanía, los obstáculos a los que se enfrentan a diario los reporteros se constituyen en otra forma de violación de derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa.

Cada 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Acceso Universal a la Información y la Fundación para el Periodismo (FPP), a través de su programa Poder DIC – Derecho a la Información y la Comunicación, ha debatido con periodistas sobre este tema que es fundamental para su labor.

Compartiendo sus experiencias y análisis desde cuatro regiones del país, las y los entrevistados coincidieron en que las entidades públicas de todos los órganos y niveles del Estado son poco transparentes y no facilitan el acceso a los datos públicos; al contrario, entorpecen su labor y ponen trabas a la prensa sobre todo en temas delicados como corrupción, inversiones y narcotráfico, entre otros.

La periodista Nancy Vacaflor, de La Paz, dijo que, si bien en internet y las redes sociales circula un elevado volumen de información, mucha de ella no es oficial y en caso de serlo, se caracteriza por ser superflua. “No hay acceso a información pública. Estamos hablando de entidades que deben dar información a la ciudadanía y no lo hacen. Y hay diferentes obstáculos para intentar acceder”, apuntó.

Por su parte, July Rojas, periodista de Cochabamba, aseguró que “rara vez, las entidades públicas se abren a compartir la información que administran”.

Puso como ejemplo que, aunque todas estas instituciones deben realizar informes de rendición de cuentas, en estos eventos no se aceptan preguntas de la prensa o los datos compartidos son superficiales y muy técnicos, casi ininteligibles.

Dijo, además, que varias dependencias se demoran a propósito en la entregar de información, como si buscaran cansar al periodista.

Jesús Vargas, periodista de Bolivia Verifica en Tarija, señaló que, aunque abunda la información en la red, mucha de ésta es desinformación. “Las instituciones públicas terminan siendo parte de la ola de desinformativa porque no cooperan con la liberación completa de datos (es decir ofrecen información sesgada) o bien salen distintas versiones de casos específicos”, dijo.

Vacaflor apuntó que la falta de transparencia ocurre en todos los niveles del Estado incluidos los órganos legislativo y judicial.

Su colega Mauricio Quiroz, que ejerce en Santa Cruz, recordó que Bolivia carece de una ley específica sobre al acceso a la información pública y subrayó que, aunque varias normas sí reconocen esta prerrogativa, los funcionarios siempre “eligen formas de ponerle trabas a las solicitudes o te dan mucha información técnica para evadir u ocultar la información”.

Páginas web poco útiles

Las y los consultados también hicieron notar el escaso uso que se puede hacer de las páginas web institucionales, ya sea porque la información que contienen es incompleta o porque los datos están cifrados, lo que vulnera el principio de transparencia y accesibilidad.

Se citó el caso del Sicoes (Sistema de Contrataciones Estatales), de donde es complicado obtener datos si no se desarrolla una expertise para navegar en la página.

Rojas indicó que, en general, es difícil encontrar información en línea y que muchas veces se debe recurrir a páginas del exterior que tienen más información que las entidades públicas bolivianas. Puso como ejemplo la información relacionada con la exportación de hidrocarburos, que se halla ampliamente en portales de Argentina y de Brasil, clientes del gas boliviano.

Vargas contó que un reportaje desarrollado por Bolivia Verifica se estableció que la mayoría de las páginas web del Estado contienen información propagandística de la labor que realiza la autoridad de turno. “Información sobre gestión casi no hay”, cuestionó.

Agregó que tampoco existe información estadística sería sobre temas de interés público, como sucedió en 2020 durante la pandemia, oportunidad en la que no solo había carencia de datos, sino que se desinformó desde el Estado.

Información centralizada y abuso de la reserva

Otro punto que entorpece el acceso a la información pública es el centralismo. Las y los periodistas recordaron que en el pasado se podía buscar a cargos de menor jerarquía, como directores de área, para buscar datos y éstos los proporcionaban, pero ahora solo parece tener esa atribución la máxima autoridad ejecutiva (MAE).

“Efectivamente, tenemos que recurrir a la MAE, hay niveles que ya no hablan. Eso genera muchos más problemas y entidades públicas que quieren imponer agenda”, apuntó Vacaflor.

Otro punto destacado por los entrevistados es la tendencia, desde el Ministerio Público, a declarar en reserva los casos controversiales en los que se ven involucrados funcionarios de Gobierno y oficialistas; incluso en temas que no lo amerite.

Rojas recordó el caso Nallar, sobre el asesinato de tres uniformados en Porongo, Santa Cruz, que fue declarado en reserva e incluso se perdió el cuaderno de investigaciones.

Lo mismo con el caso narcoaudios, que fue declarado en reserva y no se supo más de la investigación hasta que todos los denunciados, incluidos altos jefes de la lucha antidroga, fueron sobreseídos.

Una ley no será suficiente sin voluntad política

Las y los reporteros que participaron del debate creen que la promulgación de una ley de acceso a la información es urgente e importante, pero consideran que no será suficiente para facilitar el acceso a los datos públicos sin un cambio profundo en los servidores públicos.

Quiroz reflexionó sobre la necesidad de crear una cultura en torno a la transparencia de la gestión pública, no solo con las y los funcionarios, sino con la sociedad en su conjunto. “Como ciudadanos tampoco exigimos el cumplimiento de este derecho y los propios periodistas igual nos conformamos a veces con las declaraciones que se hacen en las conferencias de prensa”, donde no se hacen más preguntas para profundizar.

Para Vacaflor, hay un vacío legal y una deuda con este tema; recordó la vigencia de un decreto supremo emitido por el gobierno de Carlos Mesa en 2005, pero este no solo no se cumple, sino que es limitado. “Contamos con un decreto, pero es una norma desactualizada que se reduce al Ejecutivo y no a otros órganos del Estado que también tienen que dar información”.

Esta prerrogativa está reconocida por el derecho internacional y es, por tanto, de aplicación obligatoria en el Estado boliviano.

Vargas, en tanto, afirmó que una ley es necesaria. “Pero para que funcione una ley es necesario que los comunicadores, los periodistas la conozcamos y sepamos usarla. Porque incluso la propia Ley de Imprenta, la misma Constitución, establecen que el ciudadano tiene derecho a acceder a la información pública, pero ni los ciudadanos ni los periodistas en la mayoría de los casos tienen conocimiento de esto”.

Vacaflor dijo que, actualmente, no hay condiciones muy favorables para la aprobación de una ley de acceso a la información por la falta de voluntad política, más considerando la división interna en el Movimiento Al Socialismo (MÁS), la mayor fuerza política en el Legislativo.

En Bolivia, en 22 años, se propusieron al menos 10 proyectos de ley acceso a la información, pero ninguno prosperó. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), son tres las naciones de toda la región que no tienen una ley de acceso a información pública: Bolivia, Cuba y Surinam.