Pueblo fantasma y sobreprecios, los casos destapados detrás del Fondo Indígena
De acuerdo a la investigación de la Contraloría, el daño al Estado asciende los 71 millones de bolivianos.
El caso de corrupción dentro del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas (FDPPIOYCC) que conllevó a la aprehensión de la exdiputada Lidia Patty y el expresidente Luis Arce relevó artimañas insólitas utilizadas para desfalcar al Estado. Aquí te lo contamos.
El caso del «pueblo fantasma» de Coroxa
Uno de los episodios más emblemáticos del desfalco fue la acusación contra el senador del MAS, Jorge Choque Salomé, por la presunta invención de una comunidad inexistente denominada Coroxa (o Curuxa) con el fin de desviar recursos del fondo. Según las investigaciones, la entidad le habría desembolsado aproximadamente Bs 6 millones para proyectos de «desarrollo integral» en dicha zona; sin embargo, se constató que la comunidad no figura en los registros geográficos ni demográficos.
Choque Salomé fue procesado en 2015 por la falta de descargos sobre el uso de más de cuatro millones de bolivianos destinados a diversos proyectos bajo su cargo que nunca fueron ejecutados. Los fondos fueron transferidos directamente a su cuenta bancaria personal durante su etapa como dirigente de la Federación de Trabajadores Campesinos «Túpac Katari».
Pese a la gravedad de los cargos, el legislador fue beneficiado con detención domiciliaria y otras medidas sustitutivas. Ante esto, el exdiputado Rafael Quispe solicitó formalmente la revocatoria de dichas libertades, argumentando que el senador incumplió las condiciones dispuestas por la autoridad judicial, evadiendo así un control riguroso sobre el daño económico causado (1, 2).
El escándalo de las ovejas «cara negra»
Felipa Huanca, entonces candidata del MAS a la Gobernación de La Paz y secretaria ejecutiva de la Federación «Bartolina Sisa», se vio envuelta en una fuerte polémica por la entrega de ovejas de raza «cara negra». Estos ejemplares son valorados por su lana de alta calidad y su resistencia a climas extremos; sin embargo, el proyecto «Ayni Productivo» terminó en denuncias de fraude.
Comunarios de la localidad de Cochinitos (La Paz) denunciaron que los animales entregados eran de contrabando y que la mayoría se encontraba en mal estado de salud. La acusación central apuntó a un presunto favorecimiento a un proveedor local: las ovejas habrían sido adquiridas en Lahuachaca por un valor de Bs 600 cada una, pero facturadas al Fondo Indígena por Bs 1.200, duplicando así su costo real bajo el pretexto de que eran importadas de Perú.
Ante las observaciones de la Contraloría General del Estado, Huanca defendió su gestión asegurando contar con los informes de descargo correspondientes. Sin embargo, generó controversia al declarar que planeaba utilizar el saldo restante del proyecto para la publicación de un libro sobre la historia de la organización Bartolina Sisa, en lugar de reintegrar los fondos o destinarlos a la producción agropecuaria (1, 2, 3).
Marco Aramayo: siete años de detención preventiva
Marco Antonio Aramayo, exdirector ejecutivo del FDPPIOYCC entre 2013 y 2015, protagonizó uno de los episodios más controvertidos en la historia judicial de Bolivia. A diferencia de otros implicados, Aramayo fue quien inicialmente denunció ante la Contraloría las graves irregularidades que detectó en el manejo de los recursos del Fondo apenas asumió el cargo.
Sin embargo, en un giro paradójico, fue aprehendido en 2016 y sometido a una detención preventiva que se prolongó por siete años. Durante este periodo, su situación jurídica alcanzó niveles extremos de complejidad: enfrentó un total de 256 procesos judiciales simultáneos (1, 2). Estas causas, que incluían cargos por incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado, fueron calificadas por analistas y organismos de derechos humanos como una clara muestra de persecución judicial y retardación de justicia.
El asedio legal y las precarias condiciones de su encierro provocaron un deterioro irreversible en su salud. Marco Antonio Aramayo falleció en abril de 2022, a los 54 años, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en una unidad de terapia intensiva en La Paz. Murió bajo custodia estatal y sin haber recibido una sentencia ejecutoriada en ninguno de los múltiples casos que se le imputaban, convirtiéndose en un símbolo de las profundas deficiencias del sistema penal boliviano.
@telebolivia1 ¡LO DIJO JOHN ARANDIA! «Yo, Jhon Arandia, a través de Fides, le propongo a las autoridades judiciales reabrir el caso de Marco Aramayo, para clarificar su muerte» , sostuvo John Arandia Periodista esto debido a que esta mañana el hijo de Marco Antonio, reveló que su padre llegó al Hospital General «ENV3NENADO» y que luego un centro privado confirmó el hecho, nadie quiso dar los informes, ya que temían por los que estaban en el poder. Cabe mencionar que Aramayo, fue quién denunció el desfalco millonario del #FondoIndígena, y lo paradojico de esto, de denunciante paso a ser el denunciado. A él fue al que enjuiciaron, encarcelaron, humillaron, vulnerando totalmente todos sus derechos y privandolo de atención médica. #MarcoAramayo, murió en lamentables y sospechosas condiciones después de haber quedado en coma, con más de 256 procesos el 2022 en el gobierno de #LuisArce ♬ sonido original – @telebolivia
Consecuencias de su deceso y el legado de la denuncia
La muerte de Marco Antonio Aramayo, sin una resolución legal definitiva, reavivó las críticas internacionales sobre las deficiencias del sistema judicial boliviano. Tanto su familia como organismos de alto nivel, entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, exigieron una investigación rigurosa que no solo esclareciera el desfalco, sino también las presuntas torturas y tratos degradantes sufridos por el exdirector durante sus siete años de reclusión. Antes de su fallecimiento, Aramayo dejó un testimonio clave a través de escritos realizados en prisión, donde señalaba a altas figuras del Ejecutivo con responsabilidad directa en la quiebra del Fondo (1, 2).
Responsabilidades señaladas y el fracaso en la recuperación de fondos
El escándalo, que estalló en 2015, expuso un esquema sistemático de desvío de recursos destinados al desarrollo rural. Aramayo —quien fue posesionado en el cargo en 2013 por el entonces ministro de Economía, Luis Arce— reveló en 2016 que la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, autorizó el desembolso de 575 millones de bolivianos bajo condiciones irregulares. Al momento de abandonar su cargo, Aramayo ya se encontraba asediado por más de un centenar de procesos judiciales que, tras su muerte, quedaron en un limbo procesal (1, 2).
A pesar de la magnitud del daño económico y los años de litigio, los resultados financieros para el Estado son mínimos. Hacia finales de 2022, se reportó que el Estado boliviano solo había logrado recuperar el 0.8% del total de los fondos desviados, dejando la mayor parte del patrimonio público perdido y el caso con una profunda sensación de impunidad.
Instrumentalización judicial y revelaciones póstumas
El caso de Marco Antonio Aramayo ha sido citado de forma recurrente como un ejemplo emblemático de la sumisión del Órgano Judicial ante el poder político. Tras su fallecimiento, las acusaciones vertidas en sus escritos y testimonios carcelarios cobraron una relevancia renovada. Antes de morir, el exejecutivo señaló públicamente que altos funcionarios de la época —incluyendo a varios ministros de Estado— no solo tenían pleno conocimiento de los desembolsos irregulares, sino que participaron activamente en su aprobación. Estas revelaciones han motivado a su familia a exigir que la Fiscalía amplíe la investigación a todos los niveles de jerarquía, buscando un esclarecimiento que hasta ahora parece incompleto.
Presiones desde la cúpula: El testimonio del exfiscal Saravia
La denuncia de manipulación política cobró aún más fuerza con las revelaciones del exfiscal del caso, Anghelo Saravia. En declaraciones a la red ERBOL, Saravia detalló la existencia de presiones directas provenientes del entorno más cercano a Evo Morales para evitar a toda costa la detención de la exministra Nemesia Achacollo.
Según el exfiscal, recibió llamadas de figuras de alto peso político como el propio Morales, el entonces ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño. El testimonio más crudo de esta intervención fue la advertencia del entonces fiscal general, Ramiro Guerrero, quien le habría exigido tajantemente: «Suelta a Nemesia, o tu cabeza y la mía vuelan». Estas declaraciones exponen la fragilidad de la justicia frente a la protección de figuras clave del oficialismo involucradas en el desfalco millonario.
El caso sigue abierto y aún se investiga a exautoridades. Entre ellas la exdiputada Lidia Patty y el expresidente y exministro de Economía Luis Arce Catacora.
