Un ministro y un dirigente fueron desautorizados para hablar del conflicto del censo en Santa Cruz y guardan silencio

A través de un comunicado, emitido también el 1 de noviembre, el Gobierno desautorizó al Ministro de Gobierno por sus declaraciones sobre el censo.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y el segundo ejecutivo de los Ponchos Rojos, David Cahuaya, fueron desautorizados por el Gobierno y por su organización social, respectivamente, por emitir declaraciones y advertencias relacionadas con el conflicto por el censo.

Ambos, Del Castillo y Cahuaya, expresaron posiciones respecto al diálogo por el censo y en desacuerdo con el paro cívico en Santa Cruz, que este viernes cumplió el día 14. Los dos fueron desmentidos por imprecisiones en sus declaraciones.

En el primer caso, Del Castillo dijo el 1 de noviembre que el censo no se podía realizar en 2023. Estas declaraciones no coincidían con el anuncio de diálogo que había hecho el vocero de Gobierno, Jorge Richter, para intentar resolver la crisis ese mismo día. El encuentro con el Comité Interinstitucional fue suspendido por la violencia en La Guardia. 

A través de un comunicado, emitido también el 1 de noviembre, el Gobierno desautorizó al Ministro de Gobierno por sus declaraciones sobre el censo en Santa Cruz.

“El censo se va realizar con los estándares internacionales, lo que no importa no es el día del censo sino el día en que se entregan los resultados y el Gobierno ya ha comprometido que en 2024 se entregarán los resultados y llegará la plata. Técnicamente es imposible hacer en 2023 y lo sabe el gobernador Camacho y todas las autoridades que ya es imposible”, dijo Del Castillo después de los enfrentamientos en La Guardia, donde hubo heridos y detenidos.

Las declaraciones referidas al censo por parte del ministro Del Castillo “no corresponden a la postura oficial del Gobierno nacional”, decía el comunicado, publicado en la cuenta oficial del Viceministerio de Comunicación.

Bolivia Verifica intentó obtener un pronunciamiento de Del Castillo sobre el tema, pero desde el Ministerio de Gobierno explicaron que no haría declaraciones sobre el punto.

El analista y constitucionalista, Julio Veizaga, dijo a Bolivia Verifica que el comunicado del Gobierno «dejó mal parado a Del Castillo, quien intentó oficiar a nombre del Ejecutivo en los problemas de Santa Cruz». 

Para el politólogo Juan Bosco las críticas al Ministro de Gobierno son una estrategia, una «especie de show mediático», en el que Del Castillo es duro con el MAS al igual que con el sector opositor. «No es que esté en contra del sector masista, es un absurdo que se está manejando como una estrategia política», añadió.

Declaraciones de David Cahuaya

En el segundo caso, el 31 de octubre, en plena plaza Murillo, el segundo ejecutivo de los Ponchos Rojos, David Cahuaya, declaró que ellos se alistaban para viajar a Santa Cruz, para sumarse al cerco y con esta medida exigir la renuncia del gobernador Luis Fernando Camacho. Sin embargo, el 1 de noviembre, el secretario ejecutivo de esa organización, Rudy Condori, desmintió que se preparen para ir al departamento cruceño.

“Nosotros ya estamos solicitando movilidades, por lo menos 50, si no renuncia en 24 horas (Camacho), estamos muy enojados y vamos a apoyar a todos los sectores de cuatro lugares que están cercando Santa Cruz, queremos mandar un saludo cordial y que tengan más fuerza para que cerquen Santa Cruz”, es parte de lo que dijo Cahuaya.

Al día siguiente, el secretario ejecutivo de los Ponchos Rojos de Omasuyos de La Paz dio entrevistas en varios medios para aclarar que el grupo que declaró en plaza Murillo no los representa:

“No es la representatividad de los Ponchos Rojos, en algún momento en la provincia Omasuyos decían que esos son los ponchos azules porque representan a un determinado partido político. (…) Este grupito que se presentaron ayer a nombre de los Ponchos Rojos no tienen ningún tipo de representatividad legítima ni legal en la provincia Omasuyos”, dijo en contacto con Radiocamba.com.

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Ambas declaraciones han sido dichas en el marco de los conflictos que ocurren en Santa Cruz, entre quienes piden el Censo para 2023 y quienes están contra el paro cívico indefinido. Actualmente, las medidas de presión continúan y no se llegó a un consenso.

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