Proyecto de ley sobre DDHH vulnera convenciones internacionales que protegen la libertad de expresión

La libertad de expresión, que se pone en riesgo con la aprobación de la norma, está reconocida como un derecho humano y también es parte de convenciones internacionales. El Gobierno afirma que el ejercicio de esta facultad “está garantizado”.

David Ovando
Un nuevo proyecto de ley presentado por el Gobierno del presidente Luis Arce se contradice en sus principios, ya que su objetivo es cumplir compromisos internacionales sobre derechos humanos, pero en uno de sus apartados pone en riesgo la libertad de expresión en Bolivia, protegida por convenciones internacionales.

La normativa ya ha generado reacciones de las organizaciones de periodistas de todo el país que alertan sobre la probable vulneración de derechos si la norma es aprobada.

En concreto, el parágrafo III del artículo 281 (VII), del proyecto de Ley 305 de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos es el que genera preocupación.

Esta norma dice:

I. Será sancionada con pena privativa de libertad de tres (3) a siete (7) años la persona que por cualquier medio:
a) Difunda ideas basadas en la superioridad racial;
b) Promueva y/o justifique el racismo toda forma de discriminación;
c) Pronuncie o difunda discursos de odio fundados en motivos racistas o discriminatorios;
d) Incite a la violencia o a la persecución de personas o grupos de personas por motivos racistas o discriminatorios;
II. La sanción será agravada en un tercio en el mínimo y una mitad en el máximo, e inhabilitación de uno (1) a tres (3) años, cuando el hecho sea cometido por una servidora o servidor público cualquiera sea su rango o jerarquía
III. Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno.

Este último parágrafo es el que ha activado las alertas de expertos y de trabajadores de la prensa. Según el análisis de los gremios, el mencionado parágrafo del proyecto de ley vulnera la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Imprenta.

Para la oposición, si la norma entra en vigencia incluso significará el fin de la Ley de Imprenta ya que será un ente distinto el que juzgará si periodistas y dueños de medios han cometido el delito que se les atribuya.

“Inconvencional”

Para el abogado y especialista en materia de libertad de expresión de la Red de Apoyo y Protección a Periodistas (RAPP), Ramiro Orias, el mencionado proyecto de ley es inconstitucional y también, si así se le puede llamar, “inconvencional” ya que no solo va en contra de la CPE boliviana sino también de convenciones internacionales sobre derechos humanos y libertad de prensa.

Asegura que se excede en la tipificación de los delitos de incitación al odio con mensajes de discriminatorios o racistas. Orias agregó que la norma es además “vaga, ambigua e imprecisa” y, en ese sentido, puede dar lugar a interpretaciones que busquen juzgar a periodistas y medios de forma indiscriminada.

Por su lado, el constitucionalista Julio Veizaga dijo que se debe aclarar que la Ley de Imprenta es una Ley Especial que reconoce inmunidad a favor de los periodistas para que sean juzgados por un jurado de imprenta.

“No pueden ser llevados a tribunales penales ordinarios para su juzgamiento por delitos de imprenta. El proyecto de ley, referido al parágrafo III del artículo 281 suprime la inmunidad establecida por la Ley Especial. La parte final del artículo 15 de la Ley del Órgano Judicial establece que la Ley Especial será aplicada con preferencia a la ley”, explicó el jurista.

Veizaga sostiene que el tema de racismo y toda forma de discriminación ya está regulado por Ley 045 Contra toda Forma de Racismo y Discriminación. Por tanto, no se justifica aprobar otra ley. Desde luego, es una ,forma solapada para cancelar el fuero de los periodistas fijado por la Ley de Imprenta. Constituye una afrenta del sistema político contra la libertad de expresión, de pensamiento y de opinión en Bolivia, sentenció.

La presidenta de la Asociación Nacional de la Prensa Nacional de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes, anunció que su sector ha convocado a una reunión nacional para emitir un pronunciamiento nacional en los próximos días.

“Hemos advertido este tipo de iniciativas responde a un plan político el Gobierno quien dijo que la libertad de prensa es una amenaza al modelo de su gobierno”, explicó Alanes

Por su parte, el ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) Jorge Ábrego explicó a Bolivia Verifica que su sector no cederá ni un milímetro en la lucha por la libertad de expresión, porque en ella se consagra los valores de la democracia.

“Nos nos van a imponer leyes ajenas a la libertad de expresión, ni la libertad de prensa”, sentenció.

“Cancelar” la Ley de Imprenta

La CSTPB, uno de los entes que se ha pronunciado, asegura que si es aprobada, la ley de “Cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos” vulnerará la vigencia de la Ley de Imprenta consagrada en la CPE y en una serie de normas y tratados internacionales que garantizan el ejercicio de la libertad de expresión y opinión.

“Denunciamos ante la opinión pública, la intención del Gobierno de turno de aprobar el Proyecto de Ley 305 para imponer una ‘ley mordaza’ cancelando la Ley de Imprenta al incorporar en dicho proyecto tribunales ordinarios, penales, desconociendo nuestro derecho de proteger la vigencia de los tribunales de imprenta, para procesar a los periodistas que se encuentran en el ejercicio de sus funciones”, señaló la CSTPB.

La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), en tanto, aseguró que el artículo cuestionado está destinado a atemorizar a los periodistas.

“No es que los periodistas estemos en contra de la lucha contra la discriminación y el racismo, porque además todo ello ya está establecido en la Constitución. El problema es que esas figuras son tan vagas que pueden ser utilizadas contra los periodistas, peor aun considerando que jueces y fiscales son en los hechos trabajan como si fueran funcionarios del Ejecutivo”, expresó su presidente, Raúl Peñaranda.

La ANPB y las nueve asociaciones departamentales de periodistas expresaron su rechazo al proyecto de ley porque consideran que el artículo 281 vulnera la Constitución al pretender establecer que los trabajadores y propietarios de medios de comunicación no pueden alegar ningún fuero si cometen delitos de difusión e incitación al racismo o a la discriminación.

El Gobierno afirma que garantiza la libertad de prensa

El Gobierno de Luis Arce se pronunció en sentido de que garantiza la libertad de prensa. Así lo dijo la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, tras señalar que el anteproyecto de la “Ley 305 de Cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos” está en proceso de socialización y análisis.

Alcón señaló que el Gobierno, desde las distintas carteras de Estado, ha accionado todos los mecanismos legales para que se respete, “siempre”, la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas y comunicadores.