Asambleísta potosina fue sentenciada por injuria pero no incumple requisitos para ser autoridad
En las redes sociales se asegura que la asambleísta departamental de Potosí, Azucena Fuertes, ejerce ilegalmente su cargo porque tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada. Este dato es engañoso porque si bien es cierto que Fuertes fue sentenciada, actualmente no pesa sobre ella impedimento para ser autoridad.
La autoridad departamental tiene una sentencia ejecutoriada por injurias, pero la misma no está pendiente de cumplimiento, la CPE respalda su puesto actual
En las redes sociales se asegura que la asambleísta departamental de Potosí, Azucena Fuertes, ejerce ilegalmente su cargo porque tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada. Este dato es engañoso porque si bien es cierto que Fuertes fue sentenciada, actualmente no pesa sobre ella impedimento para ser autoridad.
El 5 de abril de 2022 mediante la página de Facebook “Bolivia today Potosí” se publicó la fotografía de Fuertes con el siguiente texto:
“Ilegal: Asambleísta Azucena Fuertes ejerce el cargo pese a tener sentencia condenatoria ejecutoriada”.
En la descripción del post se señala que el Consejo de la Magistratura expidió un certificado que indica que Fuertes tiene una “sentencia condenatoria ejecutoriada” dictada por el Juzgado 2do de Sentencia Penal, del departamento de Potosí. Este dictamen habría sido emitido por el delito de “injuria” el 27 de agosto de 2018.
El 6 de abril también se difundió información similar en la cuenta en Twitter de Gabriel Rodríguez Olivera junto a esta descripción:
“La asambleísta de la gobernación de Potosí, Azucena Alejandra Fuertes Mamani, tiene una sentencia penal con fecha 27 de agosto del 2018 dictada por el juzgado 200. Fuertes ejerce de manera ilegal su cargo como asambleísta al tener antecedentes penales. Adjunto documentos (Sic.)”.
Asimismo, se incluye el aparente Certificado de Antecedentes Penales de Fuertes.
El artículo 149 de la Normativa de Régimen Electoral que en su parágrafo II dice:
“Tratándose de asambleístas departamentales y regionales, concejalas y concejales, si la destitución con motivo de la sentencia condenatoria ejecutoriada se produjese, la sustituta o sustituto suplente adquirirá titularidad hasta la conclusión del periodo”.
¿Por qué se considera engañoso lo que circula en redes sociales?
La sentencia condenatoria ejecutoriada sí existe.
Mediante contacto telefónico, Azucena Fuertes indicó a Bolivia Verifica que a partir de 2015, fue concejala de la Alcaldía Municipal de Potosí y que ese mismo año fue denunciada por los delitos de difamación, calumnias e injurias. Según ella, le iniciaron un proceso por fiscalizar hechos de corrupción dentro de la Alcaldía potosina, uno de sus denunciantes fue Edwin Tejerina, exsecretario del exalcalde de Potosí, Williams Cervantes.
Fuertes comenta que al finalizar el proceso judicial fue declarada inocente de los cargos de “difamación y calumnias”, pero no de “injurias”. Por tal motivo, se le sentenció a cumplir trabajo social hasta septiembre de 2020. Sin embargo, en agosto de 2019 el Concejo Municipal suspendió a la concejala de su cargo.
Estos datos también fueron reflejados por Página Siete en noviembre de 2020.
En diciembre de 2020, Fuertes declaró a El Potosí que tenía una sentencia ejecutoriada en su contra y que la cumplió en septiembre, por lo que pidió, mediante un amparo constitucional, que se le restituya su cargo, a la vez mencionó que la justicia falló a su favor el 8 de diciembre de esa gestión.
Sin embargo, a pesar de la insistencia y del amparo ganado, su cargo no fue restituido por el Concejo Municipal. Después de hacer público el caso, Fuertes trabajó en su campaña política y en 2021 se postuló al puesto de asambleísta departamental con la alianza Unidad Fuerza y Libertad “Puka Sunqu”.
“En el periodo de campaña, desde el Movimiento Al Socialismo identificados como ciudadanos, han presentado varias denuncias en mi contra con esa sentencia ejecutoriada para inhabilitar mi candidatura. Resulta que no ha funcionado porque ha prevalecido la Constitución Política del Estado que dice ‘sentencia ejecutoriada pendiente de cumplimiento’, yo no tengo nada pendiente. Yo saqué una certificación de eso, con eso me he postulado y ahí se cerró el tema”, dijo Fuertes a Bolivia Verifica.
Fuertes ganó las elecciones subnacionales el 7 de marzo de 2021, por ese motivo pasó de ser concejala a ser asambleísta departamental.
Es la misma sentencia ejecutoriada la que vuelve hoy a salir a luz.
¿Qué es lo que dice la Constitución Política del Estado?
El artículo 234 de la carta magna indica lo siguiente:
“Para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere: 1. Contar con la ciudadanía boliviana. En el caso de cargos electivos, será necesaria la ciudadanía boliviana por nacimiento. 2. Ser mayor de edad. 3. Haber cumplido el servicio militar obligatorio, de acuerdo con la Constitución y la ley. 4. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento. 5. No estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución. 6. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral. 7. Hablar al menos dos idiomas oficiales del país”.
Este punto fue revisado por la abogada Yuli Medina, quien indicó a Bolivia Verifica que al haber cumplido su condena en septiembre de 2020, la sentencia condenatoria ejecutoriada no impide a Fuertes ser asambleísta departamental.
“La CPE es clara y no hay donde perderse, el punto 4 del artículo 234 bien claro dice que una persona no puede ser parte de la función pública si tiene sentencia condenatoria ejecutoriada pendiente de cumplimiento. Ella (Fuertes) ya cumplió su sentencia, y puede ejercer su cargo con absoluta normalidad. Además, si hubiera algún problema respecto a este documento, el Tribunal Supremo Electoral ya la habría observado al momento de postularse”, explicó Medina.
Fuertes aseguró a Bolivia Verifica que está “habilitada de pleno derecho” y que lo de su sentencia salió nuevamente a la luz desde que denunció la compra irregular de ambulancias por parte de la Gobernación de Potosí.
Por último, Fuertes remitió a Bolivia Verifica documentación expedida por el Juzgado de Ejecución Penal que certifica que cumplió su sentencia y que no tiene pendientes con la justicia. También envió una copia de la resolución emitida por la Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de Potosí donde se señala que Fuertes no tiene sentencia ejecutoriada pendiente de cumplimiento.
Por lo tanto, es falso que Fuertes esté ejerciendo su cargo de manera ilegal.
¿Qué le dice la asambleísta sobre la información que circula en su contra?
El 6 de abril de 2022 Fuertes publicó un video, en su cuenta en Twitter, donde explica que cumple con todos los requisitos señalados en la CPE para ser asambleísta departamental. “Azucena Fuertes como asambleísta departamental no tiene ninguna sentencia ejecutoriada pendiente de cumplimiento”, dijo la asambleísta. A la vez comentó que recibió amenazas por denunciar hechos de corrupción.
Como mujer ¡no tengo miedo!, como asambleísta ejerzo el cargo en pleno derecho.
Esa es mi respuesta ante las permanentes acciones de acoso político contra mi persona por haber denunciado públicamente el caso de las “ambulancias fantasmas”. pic.twitter.com/vpPJoRBNNE
— Azucena Fuertes (@AzucenaFuertes) April 6, 2022
