71 millones de bolivianos perdidos: ¿Cómo el Fondo Indígena pasó de ser un sueño a un nido de corrupción?

Las irregularidades en el Fondo Indígena fueron confirmadas por una auditoría de la Contraloría, cuyo informe estableció irregularidades en 153 proyectos fantasmas en el periodo 2010-2011 con un daño al Estado de Bs 71 millones.

Lo que nació como una victoria histórica tras años de movilizaciones, terminó siendo uno de los mayores emblemas de corrupción en Bolivia. El Fondo Indígena, creado en 2005 para canalizar la riqueza de los hidrocarburos hacia los sectores más postergados, pasó de ser un instrumento de desarrollo a un mecanismo de desfalco millonario. En este Explicador te contamos qué es, cómo inició y cómo se convirtió en un nido de corrupción que desfalcó al Estado más de 71 millones de bolivianos.

El Fondo Indígena se originó en 2005, tras la represión policial a comunidades guaraníes en el bloqueo de Tatarenda Viejo, donde se exigía recibir parte del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). La entidad nació con el mandato de administrar el 5% del IDH para proyectos productivos en favor de los pueblos originarios; sin embargo, la promesa de desarrollo se desmoronó una década después. La Contraloría General del Estado (CGE) reveló entonces la existencia de 153 ‘proyectos fantasma’, evidenciando la dilapidación de 71 millones de bolivianos que terminaron desviados a cuentas privadas de dirigentes afines al Movimiento al Socialismo (MAS).

1. Origen y constitución del Fondo

Bajo la presidencia de Eduardo Rodríguez Veltzé, se creó el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (FDPPIOYCC) mediante el Decreto Supremo 28571 del 22 de diciembre de 2005. Esta medida respondió a la demanda histórica de las organizaciones indígenas de acceder a los recursos del IDH para financiar proyectos productivos y sociales, conforme a los acuerdos alcanzados en mesas de diálogo.

El decreto se fundamentó en el artículo 171 de la Constitución Política del Estado (vigente en ese entonces), que resguardaba los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas, incluyendo el uso sostenible de recursos en Tierras Comunitarias de Origen (TCO). Asimismo, se invocó el Convenio 169 de la OIT (ratificado por la Ley Nº 1257), el cual obliga al Estado a consultar a los pueblos interesados antes de la explotación de recursos en sus territorios, garantizando su participación en los beneficios e indemnizaciones equitativas.

Esta normativa fue promulgada tras un pacto entre el Poder Ejecutivo y las organizaciones indígenas y campesinas, reconociendo la asignación del 5% del IDH recaudado. El sustento legal se basó en el artículo 57 de la Ley Nº 3058 de Hidrocarburos, que establece la distribución del IDH entre el Tesoro General de la Nación (TGN), pueblos originarios, municipios y universidades.

Etapa inicial: Una institucionalidad caótica

El investigador Manuel Morales explicó a Bolivia Verifica que, aunque los recursos comenzaron a acumularse en una cuenta bancaria entre 2005 y 2006, el Fondo careció de directivas y reglamentación hasta 2008. Fue recién en ese año cuando se consolidó su institucionalidad y se elaboraron los estatutos que permitieron la elección de Elvira Parra como su primera directora ejecutiva.

En total se tuvo tres directores entre 2008 y 2014: Elvira Parra, Daniel Zapata y Marco Aramayo.

La aprobación masiva de proyectos

Bajo una gestión cuestionada por su celeridad, el directorio del Fondo aprobó más de 1.100 proyectos en un lapso de cinco meses (entre diciembre de 2010 y mayo de 2011), beneficiando a ocho organizaciones sociales. Esta aprobación masiva se consolidó a través de dos resoluciones:

• Resolución del 20 de diciembre de 2010: Autorizó de forma inédita 1.000 proyectos por un valor de Bs 1.260 millones ($us 180 millones).

• Resolución del 7 de mayo de 2011: Dio luz verde a otros 119 proyectos adicionales.

El rol central de Nemesia Achacollo

Nemesia Achacollo, quien asumió como ministra de Desarrollo Rural y Tierras en 2010, presidió el directorio del FDPPIOYCC y se consolidó como la figura más influyente en la gestión de sus recursos. Bajo su mando, el directorio —conformado por representantes de diversos ministerios y organizaciones matrices como la CIDOB, CONAMAQ, CSUTCB y las «Bartolinas»— concentró el poder de decisión sobre el financiamiento de proyectos.

En su calidad de presidenta del directorio del Fondo, Achacollo suscribió resoluciones determinantes, entre las que destaca la «aprobación express» de 1.100 proyectos. Esta maniobra administrativa comprometió un presupuesto de Bs 1.260 millones, agilizando el desembolso de recursos sin los controles técnicos rigurosos que la magnitud de la inversión exigía.

El investigador Morales señaló a Bolivia Verifica que, entre 2010 y 2015, las reuniones del directorio estuvieron marcadas por la autorización de transferencias irregulares, la omisión de auditorías obligatorias y la marginación sistemática de las facciones indígenas «orgánicas». Un hito de esta exclusión ocurrió en febrero de 2014, cuando se ordenó el desconocimiento del CONAMAQ orgánico, priorizando en su lugar a dirigencias paralelas afines al Movimiento al Socialismo (1, 2).

Hallazgos de la Contraloría: el desfalco confirmado

Las irregularidades en el Fondo Indígena fueron ratificadas oficialmente por la Contraloría. En un informe presentado por el entonces contralor Gabriel Herbas, se reveló la existencia de 153 proyectos fantasma ejecutados entre 2010 y 2011. Estos proyectos, que percibieron desembolsos pero nunca se llevaron a cabo, representan el núcleo del escándalo de corrupción.

De acuerdo con el informe EXEP12M14-F2 (Anexo 3), la responsabilidad recae sobre los exdirectores Elvira Parra (2009-2012), Daniel Zapata (2012-2013) y Marco Antonio Aramayo, a quienes se acusa de una omisión absoluta de control y supervisión. Esta falta de fiscalización no solo derivó en un cuantioso daño económico al Estado, sino que activó una serie de procesos penales contra los principales administradores de la entidad.

Desembolsos sin control y el fracaso de la ejecución

Los proyectos cuestionados, aprobados entre 2010 y 2011, recibieron desembolsos iniciales que alcanzaron entre el 90% y el 100% de su financiamiento total. Esto se tradujo en la transferencia de 71 millones de bolivianos directamente a cuentas personales en la banca privada. Pese a que los plazos de ejecución oscilaban entre los 6 y 18 meses, ninguno de estos proyectos fue concluido ni presentó informes de avance, habiendo vencido sus términos hace años.

El entonces contralor Gabriel Herbas reveló una ausencia absoluta de documentación y supervisión técnica: de los 3.462 proyectos aprobados globalmente entre 2010 y 2013, solo uno cumplió con todos los requisitos de cierre y entrega formal. Asimismo, se detectó una marcada concentración en la asignación de recursos: las organizaciones del Pacto de Unidad (CSUTCB, Bartolinas e Interculturales) fueron las principales beneficiarias, captando el 76% del total de los fondos del Fondo Indígena.

Tipificación de delitos y daño patrimonial

Tras los hallazgos de la auditoría, la Contraloría General del Estado (CGE) estableció que las irregularidades se encuadraron en los siguientes tipos penales: Incumplimiento de deberes, Contratos lesivos al Estado, Incumplimiento de contratos y Conducta antieconómica. De acuerdo con el informe oficial, el daño económico total causado al Estado boliviano ascendió a Bs 71.087.750,89.

De la intervención del FDPPIOYCC a la creación del FDI

Como respuesta al escándalo, el gobierno de Evo Morales determinó el cierre de la institución original. El 26 de agosto de 2015, mediante el Decreto Supremo Nº 2493, se creó el actual Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), una entidad pública descentralizada bajo la tutela directa del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

Esta reestructuración supuso un cambio radical en el modelo de gestión: se disolvió el directorio compuesto por las ocho organizaciones matrices y el control pasó a manos del Estado. Si bien el Ejecutivo justificó la medida como un paso necesario para «sanear» la administración, dirigentes del CONAMAQ orgánico denunciaron la pérdida definitiva de su autonomía y el desvío de los propósitos originales del fondo. En la actualidad, los recursos del FDI ya no se entregan a dirigentes, sino que se canalizan exclusivamente a través de los gobiernos municipales del país.

El proceso contra Lidia Patty

El 4 de diciembre de 2025 se formalizaron las acusaciones contra la exdirigente Lidia Patty, señalada por presuntamente inflar al 80% el avance presupuestario de ocho proyectos comunitarios que, en la práctica, solo registraban un avance real del 50%. Esta discrepancia habría generado un daño económico al Estado de al menos un millón de bolivianos. «Se ha secuestrado todo el proyecto en si, donde se ha establecido que la señora Lidia (Patty) ha sido beneficiada con depósitos a su cuenta privada (…) se ha establecido que ella habría recibido más de 700.000 bolivianos», aseveró el fiscal Miguel Ángel Cardozo.

La detención de Luis Arce y las acusaciones ministeriales

En el marco de las investigaciones por el caso Fondo Indígena, Luis Arce fue enviado a prisión preventiva por cinco meses en el penal de San Pedro. Como exministro de Economía (2006-2019), se le sindica por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y malversación de fondos.

La Fiscalía centra sus pesquisas en su rol dentro de las autorizaciones que permitieron el desembolso de Bs 71 millones destinados a 153 proyectos «fantasma». Se investiga si, desde su despacho, se facilitaron transferencias irregulares a cuentas bancarias privadas de dirigentes sociales sin que existiera una ejecución física de las obras ni la fiscalización debida de los recursos públicos.

Debido a que las investigaciones se centran en su gestión como ministro de Estado y no por su ejercicio en la presidencia, el proceso se investiga en la justicia ordinaria y no mediante un juicio de responsabilidades. Los fundamentos legales de esta distinción técnica fueron analizados a detalle por Bolivia Verifica en el siguiente artículo:

Aprehensión de Arce: constitucionalistas descartan fuero y avalan proceso ordinario