Gobernador de Beni lanza una narrativa que discrimina y viola los derechos de los chiquitanos

Conflicto por Piso Firme. Una investigadora social y representantes de la población aludida coinciden en que Alejandro Unzueta vulneró la ancestralidad de los comunarios que habitan en el territorio disputado.

J. Alexis Candia

El gobernador del Beni Alejandro Unzueta Shiriqui expresó el 8 de febrero de 2024 en una conferencia de prensa que los habitantes de la comunidad de Piso Firme están en su «justo derecho» de sentirse cruceños, pero que deben respetar el territorio beniano, por lo que les recomendó «trasladar sus chozas» a Santa Cruz. El citado discurso es calificado como una narrativa de odio, según el análisis efectuado por expertos y representantes del sector aludido.

La frase del gobernador beniano es la siguiente:

«Fuimos condenados por la cacique de Piso Firme, es su justo derecho. (…) Alejandro Unzueta y su equipo de trabajo respeta la idiosincrasia de los pueblos bolivianos. A final de cuentas todos somos bolivianos: cambas, collas, chapacos, pero ellos que respeten nuestra territorialidad. Y si en su justo derecho se sienten cruceños, (…) la línea es cerquita; trasladen sus chozas, pero respeten nuestra territorialidad», instó el ejecutivo departamental (ver minuto 6:36) para luego ser ovacionado por el público que lo escuchaba en el auditorio.

El gobernador de Beni reconoció (desde el minuto 5:29) que Piso Firme «fue atendido desde su fundación» por el municipio cruceño de San Ignacio de Velasco, resaltando que logró recuperar ese territorio a favor del departamento de Beni. «Así, Alejandro Unzueta después de 100 años recupera 498 mil hectáreas que estaban en disputa», dijo entre aplausos.

Autoridades chiquitanas denuncian que Unzueta violó sus derechos como pueblo indígena

La cacique de Piso Firme Hortencia Gómez comentó que la declaración del gobernador de Beni fue cuestionada y rechazada por los comunarios de su localidad. «Eso que él (Unzueta) dijo es humillante para cualquier boliviano, porque él no es dueño de nosotros», reclamó la representante chiquitana.

El Directorio de la Organización Indígena Chiquitana (OICH) emitió el 4 de marzo la resolución 014/2024 que, en su artículo primero señala el accionar de Unzueta como una vulneración a los derechos de los pueblos indígenas:

«Repudiar el accionar del gobernador de Beni por emitir esas declaraciones que tienen fines políticos y económicos; violando derechos de los pueblos indígenas, protegidos y garantizados por el bloque de constitucionalidad».

Artículo primero de la resolución 014/2024 de la OICH.

La organización chiquitana pide a las autoridades competentes que respeten el derecho de libre determinación que se encuentra establecido en el artículo 48, parágrafo III del Estatuto Autonómico de Santa Cruz, mismo que está garantizado con el artículo 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

Piso Firme se autoidentifica como una comunidad indígena chiquitana de Santa Cruz; un grupo étnico reconocido por el Estatuto cruceño en el artículo 34, parágrafo II, numeral 1.

«Somos indígenas, (…) somos reconocidos ante el gobierno y los entes internacionales», aseguró Gómez a tiempo de señalar que un gobernador no tiene la potestad de quitarles el derecho de habitar sus tierras ancestrales.

Al ser consultada si el término «choza» era despectivo, la cacique de Piso Firme cuestionó nuevamente al gobernador de Beni. «No por ser autoridad va a venir a decir eso, no porque seamos indígenas vamos a estar bajo una choza. Ya son viviendas dignas, de sacrificio y de trabajo; y así fueran chozas, (él) no debería de expresarse así».

Ubicación de Piso Firme. Fuente: Google Maps.

Aida Gil Melgar, asambleísta departamental por el pueblo chiquitano, explicó que la población de Piso Firme «no está peleando la choza que está construida dentro del territorio», sino que defiende sus derechos ancestrales garantizados en la Constitución Política del Estado (CPE).

«Nuestros hombres y mujeres que habitan ese territorio, ancestralmente han pertenecido al departamento de Santa Cruz, a la provincia Velasco, al municipio de San Ignacio de Velasco», respondió la representante de los chiquitanos.

El artículo 410, parágrafo II de la CPE establece que los estatutos autonómicos y el resto de legislación departamental, municipal e indígena están por encima de los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas por los órganos ejecutivos correspondientes.

Artículo 410 de la Constitución boliviana.

Bajo esta línea, Gil dijo que la declaración de Unzueta fue «una falta de respeto grave a los hombres y mujeres que ancestralmente han cuidado nuestras fronteras». Además, la asambleísta aclaró que Piso Firme está dentro de las tierras comunitarias de origen (TCO) del Bajo Paraguá; área protegida municipal de San Ignacio de Velasco, Santa Cruz.

«Ancestralmente han vivido ahí, los territorios indígenas tienen derecho a la consulta y ellos han decidido por voluntad propia pertenecer al departamento de Santa Cruz», insistió la asambleísta chiquitana.

Según información de Amnistía Internacional, se reconocen los derechos de propiedad de los pueblos indígenas sobre las tierras. «Los Estados no pueden reubicar a los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado ni sin ofrecerles una indemnización adecuada».

Análisis al discurso de Unzueta

La investigadora social Karin Hollweg Urizar indicó que el gobernador de Beni está «relativizando» la ocupación de la tierra al decir que «todos somos bolivianos»; cuando hay fronteras y un Estado que hace esa ocupación.

«¿Qué es lo que hace a un país? Su población, y si la población está asentada en un espacio durante mucho tiempo, esa gente es la que manda. (…) En este caso, las poblaciones (de Piso Firme) están asentadas desde toda la vida creyendo que son de Santa Cruz; entonces son Santa Cruz», explicó la comunicadora social.

A criterio de Hollweg, el gobernador Unzueta está exigiendo la expulsión de una comunidad de su territorio. «Esto es terrible, porque esa gente ya tiene su casa, ya tiene sus cosas».

Rolando Schrupp, activista libertario y analista político, consideró que el discurso de Unzueta «cumple con un trato desigual basado en motivos de condición social, lo que lo hace caer en discriminación». Comentó que el contexto y tono peyorativo del gobernador beniano «es un intento de denigración y ninguneo».

  • Significado y uso de la palabra choza

El Diccionario de la Lengua Española define a esta palabra como una construcción rústica o cabaña.

Hollweg explicó que una choza «es algo que no tiene mucha duración y no aguanta tanto como una casa». En otras palabras, la choza es una edificación temporal.

«Que él (Unzueta) diga choza significa: ‘Ustedes están aquí de manera descartable, de una manera nómada’. (…) Está utilizando esa forma de expresarse, desconociendo cómo la gente vive en el territorio», analizó la investigadora social a tiempo de indicar que el gobernador de Beni «es injusto y abusivo» al usar un espacio de poder para invitarlos a salir.

Por último, Hollweg opinó que el gobernador Unzueta está siendo funcional «a un discurso de distracción que favorece al Gobierno nacional, quitando la mirada de lo que es realmente importante: falta de dólares, crisis económica, la falta de justicia y el abuso de jueces prorrogados».

Conflicto de Piso Firme

Como ocurrió en el año 2012, los habitantes de la comunidad de Piso Firme serán censados el 23 de marzo como parte del municipio de San Ignacio de Velasco, Santa Cruz. Esta determinación fue asumida tras un acuerdo pactado el 13 de marzo en La Paz entre el Viceministerio de Autonomías, el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Instituto Geográfico Militar (IGM), la Gobernación de Santa Cruz, la Alcaldía de San Ignacio de Velasco y la representación de la comunidad.

La controversia por Piso Firme surgió en torno a la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024,  cuya comunidad estaba siendo registrada como parte del departamento de Beni para este evento, situación que fue refutada por sus representantes, quienes exigían ser censados como habitantes de Santa Cruz.

Según el acuerdo establecido en La Paz, después del censo está prevista una reunión técnica entre las gobernaciones de Beni y Santa Cruz para buscar una solución al conflicto.

Si bien, el tema de Piso Firme tomó fuerza en el contexto del censo, se debe aclarar que este evento no incide en la resolución de conflictos de límites. 

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