Cuando el desgaste se impone: los dos bloqueos más largos del siglo XXI en Bolivia no lograron sus objetivos

El desgaste social, el impacto económico sobre la propia base movilizada, el desbloqueo ciudadano y la ausencia de episodios de represión estatal de gran magnitud, capaces de ampliar el apoyo ciudadano a las protestas, terminaron debilitando ambos conflictos y favorecieron su desmovilización.

Los dos conflictos con los bloqueos más extensos de la historia reciente de Bolivia concluyeron sin lograr sus principales demandas políticas. El paro indefinido por el Censo en Santa Cruz, que se prolongó durante 36 días en 2022, no consiguió que el empadronamiento se realizara en 2023; mientras que el bloqueo de 53 días registrado entre mayo y junio de 2026, en La Paz, no consiguió la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Analistas políticos y periodistas coinciden en que el desgaste social, el impacto económico sobre la propia base movilizada, el desbloqueo ciudadano y la ausencia de episodios de represión estatal de gran magnitud, capaces de ampliar el apoyo ciudadano a las protestas, terminaron debilitando ambos conflictos y favorecieron su desmovilización.
A diferencia de ello, otros tres conflictos sociales, como la Guerra del Agua de 2000, las movilizaciones de Octubre Negro de 2003 y las manifestaciones poselectorales en 2019, sí lograron sus principales objetivos políticos.

Guerra del Agua

Tras 11 días de protestas en Cochabamba, el gobierno de Hugo Banzer Suárez anuló la concesión del servicio de agua potable a la empresa Aguas del Tunari y dejó sin efecto el proceso de privatización, según registros de la Fundación UNIR y estudios académicos sobre conflictividad social.

Guerra del Gas

Tres años después, las protestas de Octubre Negro, que se extendieron durante cerca de 30 días, derivaron en la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. La crisis se profundizó tras la intervención militar en El Alto y La Paz, que dejó más de 60 fallecidos y centenares de heridos, de acuerdo con informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Defensoría del Pueblo.

Crisis postelectoral 2019

Las protestas y bloqueos protagonizados por plataformas ciudadanas y comités cívicos en 2019 también alcanzaron su principal objetivo político con la renuncia del entonces presidente Evo Morales, en medio de una crisis desencadenada por denuncias de fraude en las elecciones generales del 20 de octubre.
Las movilizaciones, que se prolongaron durante 21 días, se intensificaron tras el informe preliminar de la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que identificó irregularidades en el proceso electoral. La combinación de las protestas, el motín policial y la sugerencia pública de renuncia formulada por las Fuerzas Armadas precipitó la dimisión de Morales el 10 de noviembre de 2019.

Otros episodios relevantes fueron las movilizaciones de 2005 por la nacionalización de los hidrocarburos, que se prolongaron cerca de 20 días; el conflicto autonómico de la denominada “media luna” en 2008, que superó los 15 días; y los bloqueos de agosto de 2020 impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones sociales, que se extendieron por 12 días para exigir una fecha definitiva para las elecciones generales.

Asimismo, en 2025 se registraron 15 días de bloqueos vinculados a la demanda de habilitación electoral del expresidente Evo Morales. La cronología considera únicamente conflictos de alcance nacional o regional de gran impacto cuya duración superó los diez días, evidenciando que los bloqueos continúan siendo uno de los principales mecanismos de presión política y social en Bolivia durante las últimas décadas.

En este marco histórico, los bloqueos multisectoriales registrados en 2026 contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz superaron los 50 días de duración, convirtiéndose en el conflicto de este tipo más prolongado del siglo XXI en Bolivia, por encima del paro por el Censo de Santa Cruz de 2022 y de las movilizaciones de Octubre Negro de 2003.

El reciente conflicto, impulsado por sectores que demandaban la renuncia presidencial y planteaban reivindicaciones económicas y sociales, superó ampliamente los 36 días del paro indefinido por el Censo en Santa Cruz, considerado hasta ahora uno de los conflictos regionales más extensos de la historia reciente del país.

Cambio histórico

El analista y ex viceministro de tierras Alejandro Almaraz sostiene que los bloqueos de carreteras en Bolivia surgieron como una herramienta de reivindicación del movimiento campesino, ligados históricamente a demandas sociales y económicas de sectores sindicalizados, remontándose a los hitos de Tolata y Epizana en 1974 y a las movilizaciones de 1979 contra el gobierno de Lidia Gueiler.

No obstante, advierte un cambio sustancial en la última época: “Tengo la impresión de que desde 2019, cuando se produce bloqueo frente a bloqueo, hay una inflexión en el sentido profundo del bloqueo“. A su juicio, las medidas recientes han dejado de concentrarse exclusivamente en demandas sectoriales para incorporar objetivos políticos que cuestionan la institucionalidad democrática.

El periodista y analista Andrés Gómez, por su parte, coincide en situar el origen de los bloqueos como mecanismo a finales de la década de 1970, impulsado por el movimiento campesino bajo el liderazgo de Genaro Flores, afirmando que “los campesinos habían descubierto una forma de protesta muy poderosa que con el tiempo iba a generar problemas“.
Gómez argumenta que, con los años, la medida fue utilizada de forma recurrente en el escenario político nacional, en especial durante el liderazgo de Evo Morales, deviniendo en una práctica contradictoria: “Es una medida de protesta, pero que viola derechos. Viola el derecho al trabajo, a la locomoción, a la salud y a la vida”, apunta.

El analista Franco Gamboa aporta que los bloqueos en Bolivia constituyen una estrategia política orientada a erosionar la estabilidad gubernamental y desafiar directamente al poder estatal.  Para el politólogo, la instalación de estas medidas no responde a acciones espontáneas, sino a procesos planificados con anticipación: “No es algo fácil; es algo premeditado que se hace con anticipación y requiere recursos humanos, económicos e ideológicos“, donde los ejecutores operan bajo el supuesto de que al paralizar las carreteras se bloquea la economía, la sociedad y la vida cotidiana del país.

El escritor Gonzalo Lema explica que estas medidas poseen profundas raíces históricas vinculadas a la histórica relación de exclusión entre el Estado y los pueblos indígenas. Lema recalca que “la razón principal del bloqueo es llamar la atención al Estado a través del Gobierno. El mundo indígena sintió y siente la necesidad de hacerlo porque permanece el temor a ser invisibilizado“, reconociendo que, si bien el mecanismo nació para visibilizar estas demandas ante el poder central, en determinadas coyunturas se distorsiona al incorporar otros intereses políticos ajenos al bienestar de las bases.

Desgaste social

Almaraz atribuye el progresivo debilitamiento y la insuficiencia física y política de los bloqueos recientes a lo que define como una “doble ilegitimidad”: la naturaleza de sus demandas y el severo impacto económico y social generado sobre la población.
El  analista cuetiona la viabilidad de las metas planteadas en el último conflicto, señalando que “este bloqueo demanda algo tan grave para el sistema democrático como el derrocamiento del presidente constitucional elegido hace apenas seis meses“, un factor político radical que dificultó la articulación sólida de los diferentes sectores sociales.

Gómez, en tanto, enfatiza que la movilización reciente careció de una estrategia clara y sostenible, lo que impidió alcanzar su propósito y generó un enorme costo para sus propios promotores. El periodista analiza el desenlace señalando que “en estos 50 días no han logrado su propósito, que era la renuncia del presidente“, y concluye de forma categórica que “los principales derrotados son ellos (los movilizados), porque no solamente fracasan en su propósito, sino que han generado una repulsa de parte de la sociedad hacia los bloqueadores“, demostrando que el respaldo social depende enteramente de la legitimidad de las demandas.

Gamboa identifica de manera directa a organizaciones sindicales y campesinas afines al evismo —tales como la Central Obrera Boliviana, la CSUTCB, la Federación Tupac Katari y las seis federaciones del Trópico de Cochabamba— como las principales impulsoras del último conflicto.
Según su criterio, las movilizaciones no lograron sostenerse debido a que la población identificó que respondiendo a una agenda estrictamente partidaria: “No hay dónde perderse: existe una búsqueda de consolidación política y de un eventual retorno de Evo Morales al liderazgo político nacional“.

Lema, por su parte, argumenta que la capacidad de sostener un bloqueo prolongado depende exclusivamente de la organicidad de las organizaciones, pero que en la actualidad se observa un distanciamiento irreversible entre los líderes y los manifestantes.
“Se advierte que la dirigencia está anquilosada o tiene móviles ocultos. Entonces hay un rebasamiento de las bases respecto a la dirigencia“, sostiene, explicando que esta falta de cohesión interna y el cuestionamiento a las motivaciones ocultas terminaron por entorpecer los procesos de negociación y provocaron la desmovilización.

Reacción ciudadana

Gamboa explica que el rechazo civil a los bloqueos obedecen al perjuicio directo sobre la subsistencia de la población, ya que las medidas extremas “han alterado absolutamente los ciclos vitales de las personas“, impidiéndoles trabajar, continuar tratamientos médicos o desarrollar sus proyectos personales.
El politólogo advierte sobre el peligro latente de una prolongación de estos escenarios, señalando que “se están sembrando las condiciones para una profunda destrucción social, porque el enfrentamiento podría darse ya no entre los bloqueadores y el Estado, sino entre los propios ciudadanos“.

Lema, por su parte, define este fenómeno como una dinámica de “autodesbloqueo” motivada por la asfixia económica y la desconfianza hacia las dirigencias, afectando a los sectores productivos más vulnerables. “Muchos pequeños productores se encuentran autobloqueados, sin acceso a los mercados que garantizan su subsistencia y la futura siembra“, puntualiza, y proyecta que esta tendencia de desmovilización autónoma “va a avanzar en la medida en que se aleje de la influencia del trópico cochabambino“.

Gómez agrega que los desbloqueos protagonizados por vecinos y sectores ciudadanos en diversas regiones son la consecuencia directa de la falta de autoridad y de garantías por parte del Órgano Ejecutivo.
“Como no hay Estado y no hay gobierno, a la ciudadanía no le queda más que defender sus derechos“, asegura el analista, considerando que la autodefensa civil se vuelve legítima frente a los abusos de grupos fácticos, aunque destaca positivamente que “la sociedad ha reaccionado con bastante madurez y no ha desembocado en violencia“.

Almaraz evalúa las acciones colectivas de desbloqueo civil registradas en distintos puntos del país como el reflejo de un descontento social acumulado frente a las pérdidas económicas. El analista afirma que “no es para nada algo aislado. Es un estado de ánimo generalizado en la sociedad boliviana“; sin embargo, manifiesta su preocupación por las repercusiones de estas iniciativas civiles al advertir que “esto es peligroso porque puede dar lugar a enfrentamientos y causar pérdidas de vidas“.

Límites democráticos y rol del Gobierno

El periodista Gómez afirmó que los bloqueos de carreteras evidencian una profunda crisis institucional, al considerar que el Estado no aplica la ley ni garantiza los derechos de los ciudadanos frente a este tipo de medidas de presión.
“Los bloqueos demuestran que la institucionalidad no funciona“, sostuvo.  Según Gómez, la interrupción de carreteras constituye una vulneración de derechos y está sancionada por la legislación boliviana, aunque, en su criterio, las autoridades no actúan como corresponde.
“Boicotear o interrumpir la circulación en las carreteras está penado por el Código Penal. Está prohibidisimo, pero no hay institucionalidad en esa materia“, afirmó.
El analista señaló que la falta de acción de las instituciones ha normalizado los bloqueos y favorecido la impunidad.

Almaraz, también critica la inacción del Gobierno central para garantizar la libre circulación y la seguridad de la población, recordando que las responsabilidades estatales van más allá de la acción directa: “Los derechos humanos también se violan por omisión“.
Asimismo, lanzó una censura ética contra las posturas radicales de las dirigencias que justifican los perjuicios sociales en la protesta, sentenciando que “cuando se piensa que el fin justifica los medios, los medios se comen el fin“.
Almaraz responsabilizó al Gobierno por el costo humano de los bloqueos y sostuvo que la falta de acción para restablecer el tránsito ha provocado muertes que pudieron evitarse. Afirmó que el Estado tiene el deber de proteger la vida sin recurrir a una respuesta represiva.
“Se debe también precautelar la vida de los bloqueadores. Pero es peor que muera un niño por falta de asistencia médica“, declaró.
Almaraz lamentó la muerte de personas atrapadas por los bloqueos, entre ellas transportistas que, según dijo, permanecieron durante días sin atención médica ni alimentos. “Han muerto personas absolutamente inocentes y con muertes crueles“, afirmó.
El analista también cuestionó la conducción del presidente Rodrigo Paz frente a la crisis. “El señor Paz está (estaba) aplastado de miedo, sin poder actuar, sin poder hablar, transmitiendo miedo“, sostuvo.
No obstante, aclaró que la salida no pasa por una intervención violenta.
“No digo que la fuerza pública esté para matar gente ni cometer abusos. Yo ni siquiera creo que sea necesario el estado de excepción; con una actuación de más bajo perfil podría resolverse, al menos parcialmente, la situación“, concluyó.

Lema coincide en que el uso estratégico de la violencia resulta incompatible con cualquier principio de convivencia y pone fin a toda posibilidad de concertación. “La violencia es nefasta, es criminal. Es el absoluto fin del diálogo y el inicio del combate“, afirma el escritor, quien además demanda una investigación exhaustiva sobre las consecuencias fatales de las protestas para evitar la impunidad, concluyendo de manera firme que “no podemos transitar la impunidad como si no hubiera pasado nada. Son vidas y son muertes que deben investigarse“.

Gamboa, finalmente, condena firmemente las posturas de ciertos sectores radicales —como las declaraciones atribuidas al exministro Juan Ramón Quintana sobre el rol de las bajas humanas para potenciar la presión de las movilizaciones— que buscan radicalizar los escenarios de crisis.
El politólogo sostiene que estas estrategias buscan deliberadamente profundizar la confrontación para obtener réditos ideológicos en medio del caos, concluyendo que “la búsqueda específica de violencia, muertos y un costo humano es algo que, desde una perspectiva democrática, no se puede aceptar“.