Linchamientos y violencia sexual contra niños desata indignación ciudadana en Bolivia
Bolivia detenta índices alarmantes de violencia sexual contra menores de edad, y es uno de los países donde el linchamiento es un recurso frecuente que se confunde con justicia comunitaria. Un caso unió ambos problemas esta semana y generó reacciones en las redes sociales.
Isabel Mercado, periodista. Bolivia Verifica para Sala de Democracia Digital (Fundación Getulio Vargas)
Con una camiseta y chinelas y a toda prisa. Así fue trasladado de Santa Cruz a La Paz, Miguel Ángel Salazar (24 años), después de ser salvado de ser linchado por sus vecinos en Yapacaní, Santa Cruz. El joven se encontraba detenido después de que se lo acusara, junto a sus tres hermanos de abusar sexualmente a un niño de 10 años. El niño, que durante dos años habría sido objeto de los abusos, contrajo VIH-sida y actualmente se encuentra en estado de coma.
El individuo ha sido trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, debido a los riesgos que corría su vida después de que los pobladores de la localidad donde se produjeron los abusos, pretendían tomar justicia por mano propia. La madre del niño pidió ayuda a la población de Yapacaní para atender a su hijo y rogó que se haga justicia con su caso; contó además que el niño está traumatizado por la violencia de la que fue objeto.
Los agresores son cuatro hermanos vecinos del niño. Dos son menores de edad, de 15 y 17 años, mientras que los otros dos tienen 23 y 28. El hombre de 28 años falleció el año pasado por sida.
Los cuatro hermanos tienen antecedentes criminales, de uso de armas y consumo de drogas, pero no habían sido procesados por abuso sexual a pesar de los antecedentes. Se presume que habría al menos otra víctima de estos abusos en Yapacaní.
Linchamientos y abusos, dos problemáticas recurrentes
La crisis de la justicia boliviana tiene entre algunas de sus consecuencias la falta de credibilidad de la población y el sentimiento de orfandad ante crímenes y delitos recurrentes. Bolivia es uno de los países donde los linchamientos suceden con mayor frecuencia. Solamente en lo que va del año, se han registrado públicamente cuatro casos de intentos de ajusticiamiento, todos ellos tienen que ver con poblaciones enardecidas que deciden tomar la justicia en sus manos para ejemplarizar a delincuentes y ante la ausencia de estado de derecho en su contexto. La ausencia de fuerzas policiales en muchos municipios y zonas del país, propicia estos actos.
El derecho fundamental a la vida está garantizado por la Constitución Política del Estado, los instrumentos internacionales de derechos humanos, y su privación por mano propia constituye un delito sancionado por la legislación penal vigente. En 2013, el Comité de Derechos Humanos recomendó a Bolivia “tomar medidas urgentes para garantizar que los linchamientos sean investigados sin demora, que los autores sean enjuiciados y sancionados debidamente, y que las víctimas reciban una reparación adecuada.
El Estado debe fortalecer la participación de la Policía y del Ministerio Público en la persecución y prevención del delito, y reforzar las campañas de prevención y sensibilización incluyendo al ámbito escolar y los medios de comunicación”.
Con todo, la sensación de desprotección y ausencia de justicia es especialmente creciente por los elevados índices de violencia contra mujeres y niños en el país. En el primer trimestre de 2022 hubo 611 casos de violaciones a infantes, niñas, niños y adolescentes en toda Bolivia. Esa cifra refleja un promedio de siete agresiones sexuales a menores de edad cada día, siendo una de las cifras más altas de los últimos años a nivel nacional.
La Ley 548 del Código Niña, Niño y Adolescente menciona que “las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir, desarrollarse y educarse en un ambiente de afecto y seguridad en su familia de origen o excepcionalmente, cuando ello no sea posible o contrario a su interés superior, en una familia sustituta que le asegure la convivencia familiar y comunitaria”.
En el artículo 318. (Corrupción de Niña, Niño o Adolescente), sostiene que “el que mediante actos libidinosos o por cualquier otro medio, corrompiera o contribuya a corromper a una persona menor de dieciocho años, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a ocho años”.
Sin embargo, la violencia contra niños y niñas ha crecido desmesuradamente en tiempos de pandemia. El segundo delito más denunciado en 2021 fue el abuso sexual con 2.638 casos; le sigue la violación con 2.249, violación a niñas, niños o adolescentes con 2.078 casos y el estupro con 1.548, según datos difundidos en un comunicado de la Fiscalía General del Estado.
Esto ha supuesto una señal de alerta para la sociedad, que clama medidas más duras para los agresores y tareas preventivas de parte del Estado.
Pena de muerte y más
¿Por qué no dejaron lincharlo?, Pena de muerte ya, cadena de muerte y otras expresiones parecidas fueron expresadas en las redes sociales como reacción ante este caso.
El calvario del niño de Yapacaní y de su madre, que solo se enteró de la situación de su hijo cuando este enfermó de sida, han desnudado una realidad lacerante y frecuente.
Bajo los términos: “Yapacaní”, “violación”, “niño”, Facebook reportó un pico de producción de contenido e interacción virtual que superó el millón.
Autoridades que se han referido a la pena de muerte o castración
Además de las reacciones de la población en redes sociales, se produjeron numerosas respuesta de políticos y autoridades sobre este caso. El presidente Luis Arce Catacora, mediante su cuenta en Twitter pidió “todo el peso de la ley” para los responsables del caso de violación de un niño en Yapacaní, Santa Cruz, un caso que ha indignado a la población.
En un primer mensaje, el mandatario exteriorizó precisamente su condena a este tipo de hechos y dijo que urge “soluciones estructurales”. “Dolor e indignación, no hay manera de describir el sentimiento que nos embarga por lo sucedido con el pequeño, víctima de violación en Yapacaní, pero no basta con repudiar este tipo de hechos, debemos impulsar soluciones estructurales para que no vuelvan a repetirse”.
En el siguiente mensaje, demandó “todo el peso de la ley” para los responsables de este caso y se refirió a la ayuda que recibe la víctima y su familia.
- PENA DE MUERTE: Diputado Héctor Arce (MAS) https://www.facebook.com/watch/?v=1144969242727521
- PENA DE MUERTE: Senador Erick Morón (Creemos) https://www.facebook.com/watch/?v=397809115443402
- CASTRACIÓN QUÍMICAO PENA DE MUERTE: Diputado Daniel Rojas (MAS) https://www.atb.com.bo/pol%C3%ADtica/legisladores-plantean-debatir-sobre-castraci%C3%B3n-qu%C3%ADmica-para-violadores
- Bettsy Ortíz (concejal Trinidad): https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=299329205744366
El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, fue uno de los que mencionaron la castración química como una solución.
https://www.facebook.com/watch/?v=712064146674068
Medios que han puesto a debate penas más duras
Los medios de comunicación han seguido de cerca este caso y han recogido las muestras de indignación de la población en sus titulares y contenidos.
Video del linchamiento
Solamente como un ejemplo de la importancia que le dieron medios de comunicación, redes sociales y ciudadanos a este caso, mostramos la viralidad que tuvo el video filmado el momento en que uno de los acusados de este abuso fue sacado de la carceleta donde guardaba detención en Yapacaní para ser desnudado y linchado por los vecinos de esa localidad.
