Migración venezolana en Bolivia: Ante un Estado distante y fuera de las propuestas de Gobierno

La migración venezolana en Bolivia avanza mucho más rápido que las políticas de integración por parte del Estado. Pese a ser una población en crecimiento, ningún partido ha incluido en sus planes de Gobierno una propuesta que beneficie a esta población

Migrantes venezolanos en una calle de La Paz. Foto: Le Matin

Por María Silvia Trigo

Hay muchas cosas que no se saben de la población venezolana en Bolivia. Un estudio dice que son cerca de diez mil las personas que están en el país, pero no hay un censo ni un registro oficial sobre ellas. Lo que sí se sabe es que es una comunidad que está creciendo, que quienes llegan sin documentos tienen dificultades para legalizar su permanencia, porque es muy cara y piden muchos requisitos, y que éste es el origen de muchos obstáculos posteriores: sin papeles no pueden acceder a servicios de salud, de educación ni vivienda. Pero no solo pierden ellos, pierde también el país: hay muchos profesionales –médicos entre ellos- que no pueden prestar sus servicios. Es una población en crecimiento que necesita atención del Estado y sin embargo no figura, ni de pasada, en ningún plan de Gobierno.

El flujo de venezolanos en América Latina enfrenta inconvenientes debido a las políticas migratorias que han implementado en algunos países y son cada vez más rígidas. En ese contexto, Bolivia ha dejado de ser un país de tránsito para convertirse en un lugar de destino en los últimos dos años. Y a pesar de que existen leyes que favorecen a las comunidades migrantes y a los refugiados, todavía son insuficientes.

Si bien no hay cifras oficiales, un estudio de la Organización de Estados Americanos señala que hay 10.000 migrantes y refugiados venezolanos en Bolivia, y esta cifra está en aumento. En 2018 y 2019, hubo 15 veces más solicitudes de refugio que en años anteriores y el 86% de fueron realizadas por venezolanos. El organismo recomienda mejorar las políticas migratorias y reactivar la aprobación de solicitudes de refugio.

“Bolivia es un país acostumbrado a que las personas salgan, pero es un país que no tiene una cultura de recepción de migrantes o no en tanta cantidad. No hay políticas públicas que este pensadas o hayan considerado esta población, no porque no se haya querido sino porque no se tuvo que vivir esta realidad”, explica Andrea Llopreti, oficial de protección de Unicef.

Desde mediados del siglo pasado, Bolivia ha suscrito algunos acuerdos internacionales de protección hacia los migrantes e incluye en la Constitución Política del Estado (2009) el reconocimiento a los derechos de las personas refugiadas y en 2012 se sancionó una ley en su beneficio.

Sin embargo, la migración venezolana avanza más rápido que la normativa. En enero de 2020 se aprobó una resolución que permite facilitar la permanencia de niños que llegan sin documentos: se acepta cómo válido una copia simple del certificado de nacimiento o un documento de identidad vencido.

Mira, en esta linea del tiempo, algunos avances normativos a favor de los migrantes: 

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Dificultades que encuentran

El principal escollo que encuentra un venezolano en Bolivia es el tema de la documentación y de regularizar su permanencia. Muchos salen de su país sin tener los documentos de identidad al día porque el costo de renovación es muy alto o porque no les da el tiempo: la crisis los obliga a abandonar su casa de un día para otro.

Según Jhonny López, que vive hace doce años en el país y es representante de la comunidad, el precio para regularizar la estadía en Bolivia es muy alto y, a diferencia de otros países, no hay instituciones humanitarias que asuman los costos. Además piden una serie de requisitos que hacen más lento y caro el proceso.

La falta de documentación les impide recibir beneficios del Estado pero también dar un aporte: no pueden tener educación, un tratamiento de salud o acceder a una vivienda como tampoco pueden trabajar ni prestar servicios al país de manera formal. “Con una cédula de identidad, los venezolanos también podrán trabajar. Hay muchos médicos y profesionales en general pero se los ve impedidos de trabajo porque no tienen documentos”, explica López.

Con él coincide Marco Antonio Arandia, un ex oficial de Migración que actualmente brinda asistencia legal en la Pastoral de Movilidad Humana de Cáritas, en Cochabamba. Arandia señala que si bien este año hubo un gran avance al flexibilizar los requisitos para registrar a menores de edad, los costos para obtener una visa de permanencia definitiva son muy altos y la falta de este documento les impide desarrollar su vida en plenitud.

Por otro lado, Arandia y López identifican otro problema: la ruptura de relaciones diplomáticas entre Bolivia y el gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela, lo que dificulta que la comunidad realice trámites administrativos con su embajada.

Invisibilizados de las propuestas

El éxodo venezolano es un fenómeno que ha ocupado a varios países de la región en los últimos años excepto a Bolivia, que fue un país de tránsito y que de a poco se convierte en uno de destino. Pese a que la comunidad está en crecimiento, ningún plan de Gobierno de los siete partidos que quedan en carrera hacia la Presidencia ha incluido una propuesta concreta para esta comunidad: no se propone un censo, ni facilidades de registro, ni políticas de integración, ni mecanismos de inserción laboral, nada en absoluto.

Pese a que no hay ninguna propuesta escrito sobre ellos, Bolivia Verifica consultó a los tres candidatos que lideran las encuestas qué políticas públicas se podrían proponer para esta comunidad. Desde el Movimiento Al Socialismo, partido que postula a Luis Arce a la Presidencia, se remitieron a un proyecto de la gestión de Evo Morales denominado “Agenda patriótica 2020 – 2025” que en uno de sus puntos habla de “fortalecer acuerdos de integración entre pueblos y comunidades” pero no dice nada concreto.

El equipo de Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana y segundo en las encuestas, explicaron que uno de los puntos de su plan de gobierno, sobre la defensa y cumplimiento de los derechos humanos, desde la Defensoría del Pueblo, incluye a la comunidad migrante.”Entendemos que la población migrante, especialmente los que ingresan al país de manera ilegal y los que se trasladan por graves crisis económicas, sociales o políticas en sus países de origen, se encuentra entre los grupos vulnerables y sufren persecución, explotación y abusos de toda índole” explicaron y añadieron que se ha planteado la necesidad de “devolver” a la Defensoría del Pueblo el rol constitucional de vela por los derechos de todos, especialmente de las poblaciones vulnerables entre las que se encuentran los migrantes de todos los países.

En tanto, desde la alianza Creemos, cuyo candidato Luis Fernando Camacho es tercero en los sondeos de intención de voto, manifestaron que respetarán las normas para los que soliciten refugio, pero quienes entren “irregularmente” y no apliquen para asilo o refugio “serán devueltos a sus país de origen”.

Mientras se esperan normas que les faciliten la regularización y ofrezcan igualdad de condiciones para su plena integración en el país, son las organizaciones de la sociedad civil quienes se están ocupando de prestar asistencia a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Instituciones como la Iglesia Católica, la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea tiene programas de cobertura de necesidades básicas, apoyo psicosocial y jurídico, entre otros.

Siempre hay gente que da una mano

Ante la burocracia y los costos para regularizar la permanencia en Bolivia, hay gente dispuesta a hacer de este país un mejor lugar para los migrantes.

Hayderisbeth Adans es una mujer venezolana de 23 años que llegó al país sin documentos, tiene dos hijos y uno más en camino. El mayor es venezolano y tiene una cédula de identidad de su país pero la menor, que ahora tiene nueve meses y nació en La Paz, no está registrada.

La bebé nació en un hospital público gracias a que Hayderisbeth logró inscribirse al Sistema Único de Salud con la ayuda de una enfermera. “En La Paz no me querían registrar, luego fui a un pueblito de Los Yungas, donde la gente es muy buena, y una enfermera me ayudó”, relata. Ahora está en Tarija y el sistema de salud le permitirá tener a su tercera hija en un hospital, y no debería sufrir ningún problema por su nacionalidad y la falta de documentos.

“El acceso a salud varía de región en región, pero normalmente (los venezolanos) tienen que ir acompañados por la sociedad civil porque sino son rechazados”, explica Llopreti, de Unicef. El acceso al SUS, que es universal y no hace distinción por nacionalidad, en la práctica “también es complicado”.

Lo mismo ocurre con el acceso a la educación. Si un menor de edad no tiene documentos, no puede ser inscrito en el colegio. Sin embargo, gracias a la mediación de organizaciones que trabajan con migrantes, se ha logrado en algunos casos que se les permita asistir a clases pero no son registrados hasta no regularizar sus papeles, lo que les impide acceder a bonos u otros beneficios.

Durante la cuarentena por la pandemia muchas cosas se han complicado para los venezolanos migrantes. Armando, un joven casado y con una hija de meses, tenía pensado poner un puesto ambulante de comida tradicional pero su proyecto está cada vez más lejos: ahora vende barbijos para poder pagar el alquiler de la pieza en la que vive y su esposa sale en las mañanas a vender arepas. “Pagamos el alquiler por día, pero ahora se hizo muy difícil. Hay días que el dueño de casa no nos cobra y otros que nos cobra, pero menos”, relata.

Una mujer migrante junto a su hijo. Foto: La Prensa Táchira

Mirando hacia adelante

El no poder legalizar la permanencia en el país es el punto de origen de muchos problemas que enfrenta la comunidad venezolana en Bolivia. Para Jhonny López, lo primero que se debería hacer para atender este tema es realizar un censo de la población migrante. “El próximo gobierno debería identificar a cada extranjero que está en su país”, afirma López.

Una vez registrados se debería facilitar la legalización de la permanencia y de esa forma ganarán los todos: el migrante y el Estado. El primero porque podrá gozar de la plenitud de sus derechos como merece todo ciudadano y el segundo porque tendrá conocimiento de quienes habitan su territorio y podrá integrarlos de forma ordenada como miembros activos, con derechos y deberes, a su sociedad. A nadie le conviene que haya gente viviendo en los márgenes de la legalidad.

*Este proyecto fue trabajado en el marco del curso Puentes de Comunicación de la Deutsche Welle y Efecto Cocuyo