Bloqueos, derechos vulnerados y el debate sobre una ley antibloqueos en Bolivia

En los acontecimientos recientes, los bloqueos y marchas han evidenciado que en Bolivia persiste una falta de respeto hacia la sociedad civil y el patrimonio público; además, se han consolidado como un mecanismo recurrente del ejercicio del «derecho a la protesta» sin considerar que estas acciones vulneran múltiples derechos fundamentales y colectivos.

Foto: Archivo (ABI)

En diciembre de 2025, el gobierno de Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo 5503, dentro de sus 120 artículos, contemplaba la eliminación de la subvención a los combustibles. Ante esta medida, la Central Obrera Boliviana (COB) salió a las calles en señal de protesta para exigir al Ejecutivo la abrogación del documento, argumentando su desacuerdo con varios puntos y señalando el impacto económico que este estaba generando.

Como consecuencia, se iniciaron marchas en la Sede de Gobierno y bloqueos de caminos a nivel nacional como medidas de presión para obligar al gobierno a retroceder y abrogar o modificar el DS 5503. La tensión aumentó durante los primeros 11 días de 2026, cuando otros grupos protagonizaron enfrentamientos con la ciudadanía e incluso ejercieron presión para obtener apoyo popular. Lo que ocurrió en Patacamaya, un municipio ubicado entre los departamentos de La Paz y Oruro, es un ejemplo.  Allí se registraron saqueos perpetrados por estos grupos de presión.

Situaciones similares se replicaron en distintos puntos del país, donde se evidenció el cansancio de la ciudadanía frente a estas acciones intransigentes. Tras varias reuniones y mesas de diálogo, la noche del 11 de enero el gobierno anunció la abrogación del decreto y la modificación de varios de sus puntos.

¿Es el bloqueo, una forma correcta de protestar?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que la protesta «es un elemento esencial de la democracia y una forma legítima de participación ciudadana» y remarca que este tipo de actos deberían ser siempre «pacíficos y sin armas».

«Cualquiera sea la modalidad de la protesta, los instrumentos interamericanos establecen que el derecho de reunión debe ejercerse de manera pacífica y sin armas. En el mismo sentido, la Comisión reconoce que los Estados tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para evitar actos de violencia, garantizar la seguridad de las personas y el orden público. Sin embargo, al hacer uso de la fuerza en estos contextos, los Estados deben adoptar medidas proporcionales al logro de estos objetivos y no obstaculizar de manera arbitraria el ejercicio de los derechos en juego en las protestas», menciona la CIDH.

En el contexto boliviano, uno de los elementos más utilizados en diversas protestas es la dinamita, especialmente por sectores mineros. Durante las movilizaciones de rechazo al DS 5503, el gobierno municipal de La Paz reclamo a los manifestantes por daños a la infraestructura municipal.

Bolivia Verifica también abordó el tema del uso de la dinamita, sus consecuencias y el vacío legal para su sanción cuando es usada en protestas en el país.

Desde el punto de vista del politólogo y abogado Vlady Torrez, este tipo de medidas de presión afecta en primera instancia a la economía. El analista indicó que, si bien existieron varios cambios, especialmente en las formas de protesta, estas se transformaron a partir de un gobierno campesino que lideró estos movimientos, razón por la cual la fuerza de la COB ya no es la misma que en el pasado.

Torrez también expresó que la forma de bloqueos en el área urbana es muy diferente en la zona rural, debido a que el campesino conoce su territorio y muchas veces para el Gobierno esa situación es complicada.

 Y ante estos hechos, que se remontan a más de 15 años y que progresivamente han incrementado la agresividad con la que se ejerce este modo de “levantar la voz” para ser escuchado, el 15 de diciembre de 2025 se presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley destinado a sancionar los bloqueos en el país.

El documento, presentado por el diputado de Alianza Unidad, Carlos Alarcón, propone que los bloqueos en vías públicas o aquellos que vulneren los derechos de las personas sean tipificados como delito, debido a que «impiden el libre tránsito de las personas, bienes y vehículos». En ese sentido, el proyecto contempla sanciones con penas de cárcel.

La propuesta establece penas privativas de libertad que irían desde los tres hasta los 30 años, dependiendo de la gravedad del hecho, incluyendo acciones como instigar, planificar, organizar, financiar, dirigir e incluso agredir a efectivos policiales o militares.

Hitos históricos de bloqueos masivos que se tuvieron en Bolivia.

Alarcón recordó episodios de violencia registrados en distintas movilizaciones, como cuando el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, fue asesinado el 2016 en la población de Panduro.

O el desabastecimiento que sufrió la población tras el cierre de carreteras ordenado por el expresidente Evo Morales en 2019.

«Todos estos bloqueos demuestran un común denominador, que es el uso de la violencia por parte de los bloqueadores, que no solamente atentan contra los efectivos policiales, sino que atentan principalmente contra los ciudadanos», refirió el diputado.

En el gobierno interino de Jeanine Añez, época en la que se vivía la enfermedad de la covid-19, el Movimiento Al Socialismo, bloqueó en Senkata (La Paz) y en Cochabamba, lo cual impidió el paso de tanques de oxígeno para pacientes que lo requerían con suma urgencia.

En 2025, Bolivia también sufrió un bloqueo del ala evista que cercó Cochabamba e impidió la libre transitabilidad con el occidente y con el oriente boliviano. En ese entonces, los evistas pedían la renuncia de Luis Arce Catacora; días después, los enfrentamientos en Llallagua y Cochabamba provocaron la muerte de 4 policías y un civil.

En Santa Cruz, del 22 de octubre al 26 de noviembre del 2022, se realizó un paro de 36 días con bloqueos de calles y carreteras demandando que se haga el censo de población y vivienda en la gestión 2023; durante esa medida de presión, la Defensoría del Pueblo registró más de 70 denuncias de vulneraciones a los derechos humanos y anunció el inicio de investigaciones por la muerte de tres personas durante estas protestas (ver aquí, aquí y aquí).

Para Torrez, la ley antibloqueos permitiría que, en el futuro, el gobierno cuente con un escenario más favorable para tomar decisiones sin enfrentar constantes conflictos.

Derechos infringidos

El parlamentario detalló los derechos vulnerados en los puntos de bloqueo: «el derecho a la seguridad personal, a la vida, a la integridad, física, el derecho a la educación, a la salud, el derecho al comercio, a la industria, a la venta, importación y exportación de bienes, a que sus productos, que van a comerciar perecederos, no se pudran en los caminos y los puedan vender».

Alarcón enfatizó que la forma de extorsión aplicada en cada punto de bloqueo, como los cobros para permitir el libre tránsito, constituye un delito.  Por tanto, el proyecto de ley deberá ser revisado y analizado con miras a su futura promulgación.

«Calculo que en el transcurso de la próxima semana debería estarse aprobando el proyecto en la Comisión de Constitución y en el transcurso de este mes y el próximo mes se debe estar debatiendo esto en la Cámara de Diputados para que después pase al Senado. Estamos hablando de que en los próximos meses debería estar vigente una ley de características con todos los ajustes que permitan generar consensos«.

Finalmente, Torrez coincide en que durante estas protestas se vulneran múltiples derechos de los ciudadanos bolivianos, lo que ha provocado que la COB ya no tenga la misma fuerza que ostentaba en el siglo XX, debido a los «daños y los perjuicios económicos graves que generan los bloqueos», además de la afectación al libre tránsito y al derecho al trabajo.

Cocaleros no están de acuerdo con la ley antibloqueos

En una vigilia con el objetivo de resguardar la vida del expresidente Evo Morales y evitar que sea capturado por Estados Unidos, el dirigente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Dieter Mendoza, indicó que no están de acuerdo con la ley antibloqueos porque se estaría coartando su derecho a la protesta.

El ejecutivo principal de la COB, Mario Argollo, también se pronunció sobre el trabajo que está haciendo la Asamblea Legislativa: el de revisar este proyecto.

«El bloqueo es la última instancia cuando los gobernantes hacen oídos sordos al pueblo. Pretenden castigar esa lucha, esas herramientas reivindicativas», expresó.

Un «gobierno dictador», así calificó el dirigente campesino Humberto Claros, quien no está de acuerdo con el avance de la revisión de esta propuesta de ley porque también mencionó que se trata de «un recurso de odio hacia la movilización social popular».