Según el análisis del debate en redes sociales realizado por Bolivia Verifica, la atención en el tema se concentró en los medios de comunicación, sobre todo de Santa Cruz. El periodista Tuffí Aré y la diputada por Creemos, Ma. René Alvarez fueron los principales influenciadores en el debate

Isabel Mercado, periodista

Contexto

A 160 kilómetros de Santa Cruz, en el municipio Ascención de Guarayos, se encuentra el predio Las Londras.

En esos terrenos, de aproximadamente 8.312 hectáreas, el 28 de octubre de 2021 se produjo un incidente violento, en el que un grupo de 17 personas, compuesto por periodistas, civiles y policías, fueron emboscados, secuestrados y torturados durante más de seis horas, por un grupo de encapuchados armados, que les dieron encuentro durante una visita que se realizaba al lugar.

Dicha visita era producto de un conflicto que se venía dando en la zona, producto del reclamo de interculturales (que se presentaban como campesinos) y empresarios por el uso y propiedad de Las Londras y aledaños.

La disputa estaba siendo dirimida por el INRA, que se encontraba realizando el proceso de saneamiento de esas tierras; es decir que las mismas no podían ser de propiedad ni de los empresarios ni de los colonizadores, y que su ocupación –tanto por un bando como por el otro-constituía un avasallamiento.

A ello se añade que este territorio es parte de la reserva forestal Guarayos, por lo que todo tipo de asentamiento humano o uso agropecuario está terminantemente prohibido; es decir, resulta imposible que el INRA haya otorgado a ninguno de los dos grupos en disputa, derechos propietarios.

Con este contexto, días antes de los hechos violentos, los empresarios denunciaron que los interculturales habían tenido un acercamiento con el INRA y que ante la posibilidad de que esta institución declare el terreno en disputa como tierras fiscales, se había procedido al avasallamiento y luego a las agresiones al grupo de visitantes, como forma de amedrentamiento.

Posterior al secuestro, se conocieron imágenes en las que se veía al director del INRA de la departamental Santa Cruz, Adalberto Rojas, llegar a Las Londras y ser recibido por quienes días antes habían protagonizado las agresiones, en medio de abrazos y aplausos. Rojas negó conocer a los avasalladores.

Hasta la fecha, a cuatro meses de los hechos y luego de que las investigaciones han determinado nombres y apellidos de los protagonistas de los delitos, y se han emitido órdenes de aprehensión contra los mismos, solo han sido detenidas dos personas.

Hace una semana, el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Guarayos, Roberto Cruz Hurtado, dispuso la detención preventiva por seis meses en la cárcel de Okinawa, de Paulino Camacho, segundo detenido en el caso Las Londras; no obstante, retiró el delito de tentativa de homicidio a pesar de la existencia de imágenes donde se ve al acusado amenazar con un arma.

El primer detenido fue Heber Sixto Canaza, sindicado de liderar al grupo armado que secuestró a la comitiva. Canaza se encuentra con detención preventiva de seis meses desde el pasado 25 de noviembre.

Las entidades de la prensa protestaron reiteradamente pidiendo celeridad en la investigación y sanción de estos hechos que atentan contra la seguridad de las personas y la libertad de expresión. Luego de que se conociera la posibilidad de que el primer detenido y líder del secuestro, Heber Canaza solicitar su liberación, los periodistas denunciaron parcialización de las autoridades con los secuestradores.

Debate en redes sociales

Facebook y los medios de comunicación

Según la herramienta Newswhip, desde el 29 de octubre de 2021 (fecha en la que se produjeron los hechos) hasta el 25 de enero de 2022, los medios de comunicación compartieron 290 post en Facebook sobre el caso Las Londras, informando los acontecimientos y las principales repercusiones del caso.

Se dio un total de 95, 774 compartidos de estos post; 211,515 likes y 105,521 señales de descontento de los internautas de estos medios.

El diario El Deber fue el medio que más contenido compartió sobre el tema en Facebook, seguido por la red Unitel.

Los tuits más comentados y compartidos

Varios actores sociales, políticos y de la prensa prestaron atención al tema y marcaron tendencia de opinión en torno al mismo.

El tuit más compartido y comentado, fue el del periodista Tuffí Aré (56.000 seguidores) en el que sostiene que “la Fiscalía imputó a 13 jóvenes arrestados por violencia en Plan Tres Mil y pide para ellos detención preventiva por seis meses, rigor que contrasta con la inacción para desbaratar al grupo armado y aprehender a involucrados en secuestro y tortura en Las Londras”.

Tres de los cuatro tuits sobre el caso desde el 28 de octubre de 2021 corresponden a Tuffí Aré. El tercero con más tráfico es uno del expresidente Carlos Mesa (660,930 seguidores), en el que señala que la policía manda efectivos para “proteger“ la marcha del MAS, mientras delincuentes en Las Londras toman rehenes y vejan a oficiales. “La institución policial, para el MAS, sólo sirve para reprimir opositores y escoltar masistas, no para servir a los ciudadanos”, sostiene en el post que generó 166 compartidos y alta polémica, sobre todo que cuentas afines al MAS.

Cabe destacar la poca actividad generada sobre el tema de otros actores políticos y sociales. A excepción del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, quien publicó un tuit para anunciar que la situación en Las Londras estaba siendo controlada y se procedería a las investigaciones. No hubo pronunciamientos destacados de ninguna autoridad política del MAS.

El gobernador de Santa Cruz también registró actividad en Twitter, especialmente durante los instantes posteriores al secuestro.

Sin embargo, como se advierte en este mapa de calor de la actividad en Twitter sobre el tema, los principales actores fueron los medios informativos.

Destaca el hecho de que el 41% de la cobertura se realizó en Santa Cruz, sede de los eventos. 25% correspondió a La Paz y 22% del interés en el tema se generó en Cochabamba.

Asimismo, sobresale la actividad en Twitter de la diputada María René Alvarez, representante de la región chiquitana por Creemos, quien se convirtió en una de las principales voces de denuncia.

Conclusiones

A cuatro meses de estos acontecimientos que preocupan a los trabajadores de la prensa, se ha visto poco interés de parte de la justicia y de las autoridades en el tema.

Si bien se registran dos detenidos, estos no han sido procesados ni sancionados por las causas que se demandan, y sobre el caso se cierne un manto de indiferencia, a pesar de las agresiones y amenazas que sufrieron los periodistas que acudieron a cubrir este avasallamiento.

El tema de tierras así como la parcialidad de autoridades con grupos de interculturales es evidente, así como la poca protección y garantías que se otorgan en Bolivia al trabajo de la prensa.