El TSE cuestiona preguntas del referendo y 4 constitucionalistas dicen que son ilegales

El Gobierno anunció que modificará las preguntas 1, 2 y 3, además confirmó que retirará la consulta sobre el incremento de escaños parlamentarios.

Las cuatro preguntas para el referendo propuestas por el Gobierno de Luis Arce Catacora que fueron enviadas al Tribunal Supremo Electoral (TSE), provocaron diversas reacciones sobre su legalidad; en ese contexto, consultamos a cuatro constitucionalistas, quienes en su análisis consideraron que dichas consultas no van de la mano con la propia Constitución Política del Estado (CPE). En este explicador te contamos a detalle.

En defensa de la propuesta gubernamental, el ministro de Justicia Iván Lima Magne mencionó en una conferencia de prensa el pasado 21 de agosto al artículo 7 de la Constitución Política del Estado (CPE), al artículo 18 de la Ley 026 de régimen electoral y al Pacto de San José para respaldar la legalidad de la eventual convocatoria a un referendo consultivo.

En un mensaje presidencial al país, el presidente de Bolivia propuso el 6 de agosto la realización de un referéndum en la misma fecha de las elecciones judiciales para definir: la redistribución de los escaños parlamentarios, la reelección presidencial continua o discontinua y si se mantiene o no la subvención de los hidrocarburos.

El TSE se pronunció el 21 de agosto sobre las preguntas y cuestionó las cuatro planteadas. En respuesta, el Gobierno anunció que modificará las preguntas 1, 2 y 3, además confirmó que retirará la consulta sobre el aumento de escaños parlamentarios.

Los cuatro constitucionalistas consultados coincidieron por separado que las preguntas propuestas que aún quedan violan la CPE.

Las preguntas

Estas son las tres preguntas para el referendo que planteó el Gobierno de Arce:

Pregunta 1

1.- ¿Está usted de acuerdo en que la reelección establecida constitucionalmente por una sola vez de manera continua del presidente y vicepresidente del Estado sea ampliada para incorporar la reelección de manera discontinua, lo cual implicaría modificar la Constitución Política del Estado?

Respuesta: Sí – No.

2.- ¿Está usted de acuerdo con mantener la subvención a la gasolina especial, como actualmente se encuentra, pese al gran costo económico que significa para las bolivianas y bolivianos, y que al tener un precio mucho más bajo que el internacional se genera contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles?

Respuesta: Sí – No.

3.- ¿Está usted de acuerdo con mantener la subvención al diésel, como actualmente se encuentra, pese al gran costo económico que significa para las bolivianas y bolivianos, y que al tener un precio mucho más bajo que el internacional se genera contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles?

Respuesta: Sí – No.

La cuarta pregunta que fue retirada por las observaciones del TSE planteaba modificar el artículo 146 numeral I de la Constitución para incrementar el número de diputados, de forma que ningún departamento pierda su actual representación con los resultados del último censo.

“Inconstitucional e ilegal”

Los cuatro juristas entrevistados por Bolivia Verifica aseguraron que las preguntas que planteó el Gobierno de Arce son “inconstitucionales e ilegales”.

El abogado Eduardo Hurtado fue claro al explicar que las preguntas 1 y 4 son inconstitucionales, mientras que la 2 y 3, son ilegales.

Indicó que la pregunta sobre la reelección y la relacionada con los escaños son inconstitucionales, porque ambas implican una reforma de la Constitución Política del Estado (CPE).

“La CPE dice que se puede reformar la Carta Magna, de forma parcial, cuando hay una iniciativa popular o a través de la aprobación de la Asamblea Legislativa mediante ley”, explicó.

Las preguntas 1 y 4, según Hurtado, requieren obligatoriamente una reforma parcial de la Constitución.

Esta misma observación hizo el TSE, pero solo sobre la consulta de escaños. En su informe advirtió que al estar redactada la pregunta, no corresponde la realización de un referendo por iniciativa presidencial, sino uno constitucional aprobatorio convocado por iniciativa popular o ley avalada por los 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El constitucionalista Williams Bascopé coincidió con Hurtado y aseguró que si el gobierno busca una reforma parcial de la CPE, solo se la puede hacer por una iniciativa ciudadana o legislativa en la Asamblea.

Agregó que aunque el Gobierno diga que el referendo que plantea es consultivo, la primera pregunta, a la larga, si gana el Sí, va a implicar modificar la CPE.

Para el abogado Jorge Quiroz, cualquier modificación de la CPE, parcial o total, tiene que ser aprobada mediante un referendo, pero con otro tipo de convocatoria, en la que no puede estar involucrado el Órgano Ejecutivo.

“Ahora queremos preguntarle al pueblo en un referéndum qué es lo que queremos o lo que buscamos y después no nos va a alcanzar el tiempo, y se tendrá que hacer otro referendo. Esto es como un huevo frito en chairo”, apuntó.

Preguntas “ilegales”

La jurista Kathia Saucedo aseguró que las preguntas 2 y 3, relacionadas sobre la subvención del precio de la gasolina y el diésel, son “una trampa”.

“Nos quieren preguntar, si estamos de acuerdo con mantener la subvención como actualmente se encuentra, pese al gran coste económico que significa para los bolivianos, que al tener un precio mucho más bajo que el internacional se genera contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares y desabastecimiento de combustible”.

Es decir, la analista indicó que mediante estas preguntas se pretende responsabilizar a la población sobre esas problemáticas.

Para Saucedo, las preguntas 2 y 3 son una falta de respeto. “Considero que para decidir este tema tenemos un gobierno. Son medidas de carácter económico que son los responsables de tomar ¿Por qué nos quieren trasladar a nosotros la responsabilidad?”, cuestionó.

Hurtado, en tanto, fue contundente al afirmar que las preguntas 2 y 3 son “ilegales”, porque van en contra de la Ley de Régimen Electoral que determina en qué casos se puede convocar a un referendo.

Citó el artículo 14 de esa ley y agregó que asuntos fiscales son atribución del gobierno y no se puede trasladar a una consulta por referendo.

“Si bien las preguntas 2 y 3 no son inconstitucionales, van contra la Ley 026 que es fundamental. El tema de la subvención es una competencia privativa, quien regula los precios es el gobierno central”, explicó.

Quiroz opinó en la misma línea de Hurtado. “Las preguntas 2 y 3 tienen que ver con las actividades fiscales del Estado y mediante un referendo no es la forma de tratarlas. La CPE establece una prohibición, donde no se pueden consultar los asuntos fiscales del Estado”.

Pregunta sobre la reelección

Para los juristas, la pregunta sobre la reelección es inconstitucional porque requiere, obligatoriamente, una reforma de la Constitución y no por iniciativa del Ejecutivo, sino ciudadana o a través de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa.

“Todo el referendo planteado por el actual presidente carece de la formalidad constitucional en cuanto a tiempo, forma y resultados”, dijo Quiroz. Según su análisis, este referendo busca una legalización política “del mal manejo de Estado”.

Sobre el caso de la pregunta referida a la reelección, consideró que pretende modificar la CPE y la consulta no es el camino legal.

Bascopé puso en duda la motivación del gobierno al plantear esta pregunta para el referendo consultivo. “Con la pregunta, se abre la posibilidad de que tampoco pueda haber reelección de manera discontinua, pero este tema se había zanjado, la reelección indefinida quedó claro que no existe”, dijo.

Añadió que la causa detrás puede estar relacionada con la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de no aclarar, en el “por tanto” de la sentencia constitucional 1010/ 2023, donde establece que la reelección indefinida es inconstitucional y no un derecho humano. El TCP había anticipado que iba a tratar este tema específico en sala plena.

“La sentencia dejó una puerta abierta, es por eso que -tal vez- el gobierno dice que no puede esperar al TCP. O este referéndum es para cerrarle la puerta a Evo Morales o para abrirla con el fin de que evistas y arcistas se amiguen”, analizó.

Saucedo también consideró que el tema de la reelección debería estar zanjado. Citó la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estableció “la prohibición de la reelección indefinida”, la cual es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“La opinión consultiva es una expresión interpretativa de la Convención Americana de Derechos Humanos con efecto vinculante para el Estado boliviano, que ha sido firmante”, agregó la jurista.

Es decir, los constitucionalistas encuentran que las preguntas propuestas por el presidente para el referendo anunciado no están acordes con la CPE ni las leyes vigentes.