Sobre Kailasa: Las autonomías indígenas no pueden negociar el alquiler de sus tierras por encima de la soberanía nacional

Representantes de un Estado ficticio que se autodenomina Kailasa llegaron a Bolivia con la intención de negociar el alquiler de grandes extensiones de tierra. Para ello, recurrieron a líderes de las naciones indígenas, quienes se tomaron prerrogativas que vulneran la Carta Magna.

La noticia de que los representantes del autodenominado Estado de Kailasa negociaron con pueblos indígenas de Bolivia el arrendamiento de grandes extensiones de tierras plantea una serie de dudas e interrogantes. Una de las más importantes, si la autonomía de los naciones indígenas les permite negociar acuerdos de este tipo que ponen en riesgo la propia soberanía del Estado boliviano. Expertos alertan que esto no solo es inconstitucional, sino altamente peligroso.

¿Cuál era el alcance de la negociación?

El 16 de marzo, el diario El Deber publicó un revelador reportaje con el que se supo que las naciones indígenas Baure, Cayubaba y Esse Ejja, de Beni y Pando, mantuvieron una serie de reuniones para cerrar contratos de arrendamiento con un grupo de extranjeros que decían ser representantes de un supuesto país que se hacía llamar Estados Unidos de Kailasa.

En la investigación se devela que —a cambio pagos anuales de grandes sumas de dinero y la conservación de la biodiversidad— las autoridades indígenas de estos territorios planeaban alquilar enormes extensiones de tierra de manera perpetua, además de proporcionarles seguridad, no intervenir en sus actividades y darles el control y dominio pleno del espacio terrestre y aéreo.

“La nación indígena brindará protección contra agresiones externas al territorio con sus servicios de defensa y Policía, cuando lo solicite Kailasa. Sin embargo, la nación indígena acepta que no habrá interferencia en los asuntos internos y ninguna fuerza de defensa, Policía o cualquier otra entidad administrativa. De acuerdo con la soberanía, la presencia de aeronaves de cualquier tipo en el espacio aéreo del territorio estará sujeta a la aprobación de Kailasa», es parte de lo que estaba escrito en los contratos.

El experto en temas de gestión pública, autonomías y desarrollo Eduardo Martínez explica que el Estado sí reconoce que los territorios que ocupan las naciones y pueblos indígenas son de su propiedad, incluso antes de la existencia del Estado Plurinacional y la República de Bolivia. Pero no se trata de una asignación al estilo de una propiedad privada, sino una asignación similar a la de una propiedad comunitaria.

La finalidad de este reconocimiento es fomentar y desarrollar la cultura, tradición y formas de hacer vida en comunidad de cada uno de estos pueblos; pero esta autonomía no implica que puedan alquilar o transferir sus territorios.

«Ese figura no incluye que se pueda transferir, traspasar o arrendar (territorio) a un tercero porque esto iría en contra del propio reconocimiento de lo que es un pueblo indígena. Va en contra del reconocimiento de su propiedad colectiva para poder desarrollar su cultura y su tradición», destaca el experto.

Según el artículo 296 de la Constitución Política del Estado (CPE), la gobernanza de los pueblos indígenas debe estar sujeta a la Carta Magna y la Ley de Autonomías. «El gobierno de las autonomías indígena originario campesinas se ejercerá a través de sus propias normas y formas de organización, con la denominación que corresponda a cada pueblo, nación o comunidad, establecidas en sus estatutos y en sujeción a la Constitución y a la Ley», estipula la normativa.

El artículo 30 reconoce los derechos de las naciones indígenas a la libre determinación y territorialidad, pero no todas están reconocidas como autonomías plenas. Martínez explica que de 400 territorios indígenas existentes en el país, entre 60 y 70 están en tierras bajas y el resto en tierras altas.

Las autonomías indígenas reconocidas por el Estado son ocho y estas pueden conformar gobiernos indígenas, pero sus prerrogativas no están por encima de las del gobierno central. Tienen la potestad de entablar negociaciones y convenios con instituciones, pero no al nivel que buscaron con Kailasa.

«Los pueblos indígenas, en el marco de su autodeterminación, y los gobiernos indígenas, en el marco de sus competencias, por supuesto que tienen capacidad de negociar y de hablar con otro, es importante que no se malentienda esto. Sin embargo, hay límites y esto es lo que ha pasado en este caso en particular», sostiene.

Además, un procedimiento regular de los gobiernos indígenas es la consulta previa a su comunidad, lo que tampoco sucedió, por tanto, incurrieron en faltas a sus propias normas.

El experto en materia diplomática Andrés Guzmán también alerta del peligro que conllevaba la posibilidad de entregarle al Estado ficticio de no solo tierras, sino la potestad de controlar el espacio aéreo.

«No pueden alquilarlo, no hay manera de que puedan disponer del espacio aéreo de Bolivia porque eso efectivamente está controlado por el nivel central y pondría en riesgo la soberanía nacional», sentencia.

Guzmán hace notar que no hay, como tal, una normativa específica que regule la posibilidad de que un pueblo indígena se permita alquilar un espacio o territorio a otro país, pero aclara que sí pueden llegar a un acuerdo con privados, siempre que no se vulnera la soberanía y las normas nacionales.

Por otro lado, advierte que, en caso de ser una estafa, no existe una instancia internacional a la que se pueda acudir para evitar engaños o iniciar algún proceso a los posibles estafadores internacionales.

El especialista en temas relaciones internacionales también explica que, para que una sociedad logre el estatus de país, es primordial que tenga el reconocimiento de otras naciones.

«La ONU es lo más cercano a una validación de reconocimiento internacional. Sin embargo, esto no le da potestad soberana a un Estado; lo que le da potestad o lo que le da esa atribución a un Estado es el reconocimiento de sus pares, es decir, que varios países lo reconozcan como Estado. Por ejemplo, Palestina es un Estado reconocido por varios países, pero no por toda la comunidad internacional», afirma.

¿Cuál es el interés de Kailasa? Análisis hay muchos al respecto, pero una de las explicaciones que más se socializa es que el ficticio Estado de Kailasa busca aprovecharse de los bonos verdes.

En entrevista con el portal Sumando Voces, el director ejecutivo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) Miguel Vargas declaró que la incursión de los representantes de Kailasa responde a un intento de captar bonos de carbono, con la finalidad de obtener fondos internacionales a cambio de mantener territorios verdes.

Por parte del Gobierno, la directora de Migraciones Katerine Calderón informó que recientemente se expulsó del país a 20 integrantes de Kailasa. Detalló que estas personas entraron por diferentes puntos del país en calidad de turistas, pero que luego buscaron asentarse en Bolivia en la región de Kayubaba, por lo que se determinó sacarlos de manera definitiva.