Ningún ministerio cumple con los criterios de transparencia en su página web

El Ministerio de Economía es que el que mejor cumple con los estándares de transparencia y el Ministerio de Trabajo el que menos. Expertos ven falta de interés, de capacidades y en algunos casos un intento por ocultar información. En el Gobierno destacan otras medidas y alistan acciones para revertir esta falencia

Por Maria Silvia Trigo | Diseño Martina Meyer

Ningún ministerio en Bolivia incluye en su página web todos los estándares de transparencia previstos en una guía elaborada por el Gobierno hace casi diez años. En 2012, el Ministerio de Transparencia junto con la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Adsib), publicaron el primer documento que buscaba estandarizar los sitios web del Estado estableciendo aspectos técnicos y criterios mínimos de transparencia, como publicar las escalas salariales, informes de los viajes al exterior o auditorías. La guía se aprobó con los jefes de transparencia de todos los ministerios y era de cumplimiento obligatorio, explica Nardi Suxo, exministra de Transparencia en cuya gestión se elaboró el documento; pero no había una ley que establezca plazos o sanciones. Luego surgieron otras iniciativas, una de ellas es un manual elaborado en 2015 por el Ministerio de Justicia que recoge ideas similares al documento anterior. Sin embargo, la información disponible en los sitios web sigue siendo escasa, dispersa y en muchos casos desactualizada.

Para realizar este diagnóstico se analizó en una base de datos lo que estaba publicado en las páginas de los ministerios entre el 11 y el 18 de mayo de 2021. Se examinó la información en base a criterios de transparencia, la mayoría de ellos establecidos en la Guía de Estandarización de Sitios Web de 2012. Desde ese primer intento por regular la transparencia en la gestión pública desde lo digital, se constata que ningún ministerio cumple todos los parámetros.

Los que más criterios de transparencia incluyen en sus portales son los ministerios de Economía, Planificación, Educación y Medioambiente, que cumplen con más del 70% de los estándares. En el lado opuesto están Desarrollo Rural, Culturas, Minería y Trabajo, que en casi una década no logran implementar ni el 40% de lo establecido y la información disponible es poco relevante para el control de la gestión pública.

En base al cumplimiento de esos criterios, se determinó cuáles son las páginas web ministeriales más y menos transparentes, según lo que tenían publicado entre el 11 y 18 de mayo de 2021:

Lo que no se ve

Entre los parámetros hay cuestiones financieras y de planificación, como el Programa Operativo Anual o el presupuesto ministerial, pero solo la mitad de las instituciones tiene la información actualizada.

Cuatro ministerios tienen disponible su nómina de personal, tres difunden las convocatorias en su página y la mitad del gabinete transparenta la escala salarial. Los vacíos informativos llegan incluso al perfil de las autoridades: solo nueve de 17 instituciones tiene información sobre el ministro en funciones.

Con excepción de un ministerio, ninguno tiene publicadas investigaciones y solo cuatro tienen información estadística disponible, aunque no toda es de acceso abierto. Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene estudios estadísticos que únicamente se pueden descargar en formatos como jpg o pdf, es decir que no pueden ser procesados, a diferencia por ejemplo del Ministerio de Desarrollo Productivo que ofrece algunos datos abiertos.

En la página del Ministerio de Defensa la mayor parte de la información fue actualizada hasta 2017, en la nómina de personal de la página de Desarrollo Rural se menciona como actual al ministro de hace dos gestiones (seis personas pasaron por el cargo en ese periodo) y a más de un año de la pandemia, el Ministerio de Salud no centraliza la información sobre el coronavirus.

Tampoco existe en todas las páginas información de archivo, lo que impide hacer seguimiento a las gestiones. Algunos tienen publicaciones de años anteriores pero no están completas o no son correlativas.

Una falencia común es que existen documentos sin fecha, por lo que no se puede saber si están en vigencia. Algunos sitios tampoco tienen buscador ni forma de contactarse a través de la página. En un intento por probar cuán efectivo es el nivel de respuesta, se envió consultas a nueve ministerios pero solo dos respondieron.

Por otro lado, hay algunos elementos menos relevantes para la participación ciudadana que están presentes en todas las páginas: el logo del gobierno, la misión y visión de la institución, notas de prensa y galería de imágenes.

Al margen de las omisiones en cuanto a criterios de transparencia, hay servicios digitales destacables en algunas instituciones como los cursos que ofrece el Ministerio de Minería, la oficina de trámites del Ministerio de Trabajo o la apostilla digital de Cancillería, entre otros.

¿Quién controla?

Bladimir Magne, director de Adsib y Martín Lamar, jefe de Unidad de Gestión y Transformación Digital de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (Agetic), explican que las páginas web deben ser fiscalizadas periódicamente por las unidades de transparencia de cada institución, lo que luego se traduce en un informe que incluye sugerencias.

La viceministra de Transparencia, Susana Ríos, añade que a este proceso se suma un monitoreo trimestral de parte del Viceministerio pero que no existe ninguna medida coercitiva que obligue a las entidades a publicar determinada información o actualizarla. Pese a los retrasos en algunos sitios, Ríos destaca otras medidas en favor de la transparencia como el formulario de denuncias de corrupción en línea recientemente habilitado.

¿Secretismo, desinterés o falta de capacidades?

El estado de la digitalización del Gobierno en los principios de transparencia “aún es incipiente, el problema es que lleva casi una década siendo incipiente”, sostiene el experto en Gobierno Digital, Cristián León.

Para León existen al menos tres causas, la primera es de carácter político. “El tema de la transparencia no les gusta mucho a algunas personas en el gobierno y no es un asunto prioritario”, sostiene. La segunda es la falta de capacidades de los equipos que deben transparentar la información por medios digitales y finalmente la falta de tiempo, algunos proyectos quedaron sin continuidad por la crisis política y sanitaria.

Con él coincide en parte Eliana Quiroz, directora ejecutiva de la Fundación Internet Bolivia, quien observa que hay falta de capacidades y que no existe noción de la transparencia en las instituciones públicas, por lo que el interés que le dan al tema varía entre ellas. Aunque no descarta que puede haber una decisión política de ocultar información en algunos casos, apunta más a la falta de formación de quienes gestionan la información y también de la sociedad civil, que debería generar valor con los datos disponibles.

Desde el Estado, las miradas son más alentadoras. Magne, director de Adsib, sostiene que se está avanzando en la digitalización del Gobierno y que el hecho de que en el futuro se podrá hacer trámites en línea y revisar su avance, evitará la corrupción y promoverá una mayor transparencia. Pero eso es aún proyecto.

Martín Lamar, de Agetic, señala que hay avances significativos que constan en los reportes de las unidades de transparencia, pero que el problema era que no había una ley que acompañe las iniciativas. Otra dificultad, sostiene, es la ausencia de estándares técnicos para mostrar la información.

Para subsanar esto último, Agetic tiene listo un nuevo proyecto para estandarizar las páginas web que incluye los contenidos que deben ser publicados además de las características gráficas. Una vez que este plan sea aprobado deberá ser implementado por todas las entidades públicas.

“El acceso a la información y la transparencia es la base de una pagina web. No es un instrumento para mostrar la gestión de un servidor público. A veces hay miles fotos de un alcalde entregando obras, parecen plataformas para posicionar una autoridad”, afirma Lamar y subraya que éstas deben estar al servicio de la ciudadanía.

Una ley que obligue y sancione

Si en algo coinciden los entrevistados es en la urgencia de contar con una ley de acceso a la información para transparentar la gestión pública. Si bien está normado como derecho en la Constitución Política del Estado y existe un decreto supremo, promulgado en 2004 en el Gobierno de Carlos Mesa, no existe una ley coercitiva que obligue a los funcionarios públicos a entregar información ni que establezca estándares, plazos y sanciones. Bolivia, junto con Venezuela, son los únicos países sudamericanos que no cuentan con una ley.

En los últimos quince años hubo algunas intenciones para normar el acceso a la información pero todas quedaron truncas. En 2007, un proyecto liderado por el Ministerio de Transparencia avanzó hasta ser consensuado con varios sectores pero se trabó en la definición del tiempo sobre lo que se consideraría información reservada o confidencial, explicó la exministra Suxo. Luego hubo al menos dos proyectos más que tampoco prosperaron.

Las iniciativas más recientes surgieron en febrero de 2021. Una del ministro de Justicia, Iván Lima, que anunció que se elaboraría una propuesta, y otra de la oposición, que presentó un anteproyecto de ley. De momento, ninguna de las dos ha avanzado. El plan del Ministerio de Justicia todavía está en elaboración y el anteproyecto presentado por Comunidad Ciudadana, que según el diputado Carlos Alarcón recoge los lineamientos del Decreto Supremo de 2004, fue derivado a la Comisión de Control Constitucional.

“No veo una política clara en ese sentido (abrir la información pública). En el Gobierno están de moda las cláusulas de confidencialidad y veo una tendencia hacia el secretismo”, sostiene Alarcón, proyectista de la ley. En todo caso, insistirán para que se cumplan los trámites y el proyecto avance.

Por qué es importante hablar de esto

El interés por transparentar la gestión a través del acceso informativo es parte de un movimiento global y está normado en varios países y convenios internacionales. Las guías, manuales o proyectos que se gestan en Bolivia no son una novedad ni un favor de los gobernantes de turno, sino parte de esta corriente que aboga por los gobiernos abiertos y la digitalización del Estado.

Los documentos públicos se entienden como propiedad de los ciudadanos y deben estar a su disposición, siempre y cuando no sean información estratégica, violen la privacidad de las personas o comprometan la seguridad del Estado.

El investigador mexicano José Antonio Aguilar, doctor en Ciencias Políticas y autor del libro Transparencia y Democracia: claves para un concierto (2008), sostiene que la opacidad en la administración pública no afecta solo en el ejercicio de la ciudadanía, sino también a los gobiernos porque le resta legitimidad y confianza en las políticas públicas. Al contrario, ofrecer información transparente permite reducir las sospechas de corrupción, lo cual fortalece la autoridad y legitimidad.

“El Estado garantiza el derecho a la información”, dice la Constitución boliviana pero en la práctica, los procesos para abrir la documentación pública no han sido del todo exitosos. Sin una ley, el derecho al acceso a la información en Bolivia todavía es vulnerable a la voluntad del poder de turno.

Esta investigación fue realizada en el marco del Fondo Concursable Spotlight X de Apoyo a la Investigación Periodística en Medios de Comunicación que impulsa la Fundación Para el Periodismo con apoyo de National Endowment for Democracy (NED).