Juristas dicen que revelar la identidad de sospechosos de daños a entidades viola la CPE
Para el abogado y constitucionalista Julio Veizaga, el Ministro de Gobierno vulnera la reserva de información, publicando las fotos de personas con fines políticos y de generación de prejuicios sociales.
Tres constitucionalistas coincidieron, por separado, que la publicación de las fotografías de los sospechosos o condenados sin sentencias ejecutoriadas por provocar daños en infraestructura del Estado en Santa Cruz y Cochabamba, viola el derecho a la presunción de la inocencia, previsto en el inciso I del artículo 116 de la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia.
Estas observaciones fueron realizadas después de que el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, publicara en su cuenta de Twitter las fotografías de los presuntos autores y sentenciados por participar en la quema del edificio de la Fiscalía y otras instituciones públicas de Santa Cruz, y en el edificio del Ministerio Publico de Cochabamba, en el marco de las protestas por la detención del gobernador Luis Fernando Camacho, imputado en el caso Golpe de Estado I.
El 31 de diciembre a las 14:23, el Ministro de Gobierno publicó en su cuenta de Twitter las fotografías de cinco personas, incluyendo sus nombres y apellidos, señalando que fueron sentenciadas en Cochabamba por la destrucción de las instalaciones de la Fiscalía de Distrito en Cochabamba. Sin embargo, las condenas no fueron aún ejecutoriadas.
El mismo día, tres minutos después, Del Castillo informó en su misma cuenta sobre la detención preventiva de nueve personas “involucradas en los actos vandálicos suscitados en SantaCruz en la quema de la Fiscalía, por los delitos de incendio, destrucción de bienes del Estado, robo agravado y otros”.
El 1 de enero a las 10:18, Del Castillo, publicó otro tuit con la lista de personas y sus fotografías presuntamente involucradas en los conflictos en la capital cruceña: “La Policía Boliviana continuará realizando su trabajo apegada a la Constitución Política del Estado, la doctrina policial y la defensa de la democracia contra estos grupos radicales que buscan luto y dolor en el pueblo boliviano y cruceño”.
Para el abogado y constitucionalista Julio Veizaga, el Ministro de Gobierno vulnera la reserva de información, publicando las fotos de personas con fines políticos y de generación de prejuicios sociales.
El constitucionalista Cesar Cabrera recordó al Ministerio Público que cuando detienen a una persona, esta tiene el estatus de sospechoso de la comisión de algún delito. “No pueden ser catalogado de otra manera, caso contrario están recibiendo de parte del Ministro de Gobierno una condena anticipada”.
“La publicación de una fotografía está violando un principio que tiene aplicación preferente de cualquier norma que define un derecho, como la presunción de la inocencia. Por otro lado se vulnera al derecho de la imagen, a la dignidad humana de esas personas, que podrían resultar inocentes, pero se busca estigmatizarlos ante la sociedad”, añadió Cabrera.
El constitucionalista advirtió que no corresponde la publicación de las fotos ni siquiera cuando el sospechoso es encontrado en flagrancia. “Hay un exceso en el uso de las imágenes de las personas, porque debe haber una sentencia ejecutoria, para que el sospechoso asuma la condición de culpable”.
“Muchas personas han tenido que asumir culpabilidad en Santa Cruz para evitar la cárcel y un proceso tedioso largo con costos económicos y que seguramente por el manejo tan discrecional de fabricar pruebas podría llegar al mismo resultado. Entonces se ven obligados e asumir la culpabilidad”, insistió Cabrera.
El constitucionalista Jorge Quiroz dice que el Código de Procedimiento Penal de Bolivia establece la protección de las personas en todo sentido de la palabra. “La imagen del ser humano está protegida, no solo por las normas nacionales, sino también por las internacionales”.
Quiroz explico que cuando las autoridades realizan una detención no tienen la facultad de hacer la presentación del sospechoso, menos la publicación de su imagen. “Pero es una costumbre que hay entre las autoridades nacionales de irrespetar esta norma”.
Bolivia Verifica intentó comunicarse con el responsable de Comunicación del Ministerio de Gobierno para conocer la versión del ministro Carlos del Castillo al respecto pero no respondió las llamadas.
El analista político Juan Bosco considera que la publicación de las fotografías le conviene políticamente al Ministro de Gobierno, aunque esa difusión no sea correcta jurídicamente hablando.
“La publicación de las fotografías le conviene a él en un marco político, pero no le va a servir de mucho jurídico porque se debe cumplir el debido proceso”, explicó Bosco.
Críticas anteriores
No es la primera vez que Del Castillo es cuestionado por esta práctica. En mayo de 2022, el propio ministro de Justicia, Iván Lima, dijo, en relación a la continua presentación de presuntos delincuentes que realiza Del Castillo mostrándoles sus rostros, que el Código de Procedimiento Penal prevé que solo con autorización del sindicado o de su defensor, un presunto autor de un hecho delictivo puede ser presentado públicamente.
“El Código de Procedimiento Penal señala que toda persona que va a ser exhibida ante los medios de comunicación tiene que tener una declaración escrita firmada por su abogado defensor, si no hay la declaración escrita de la persona que va a ser presentada, no puede realizarse (la exhibición)”, explicó Lima entonces.
Sus declaraciones fueron respaldadas por el embajador de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Héctor Arce. “Es absolutamente correcta la apreciación del ministro Iván Lima, en un Estado de Derecho se presume la inocencia del detenido; solo en casos extremos se puede presentar a una persona, ojalá esta práctica sea desterrada y se respete la dignidad humana”, publicó en Twitter.
Del Castillo, en respuesta a estas críticas, dijo que seguiría exponiendo a los presuntos antisociales por un “tema de transparencia”. “Por un tema de transparencia, por un tema de compromiso, vamos a seguir haciendo el trabajo que venimos haciendo. El pueblo boliviano tiene que saber quiénes roban, quién viola y quién mata y vamos a seguir presentando a esos delincuentes para que el pueblo pueda reconocerlos”, aseguró.
El Ministro de Gobierno recibió también críticas de Human Rights Watch (HRW), que pidió al presidente Luis Arce “acabar” con la práctica de exhibir a los detenidos como un “trofeo”. “El presidente @LuchoXBolivia debe acabar con esa práctica, que viola el principio de la presunción de inocencia”, publicó en Twitter el investigador senior de HRW, César Muñoz.
Etapas de un proceso
Denuncia: Es cuando una persona denuncia de manera formal un hecho contra otra.
Imputación: Cuando el fiscal encuentra elementos de convicción que le muestran que el sospechoso es con probabilidad autor de los delitos que se le acusa.
Acusación: El fiscal encuentra elementos de prueba que le demuestran que el sospechoso es autor material o intelectual de los delitos que se le acusa Pide a un juez hora y día paréala celebración del juicio oral.
Sentencia: Es la resolución de un juez después de un juicio oral.
Apelación: La parte afectada presenta ante un tribunal superior una apelación para rectificar el fallo emitido por un juez.
Fallo de una sala del Tribunal Departamental de Justicia: Cuando los vocales de una sala emiten una resolución sobre el proceso. El auto puede confirmar o rectificar la sentencia.
Apelación: Cuando la parte afectada presenta una apelación ante el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia.
Casación: Una sala de Tribunal Supremo de Justicia emitirá un fallo que es inapelable.
Sentencia ejecutoria: Cuando el imputado recibe la notificación de la sentencia.
