No es cierto que la Ley 1740 autoriza la intervención militar directa contra más de 90 bloqueos de carreteras
La normativa solo regula un posible estado de excepción. Para hacerlo oficial el Gobierno debe emitir un Decreto Supremo que lo dictamine.
TeleSUR, la cadena de televisión y multiplataforma de noticias latinoamericanas, con sede en Venezuela, dijo que el presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley 1740 que autoriza una intervención militar contra las protestas y una intervención directa contra 90 bloqueos en carreteras estatales. Sin embargo, tales afirmaciones son falsas.
La norma regula y reglamenta el estado de excepción en Bolivia, conforme al artículo 139 de la Constitución Políticas del Estado, no es una normativa que establezca su implementación.
El mensaje fue detectado el 8 de junio a las 22:39 en la cuenta de Facebook de TeleSUR. La publicación incluye una fotografía de la conferencia de prensa del presidente Rodrigo Paz junto al ministro de Defensa Ernesto Justiniano y al Ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo.
La publicación tiene el siguiente texto:
Bolivia: Presidente promulga ley que autoriza intervención militar contra protestas.
El presidente Rodrigo Paz de #Bolivia promulgó la polémica Ley 1740, que permite a Fuerzas Armadas y Policía ejecutar operativos conjuntos para reprimir las protestas sociales que exigen su renuncia. La normativa faculta la intervención militar directa contra más de 90 bloqueos de carreteras estatales, en un contexto donde el mandatario asoció las movilizaciones con el “narcoterrorismo”. ¿Qué implicaciones tiene esta ley para la democracia boliviana?
Para esta verificación revisamos el contenido de la Ley 1740 y analizamos su estructura jurídica junto a un constitucionalista. Además, contrastamos cuatro afirmaciones difundidas por TeleSUR que no guardan coherencia con el alcance ni con las disposiciones establecidas en la normativa.
¿La promulgación de la ley implica que ya existe un estado de excepción?
No. La promulgación de la Ley 1740 no significa la declaración automática de un estado de excepción. La norma únicamente establece las reglas, procedimientos y alcances para su eventual aplicación.
Para que un estado de excepción entre en vigencia, el Presidente del Estado deberá emitir un Decreto Supremo específico, debidamente fundamentado, en el que se establezcan las causas que justifican la medida, el territorio donde será aplicada, su duración, las facultades extraordinarias autorizadas y las instituciones encargadas de su ejecución.
El constitucionalista Julio Veizaga explico a Bolivia Verifica que la Ley 1740 es un reglamento jurídico del estado de excepción, previsto en el artículo 139 de la CPE, aprobada en 2009 y refrendada mediante referéndum durante el gobierno de Evo Morales.
La norma establece la facultad de la Presidenta o del Presidente del Estado para declarar el estado de excepción en todo o parte del territorio nacional ante situaciones que pongan en riesgo la seguridad del Estado, la estabilidad institucional o el orden público.
La disposición constitucional forma parte del marco legal que regula las medidas extraordinarias que puede asumir el Órgano Ejecutivo en escenarios de conflictividad social, conmoción interna o amenazas externas. En el ámbito político, el debate sobre la aplicación de esta figura suele intensificarse en contextos de crisis, protestas sociales y bloqueos de carreteras.
1.- ¿El Presidente promulgó la Ley 1740 que autoriza intervención militar contra protestas?
No. En términos rigurosos de precisión y concisión, esa afirmación es una sobreinterpretación del contenido de la Ley 1740.
La ley no menciona explícitamente “protestas” como objeto de intervención militar. Sin embargo, sí contempla escenarios de “conmoción interna”, definidos de manera amplia e incluyendo “disturbios masivos”, “paralización de servicios esenciales” y situaciones que afecten el orden público o la estabilidad institucional.
Además, el artículo 21 establece que las Fuerzas Armadas pueden intervenir “cuando la Policía Boliviana haya sido superada” o exista “insuficiencia operativa sobreviniente”.
Por ello, afirmar que la ley “autoriza intervención militar contra protestas” introduce una interpretación inferencial que no aparece de forma textual en la norma.
2. ¿La Ley 1740 faculta la intervención militar directa contra más de 90 bloqueos de carreteras estatales?
No, esta formulación es imprecisa porque mezcla el contenido de la ley con una situación coyuntural (“más de 90 bloqueos”) que no aparece en el texto normativo. La expresión “intervención militar directa contra más de 90 bloqueos” atribuye a la ley una finalidad específica que no está explicitada en el texto.
3.- ¿La Ley 1740 permite a las Fuerzas Armadas y Policía ejecutar operativos conjuntos para reprimir las protestas sociales?
La Ley 1740 no autoriza automáticamente operativos militares contra protestas sociales. La participación de las Fuerzas Armadas está condicionada a la declaración previa de un estado de excepción mediante Decreto Supremo.
La norma establece que el Presidente puede declarar estado de excepción por “conmoción interna”, “amenaza externa”, “peligro para la seguridad del Estado” o “desastre natural”.
Recién bajo ese régimen extraordinario, el artículo 21 permite el “apoyo extraordinario, temporal, proporcional y territorialmente delimitado” de las Fuerzas Armadas cuando la Policía haya sido superada o exista “insuficiencia operativa sobreviniente”.
Por tanto, jurídicamente la secuencia sería:
3.1. Declaratoria de estado de excepción mediante Decreto Supremo.
3.2. Comunicación inmediata a la Asamblea Legislativa.
3.3. Debate y aprobación legislativa posterior sobre la vigencia de las medidas.
En términos estrictos, entonces, la Ley 1740 sí habilita operativos conjuntos entre Policía y Fuerzas Armadas, pero únicamente dentro de un estado de excepción formalmente declarado.
Antecedentes
La publicación circula en un escenario de alta tensión política y social en Bolivia, marcado por bloqueos de carreteras, movilizaciones y protestas de distintos sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El conflicto también reactivó el debate político y jurídico sobre la posibilidad de que el Gobierno recurra a mecanismos extraordinarios para restablecer la circulación en las rutas y garantizar el orden público.
Bolivia ingresó al día 40 de bloqueos en diferentes regiones del país, una situación que afecta el abastecimiento de alimentos, combustibles y servicios, además de profundizar la crisis política y económica. En medio de este contexto, diversos actores políticos, oficialistas y opositores, discuten el alcance de la Ley 1740 y la eventual aplicación de un estado de excepción para enfrentar la conflictividad social.
¿Qué es TeleSUR?
TeleSUR fue impulsada en 2005 por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, como parte de un proyecto comunicacional promovido por los gobiernos del denominado “Socialismo del Siglo XXI”. La cadena nació con el objetivo de construir una narrativa alternativa frente a los medios de comunicación tradicionales y a las grandes corporaciones internacionales de noticias, a las que los gobiernos afines acusaban de responder a intereses políticos y económicos de Estados Unidos y de sectores conservadores de la región.
Desde su creación, TeleSUR se consolidó como un instrumento de proyección política e ideológica de los gobiernos de izquierda en América Latina, especialmente de Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua. Sus líneas editoriales suelen coincidir con las posiciones de los gobiernos aliados al chavismo y, en distintos momentos, fue cuestionada por sectores opositores, organizaciones de prensa y analistas que la acusan de funcionar más como una plataforma de propaganda política que como un medio independiente.
Durante el gobierno de Evo Morales, Bolivia se incorporó formalmente a la estructura accionaria de TeleSUR y adquirió una participación del 5% en la cadena multiestatal. La adhesión formó parte del alineamiento político y diplomático del Movimiento Al Socialismo (MAS) con el bloque regional liderado por Venezuela.
En los últimos años, TeleSUR mantuvo una cobertura favorable a los gobiernos del MAS y una línea crítica hacia actores opositores y medios privados bolivianos. En ese contexto, el periodista Freddy Morales y la propia cadena establecieron contratos de prestación de servicios y cobertura informativa con el gobierno de Luis Arce Catacora, situación que volvió a abrir el debate sobre la independencia editorial de medios financiados o vinculados a administraciones estatales y proyectos políticos regionales.
En el siguiente artículo Bolivia Verifica desglosó al detalle la Ley 1740:
