Centro S.O.S. Digital, un salvavidas de apoyo para las víctimas de violencia digital
El miedo, la vergüenza y la falta de orientación hacen que muchas personas enfrenten la violencia digital sin saber cómo actuar. En ese escenario, el Centro S.O.S. Digital desarrolló una línea de acompañamiento que combina apoyo psicológico, legal y tecnológico para responder a una problemática que aún enfrenta vacíos de atención en Bolivia.
En el podcast Conectadas y Libres de Violencia, difundido por la Fundación Internet Bolivia como parte de un proyecto sobre violencia digital, varias mujeres compartieron experiencias marcadas por amenazas, miedo y aislamiento después de sufrir agresiones en internet.
Uno de esos testimonios es el de Elisa, una universitaria de 23 años que vivió violencia digital por parte de su expareja.
“Si no quieres que pase tus fotos, ven a verme”, ese fue el mensaje que recibió después de terminar una relación de dos años en la que habían intercambiado fotografías íntimas y mensajes sexuales por WhatsApp e Instagram.
“Mi primer impulso fue no hablar con nadie”, relata Elisa en el podcast. Mientras intentaba entender qué hacer, una pregunta se repetía constantemente en su cabeza:
“Cuando la violencia es digital, ¿cómo se miden los daños?”
La amenaza de difusión de imágenes íntimas le provocó insomnio, miedo a salir y una sensación permanente de vergüenza. Aunque no había recibido agresiones físicas, el impacto emocional era constante.
Historias como la de Elisa forman parte de una problemática cada vez más frecuente en Bolivia, pero todavía difícil de dimensionar. La violencia digital incluye desde difusión no consentida de imágenes íntimas y acoso digital hasta suplantación de identidad, fraude, extorsión sexual y difusión de datos personales.
Sin embargo, muchas víctimas enfrentan el problema en silencio. El miedo, la vergüenza y la falta de rutas claras de atención hacen que gran parte de los casos nunca llegue a denunciarse.
Un problema difícil de medir
Bolivia no cuenta con estadísticas oficiales amplias y sistemáticas sobre violencia digital. Parte de los casos permanece fuera de los registros debido al desconocimiento sobre cómo actuar, el temor a ser juzgadas y las dificultades para denunciar.
Aunque se carece de estos datos, algunos estudios comienzan a mostrar la dimensión del problema. Según una encuesta nacional realizada por ONU Mujeres y la AGETIC en 2024, una de cada tres mujeres encuestadas afirmó haber experimentado abuso de datos personales y una de cada cuatro vivió violencia sexual relacionada con la tecnología.
El estudio identificó además que el 31% de las mujeres reportó haber sido víctima de abuso de datos personales. Dentro de esa categoría, las formas más frecuentes fueron el fraude cibernético (18%) y la suplantación o robo de identidad (15%). Además, el 58% señaló que el abuso ocurrió una sola vez, mientras que el 32% afirmó haberlo sufrido entre dos y cuatro veces.
La Fundación Internet Bolivia comenzó a registrar datos a través del Centro S.O.S. Digital, una línea de ayuda creada durante la pandemia para acompañar casos de violencia digital. Desde entonces, la demanda de atención fue creciendo progresivamente.
Los registros del centro muestran que la violencia sexual digital es el tipo de agresión más frecuente entre los casos atendidos. También identifican acoso digital, suplantación de identidad, doxing y fraude digital.
La mayoría de las personas atendidas son mujeres jóvenes y adolescentes, aunque en los últimos años también incrementaron los casos de hombres víctimas de sextorsión y engaños a través de perfiles falsos en redes sociales y aplicaciones de citas.
“Muchas veces la violencia digital se minimiza, entonces es común que una persona la sufra en silencio hasta que ya se vuelve insoportable”, explica Manuela Narayani Rivera, psicóloga y coordinadora del Centro S.O.S. Digital.
Foto: Narayani Rivera en entrevista con Bolivia Verifica.
Denuncias difíciles y plataformas que no responden
La violencia digital también enfrenta obstáculos institucionales. En Bolivia todavía no existe normativa especializada para varios tipos de violencia digital en personas adultas, lo que dificulta las denuncias y limita las rutas de atención.
Rivera explica que muchas víctimas llegan pensando en denunciar “acoso digital”, aunque ese delito no está tipificado específicamente. Eso obliga a buscar otras figuras legales que se acerquen al caso, un proceso que puede resultar confuso y desgastante.
“Pensamos que hacer la denuncia es fácil, pero son procesos muy largos”, señala.
A ello se suma otro problema: las plataformas digitales suelen responder lentamente o rechazar denuncias automáticamente. “Muchas veces se reporta y sale: no hemos visto nada malo’”, afirma.
Según explica, Bolivia tampoco cuenta con canales directos con plataformas tecnológicas para gestionar casos urgentes de violencia digital. Esto obliga al centro a apoyarse en organizaciones internacionales que sí tienen contacto más cercano con algunas empresas tecnológicas.
El anonimato también dificulta los procesos. El Centro S.O.S. Digital identificó casos donde los agresores utilizan perfiles falsos, números temporales o redes criminales para extorsionar personas y difundir contenido íntimo.
Rivera señala que muchos agresores ya no necesariamente tienen relación cercana con las víctimas. Algunos operan desde aplicaciones de citas, videojuegos o redes sociales, donde manipulan emocionalmente a las personas para obtener imágenes íntimas y luego extorsionarlas.
Imagen referencial.
La respuesta: acompañamiento psicológico, técnico y legal
Frente a este escenario, el Centro S.O.S. Digital funciona como una línea de orientación y acompañamiento para personas afectadas por violencia digital.
La atención se realiza principalmente mediante WhatsApp. Cuando una persona se contacta, el equipo brinda una primera contención emocional y analiza qué tipo de apoyo necesita.
“Todas las personas quieren que la violencia pare”, explica Rivera.
El acompañamiento incluye medidas de seguridad digital, orientación legal y apoyo emocional. El equipo está conformado por psicólogas, abogadas e ingenieras que trabajan de manera interdisciplinaria según las necesidades de cada caso.
“Muchas veces las personas llegan sintiendo culpa y vergüenza, especialmente en casos de violencia sexual digital”, explica Rivera.
Por ello, una de las primeras acciones consiste en validar emocionalmente a la víctima y reforzar sus redes de apoyo.
El centro no solicita nombres ni datos identificables. Solo registra información general como edad, género, ciudad y tipo de violencia, con el objetivo de identificar patrones y construir estadísticas sobre el problema.
Además de la atención directa, el equipo realiza capacitaciones, investigaciones y actividades de prevención con instituciones públicas, colegios y espacios comunitarios.
La experiencia también permitió identificar mecanismos que consideran importantes para responder a este tipo de violencia: atención interdisciplinaria, anonimato para las víctimas, articulación con organizaciones regionales y actualización constante sobre herramientas digitales y plataformas.
Una solución con límites
Aunque el acompañamiento permitió mitigar situaciones de violencia y ayudar a víctimas a recuperar parte de su seguridad digital, el propio centro reconoce las limitaciones de su trabajo.
“No tenemos respuestas perfectas”, admite Rivera.
Actualmente, el equipo está conformado por cuatro personas y la atención funciona en horarios reducidos. Además, no ofrecen terapia psicológica prolongada ni patrocinio legal completo.
“Entendemos que la violencia no tiene horarios, pero si ampliáramos demasiado la atención, simplemente ya no tendríamos vida”, afirma.
En muchos casos, el objetivo principal es reducir el daño y fortalecer la seguridad digital de las víctimas, más que garantizar una solución definitiva.
“Sí hemos logrado bajar páginas o imágenes, a veces con ayuda de organizaciones extranjeras, pero no hay garantía de que el agresor no vuelva a subirlas”, aclara Rivera.
Las dificultades también aumentan cuando las víctimas son adolescentes que no quieren contar lo ocurrido a sus familias o cuando los agresores utilizan identidades falsas difíciles de rastrear.
Lo que aprendieron de los casos
Después de años acompañando situaciones de violencia digital, el equipo del Centro S.O.S. Digital identificó patrones comunes y algunas medidas que pueden ayudar a reducir riesgos en entornos digitales.
Rivera señala que una de las primeras recomendaciones es familiarizarse con las herramientas tecnológicas y revisar constantemente las configuraciones de privacidad en redes sociales y aplicaciones.
“No hay que tenerle miedo a la tecnología. Hay que explorarla, configurar las cuentas y entender cómo funcionan las herramientas de privacidad”, explica.
Entre las recomendaciones más frecuentes están mantener perfiles privados, evitar que listas de contactos o seguidores sean públicas y activar la verificación en dos pasos en redes sociales y correos electrónicos.
La especialista también advierte sobre la importancia de cambiar periódicamente las contraseñas y mantener registros de posibles agresiones digitales.
“Si alguien está hostigando o amenazando, primero hay que registrar todo: sacar capturas, guardar enlaces, exportar chats y luego bloquear”, señala.
El centro identificó además que muchas situaciones de violencia digital comienzan con manipulación emocional o falsas relaciones de confianza en internet, especialmente en redes sociales, videojuegos y aplicaciones de citas.
Por ello, Rivera considera importante fortalecer las redes de apoyo fuera de internet y generar espacios donde adolescentes y jóvenes puedan hablar sobre situaciones incómodas o riesgosas sin miedo a ser juzgados.
“No puede ser únicamente responsabilidad de los padres ni de las víctimas. Tiene que entenderse como una responsabilidad colectiva”, sostiene.
Imagen referencial.
Una respuesta que intenta llenar un vacío
Pese a las dificultades, la experiencia del Centro S.O.S. Digital permitió generar datos sobre una problemática poco documentada en Bolivia y construir mecanismos de acompañamiento frente a formas de violencia que muchas veces siguen siendo minimizadas.
La organización también trabaja con redes colectivas de otros países para intercambiar herramientas, fortalecer procesos de atención y buscar respuestas frente a casos complejos.
Mientras más personas enfrentan amenazas, extorsión y acoso en internet, iniciativas como esta intentan responder a un problema que todavía supera las capacidades institucionales existentes en Bolivia.
