Expertos cuestionan la competencia de la jueza que favoreció a Evo Morales y advierten que cometió irregularidades en el proceso
Tres constitucionalistas exponen argumentos técnicos, legales y éticos que ponen en duda la manera en la que obró la jueza Lilian Moreno Cuéllar. Mientras, el expresidente y el entorno evista celebran la determinación.
La decisión de una jueza de Santa Cruz de enviar a fojas cero el caso de presunta trata y tráfico de personas en contra del expresidente Evo Morales ha generado una ola de controversia y cuestionamientos por parte de expertos en derecho constitucional.
Los constitucionalistas César Cabrera, Julio Veizaga y Williams Bascopé coinciden en señalar irregularidades en el procedimiento y ponen en duda la competencia del juzgado cruceño para tomar tal determinación. Además, surgen preguntas sobre el posible pago de favores políticos a Morales y probables cálculos electorales.
El punto de partida de la controversia radica en la competencia del juzgado cruceño para intervenir en un caso que, según los expertos, debe tramitarse en Tarija y no en Cochabamba.
Para el constitucionalista César Cabrera, la competencia de la jueza Lilian Moreno Cuéllar de Santa Cruz es el primer punto crítico a analizar. «Para asumir la competencia en cualquier tipo de acción de tutela, como la protección o la libertad de acción, hay criterios básicos. Uno de ellos es el lugar donde se ha cometido la violación de los derechos fundamentales. Y en este caso, si así fuera, entonces debería considerarse la acción de libertad en la ciudad de Tarija”, explica.
Según Cabrera, otro criterio que debe manejarse es el domicilio del afectado. “Por lo tanto, si entendemos que el señor Evo Morales se encuentra en el Chapare, esta acción de libertad debería haberse planteado en el Chapare”, dice.
Cabrera enfatiza que, de acuerdo con el procedimiento, la decisión debe ser revisada en un plazo máximo de 30 días por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el cual determinará si ratifica o revoca el fallo. Además, señala que la parte demandada, en este caso un juez de Tarija, podría solicitar medidas cautelares ante el TCP para cuestionar la competencia de su colega de Santa Cruz y suspender los efectos de su resolución.
El abogado Julio Veizaga respalda esta postura, enfatizando la competencia del juez de Tarija: «El juez que abrió el caso de Tarija es el competente para llevar a cabo todo el proceso inicial, con todas las medidas que ha tomado. Ningún otro juez puede intervenir ni intentar mediar ni interferir en la labor de un juez. No hay justificación ni razón para decir que esto debe trasladarse a tal o cual lugar”, indica.
El constitucionalista Williams Bascopé, por su parte, también cuestiona la resolución de la jueza cruceña. “Entiendo que la resolución emitida en Santa Cruz se refiere a una acción de libertad. Es decir, utilizaron un mecanismo constitucional para, supuestamente, respetar los derechos de Morales a la locomoción. Lo que esa juez ha hecho, obviamente, es ilegal, porque no ha cumplido con sus competencias”, explica.
“Sin fundamentos”
La falta de un fundamento legal claro para la decisión de la jueza Lilian Moreno ha generado aún más dudas. Veizaga señala: «¿Cómo puede un segundo juez cancelar la orden de apremio y trasladarla a Cochabamba desde Tarija, y luego instruir que continúe la investigación con fiscales del trópico cochabambino? No encuentro fundamento”.
Bascopé también apunta a irregularidades en la anulación de la orden de arresto y la imputación: «Se dejó sin efecto la orden de arresto y también la imputación que se hizo en relación con el caso. Eso implica reiniciar todas las investigaciones. Ahora bien, lo que llama la atención sobre qué argumentos y cuál es el razonamiento de esta juez.
“Favores políticos”
Más allá de las cuestiones legales, Bascopé plantea la posibilidad de motivaciones políticas detrás de la decisión judicial.
«Esto nos lleva al tema político. Si se fijan, en Bolivia todavía hay gente que le devuelve favores políticos a Evo Morales. Y Evo Morales, más allá del cuestionamiento que se le está haciendo, tiene gente leal. Y no nos sorprende que probablemente se postule para las próximas elecciones. Personalmente, creo que algo muy extraño está sucediendo aquí. Creo que se están moviendo ciertos favores políticos”, afirma.
El analista va más allá y cree que es posible que el propio Gobierno de Luis Arce esté involucrado en el tema ya que nunca ejecutó la orden de aprehensión.
Bascopé también ve motivos electorales. “Saben que las elecciones del 17 de agosto de 2025 podrían serles desfavorables. Más cuando una nueva figura como el señor Andrónico Rodríguez aparece en su fractura interna, quien podría tener más simpatía dentro del sector popular que Evo Morales. Así que me parece que hay algo oscuro aquí. Y que el mismo Gobierno sabe lo que está pasando”, añade.
Cabrera se pregunta qué pasará ahora. ¿Evo Morales saldrá de su refugio en el trópico de Cochabamba? “Si se anula el proceso penal en Tarija, lógicamente, también se anula la orden de arresto emitida contra el expresidente. Por lo tanto, el señor Juan Evo Morales goza de plena libertad, como consecuencia de esta sentencia, para circular libremente por el país. No existe ninguna otra medida que sea válida mientras el proceso siga anulado. Morales incluso puede salir del país”, apunta.
¿Qué es una acción de libertad?
La acción de libertad en Bolivia es un mecanismo constitucional de defensa destinado a proteger derechos fundamentales como la vida, la integridad física, la libertad personal y la libertad de circulación. Está consagrada en el artículo 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece, básicamente lo siguiente:
«Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad».
Procedimiento. Se presenta la acción de libertad ante un juez o tribunal penal, sin formalidades. El juez fija audiencia en un plazo máximo de 24 horas. Se realiza la audiencia, se escucha a las partes y se dicta sentencia en el acto. El fallo puede ordenar la tutela de la vida, la restitución de la libertad, el cese de la persecución indebida, la reparación de defectos legales o la remisión del caso al juez competente. La sentencia se ejecuta de inmediato y se revisa de oficio por el Tribunal Constitucional Plurinacional6.
Importancia. La acción de libertad es considerada una garantía procesal constitucional fundamental en el Estado Plurinacional de Bolivia, siendo la vía idónea para proteger los derechos a la vida y la libertad frente a detenciones, persecuciones o procesos ilegales e indebidos.
La Magistratura anuncia una investigación
Entre tanto, el presidente del Consejo de la Magistratura Manuel Baptista anunció el miércoles 30 de abril el inicio de una investigación disciplinaria contra la jueza Lilian Moreno Cuéllar, quien dejó sin efecto la imputación y la orden de aprehensión emitida contra el expresidente Evo Morales por el caso de trata de personas con agravante.
“El Consejo de la Magistratura va a ser tajante, cuando una autoridad jurisdiccional evada el cumplimiento de la ley. Si esta decisión judicial ha sido en contra de la ley, tengan por seguro que este funcionario judicial va a ser sancionado”, declaró Baptista en contacto con los medios.
El anuncio se da tras la controvertida resolución de la jueza de Sentencia Penal 14° de Santa Cruz, quien además de anular la orden de captura ordenó paralizar la investigación que se llevaba a cabo en Tarija y dispuso el traslado del caso a Cochabamba, región donde Morales mantiene fuerte respaldo y protección político-sindical.
Por su lado, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Romer Saucedo reprochó públicamente la decisión judicial. “No compartimos la posición de jueces que permiten a ciudadanos procesados por hechos de pedofilia burlarse de la justicia. ¡Primero nuestros niños!”, publicó en sus redes sociales.
La postura de Morales y sus abogados
Nelson Cox abogado defensor de Morales (2006-2019) confirmó a EFE que la orden de captura «ha sido totalmente anulada y han sido notificadas legalmente las autoridades de Tarija», por lo que ahora cuenta con «libertad irrestricta».
Ahora la investigación se reiniciará en un juzgado de la localidad de Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba, bastión político y sindical del exmandatario.
En tanto que el expresidente publicó en su cuenta de X el siguiente post en referencia a las investigaciones que se anunciaron en contra de la jueza:
En vez de acompañar y aplaudir a los administradores de justicia que solo aplican las leyes, las máximas autoridades judiciales prevarican, no respetan la independencia de los jueces y anticipan, por la prensa, sanciones y condenas. Después de mucho tiempo siento que llegó la justicia».
Gobierno critica a la jueza y según la Policía, ella habría dejado el país
El ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo criticó duramente la decisión de la jueza Lilian Moreno Cuéllar, que anuló la imputación y la orden de aprehensión que pesaban en contra de Morales.
La autoridad calificó el fallo de una “payasada” y aseguró que esta acción constituye un delito de desobediencia a resoluciones judiciales, sancionado con hasta seis años de cárcel según el Código Penal boliviano.
El diario El Deber publicó este 1 de mayo que, de acuerdo con un reporte de la Policía, la jueza Moreno viajó a La Paz el 28 se abril y se teme que haya salido del país.
«Según reportes policiales, Moreno abordó el lunes 28 de abril el vuelo OB-681 de Boliviana de Aviación (BoA) con destino a La Paz. No se registró pasaje de retorno a Santa Cruz. La magistrada solicitó licencia por motivos personales desde el 29 de abril hasta el 6 de mayo (al Tribunal Departamental de Justicia). Tras conocerse el fallo, agentes acudieron a su despacho y domicilio, pero no la encontraron», se lee en el artículo periodístico.
