El cierre de Página Siete deja un vacío en el periodismo independiente y es una mala noticia para la democracia

Tres exdirectores del periódico y representantes del gremio coinciden en que la ausencia de Página Siete daña la pluralidad de voces en un contexto altamente polarizado. La exdirectora Isabel Mercado aclara: “a quienes se alegran de la muerte de Página Siete queda decirles que menos voces no hacen el silencio”.

 

David Ovando

Después de 13 años de trabajo de periodismo independiente, contestario al poder gubernamental y con énfasis en la investigación periodística, Página Siete, pone fin a su trabajo en Bolivia y cierra un ciclo histórico en un escenario de retroceso en la libertad de expresión, valor fundamental de la democracia.

Página Siete, el periódico de La Paz que nació el 24 de abril de 2010, y que informó ininterrumpidamente durante 13 años, confirmó su cierre este 29 de junio de 2023. El fin de las ediciones del diario significa un duro golpe para el periodismo independiente, el periodismo contestario y el periodismo que interpela al poder.

La carta de despedida, firmada por el presidente del Directorio del medio, Raúl Garáfulic Lehm, apunta al acoso político, expresado en la asfixia económica y el hostigamiento a sus periodistas, como la principal causa del cierre. La noticia significa también un menoscabo para la democracia boliviana.

Tras conocer la decisión, la exdirectora del diario paceño (2016-2021), Isabel Mercado, dijo que este es un momento de tristeza y desesperanza para todos quienes fueron parte de Página Siete, un periódico al que lo sacó a flote, por encima de todo, la convicción de sus periodistas por el periodismo crítico y fiscalizador del poder.

“Tan es así, que han estado al lado de sus lectores hasta el último aliento, a  pesar de las enormes adversidades que se presentaron. Para mí ha sido mi casa, la parte más importante de mi carrera profesional y el espacio de inspiración para creer que sí es posible hacer periodismo sin ataduras políticas, ideológicas y comerciales”, dijo Mercado.

Agregó que a “quienes se alegran de la muerte de Página Siete solo queda decirles que menos voces no hacen el silencio”.

El también exdirector de Página Siete (2013-2016), Juan Carlos Salazar, afirmó que el cierre del diario es una mala noticia para la prensa en general, para el periodismo independiente y para la democracia, tomando en cuenta que unos de los objetivos del medio, era la fiscalización del poder político, económico y fáctico.

“No hay prueba mayor de Página Siete que su cierre, que nunca cejó en esa labor de fiscalización a los poderes. Es una mala noticia para todos, pero sobre todo para la prensa independiente”, insistió.

Salazar explicó que a ningún Gobierno le gusta que fiscalicen sus actos y que de ahí nacieron sus problemas con las estructuras de poder por su rol fiscalizador. En ese marco, hubo un boicot directo con la pauta publicitaria para negar a Página Siete la oportunidad de contar con esa publicidad.

Además, el Gobierno sometía a las empresas privadas para que no se coloque publicidad en Pagina Siete. “En este punto se ha generado los problemas del diario que se agravaron con la pandemia”.

Por su parte, Raúl Peñaranda, también director (2010-2013) y cofundador del diario, aseguró que el cierre del diario es una mala noticia para el periodismo libre y para la democracia en Bolivia.

“Página Siete fue un baluarte de la libertad de prensa y de expresión, fue un dique contra los abusos del Gobierno. Este diario ha hecho investigación, ha creado columnistas pluralistas y demócratas. Por eso, su cierre es una muy mala noticia porque el régimen autoritario que controla todos los poderes y ejerce presiones contra los medios de comunicación se impone”, explicó.

El gremio lamenta el golpe contra el periodismo

Organizaciones gremiales denuncian hostigamiento político y creen que el cierre de Página Siete es un golpe a la democracia.

La presidenta de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes, explicó a Bolivia Verifica que las nueve asociaciones departamentales de periodistas expresaron su profunda preocupación y alarma ante el anuncio del cierre de Página Siete, originado por el bloqueo publicitario, el hostigamiento público por redes sociales y la presión política-judicial que terminaron inviabilizando su sostenibilidad económica.

“Pagina Siete, durante sus 13 años de circulación fue un medio destacado por su apego a las normas de ética, el buen periodismo, la ecuanimidad y respeto por los derechos ciudadanos, pero sobre todo un gran defensor de la democracia y las libertades.  Su eventual desaparición va a dejar un vacío muy grande en la prensa paceña y nacional”, explicó.

Alanes expresó su preocupación por la grave situación por la que atraviesan los medios de comunicación en general y los escritos en particular, y advirtió que el caso de Pagina Siete pueda repetirse con otros, que están sometidos a los mismos problemas y situaciones que las denunciadas.

El secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa en Bolivia (CSTPB), Jorge Ábrego, dijo que el cierre del diario deber ser uno de los golpes más duros contra la prensa en Bolivia. “El cierre de este medio de comunicación se convierte en un precedente negativo de la libertad de expresión”, añadió.

“Como FSTPB realizaremos un seguimiento a este tema, tanto para la defensa de los derechos de los periodistas como para el análisis de cualquier alternativa que se pueda aplicar para mitigar los efectos de esta decisión”, acotó.

Periodistas de Página Siete se mantuvieron en pie hasta el final 

Una carta firmada por 35 periodistas que desarrollaban sus actividades en Página Siete explicó el escabroso camino que recorrieron como profesionales antes que les notificaran formalmente el cierre del periódico.

Los periodistas dijeron que esperaron por meses una inversión de la empresa que les permita continuar con su trabajo, pero el capital nunca llegó.

“Hasta esa hora (08:30 del jueves 29 de junio), quienes firmamos este documento de despedida, manteníamos la esperanza de que se hubiera concretado una capitalización que nos mantuvo en vilo durante meses. No llegó y tampoco llegaron nuestros salarios, en algunos casos desde hace siete meses. Los valores, el cariño y el compromiso que señalamos al inicio de este texto nos impulsaron a seguir de pie pese a estas condiciones”, dice una parte del documento.

“Hoy concluye una agotadora batalla para nosotros. Fueron muchos años de un duro trabajo comprometido con el periodismo independiente en el que creemos, años de esfuerzo que nos llenaron de satisfacciones, pero también de angustias. Con todo, estuvimos aquí hasta que el agua nos cubrió la cabeza y nos dejó sin la posibilidad de hacer ningún movimiento más para seguir a flote”, se lee.

Una muerte anunciada

A través de la carta firmada por el presidente del Directorio, Raúl Garáfulic Lehm anunció que la edición del jueves 29 de 2023 fue la última elaborada y publicada por el equipo humano de este diario.

“Este es un momento duro que me llena de tristeza y angustia porque soy consciente de que el periodismo independiente y la democracia pierden un aliado importante”, expresó Garáfulic.

La clausura se debe a varios motivos, como enumera el ejecutivo en su misiva, pero la mayoría están relacionados con el acoso político del Gobierno del Movimiento AL Socialismo (MÁS) y afines, según denunció.

De esta forma, Página Siete, un periódico independiente del poder político, terminó ahogado económicamente. “Nuestros gastos son superiores a los ingresos y después de agotar todas las instancias para conseguir capital de trabajo, nos quedamos sin recursos económicos para seguir operando”, apuntó el presidente del Directorio.

Agregó qué las circunstancias adversas, qué crearon “una tormenta perfecta” para el periódico, fueron:

– El partido de Gobierno “bloqueó” sistemáticamente la pauta publicitaria para el periódico, pese a que ella se financia con recursos de todos los bolivianos. Incluso “presionó” a empresas privadas del sistema financiero para que no publiquen sus avisos en Página Siete.

– El oficialismo, según Garáfulic, puso en marcha “una estructura de hostigamiento público por redes sociales contra el periódico que hasta hoy está impune”.

– Auditorías y multas recurrentes de una diversidad de instituciones del Estado cayeron sobre Página Siete, mientras sus competidores de línea oficialista fueron tratados con “guante blanco”.

– Garáfulic denunció además acoso judicial contra él, que derivó en el bloqueo de sus cuentas bancarias y el embargo de sus bienes, lo que limitó su capacidad de acción.

Finalmente, las otras razones fueron: la pandemia de COVID que cambió los hábitos de lectura de noticias de la gente; la crisis económica del país que redujo el presupuesto publicitario de muchas empresas, lo que incidió en el flujo financiero del periódico; y el precio internacional del papel y otros insumos de impresión que se incrementaron por efecto de la guerra en Ucrania.

Garáfulic también indicó que el periódico intentó conseguir una capitalización importante que les hubiera permitido salir adelante, pero a último momento los inversores dieron un paso al costado por temor a represalias políticas.

Eso, sumado a los resultados poco exitosos de la captación de suscriptores digitales, encerraron al diario en un “callejón sin salida”.

“Por todo lo expuesto, hemos decidido suspender la publicación de Página Siete desde hoy. En adelante, se seguirá estrictamente el procedimiento establecido por el Código de Comercio y la normativa legal aplicable para estos casos, el cual otorga prioridad al pago de sueldos adeudados y beneficios sociales de nuestros trabajadores, a quienes agradecemos por su compromiso y resistencia”, explicó Garáfulic.

Y agregó: “De todo corazón, agradezco a nuestros lectores por la confianza recibida durante todos estos años. Cada uno de ustedes ha hecho de Página Siete una marca fuerte e influyente, aunque incómoda para el poder”.

Las investigaciones más emblemáticas de Página Siete

En sus 13 años de vida, Página Siete desarrolló importantes investigaciones que marcaron la agenda, pero sobre todo pusieron en evidencia actos de corrupción en las esferas del poder. Estas son:

1. El gran desfalco del Fondo Indígena lo destapó Página Siete, en 2015. El entonces contralor general del Estado, Gabriel Herbas, reveló un daño económico de 71 millones de bolivianos por proyectos inconclusos y fantasma que recibieron recursos del Fondo Indígena. Seis meses después, la interventora en la entidad reportó un daño de más de 102,2 millones de bolivianos por 743 proyectos, de los cuales 30 eran fantasma, esto en el período de 2009 a 2014.

2. El caso de las barcazas chinas, en 2012, también fue una primicia de este medio. Se trata de la compra fraudulenta de 16 barcazas chinas y dos empujadores por un costo que supera los 28 millones de dólares, durante el gobierno de Evo Morales.

3. El proceso irregular de adjudicación de tres taladros para YPFB a la empresa italiana Drillmec por 148,8 millones de dólares fue otro caso que reveló este medio. Hubo al menos 21 personas implicadas en actos ilegales.

4. Después de salir a la luz el caso de Gabriela Zapata, la exnovia de Evo Morales, Página Siete investigó los siete contratos estatatales e irregulares suscritos con la empresa china CAMC. El seguimiento en detalle dio lugar a que se presente un libro del caso, elaborado por el equipo de investigación de Página Siete.

5. El caso Neurona fue otro dardo al blanco. Se trata del proceso por corrupción y daño económico al Estado por contratos irregulares por 12,4 millones de bolivianos adjudicados a la consultora mexicana Neurona entre 2017 y 2018.

6. El caso del médico Jhiery Fernández fue clave para que recupere su libertad. Página Siete reveló en 2018 un audio en el que se escucha decir a la ahora exjueza Patricia Pacajes que condenó, junto con sus colegas, a una persona inocente. El galeno fue acusado de violación al bebé Alexander, pero después de 4 años de encierro salió libre tras esa revelación periodística.

7. El caso de los respiradores chino. En plena pandemia del coronavirus, Página Siete reveló que al menos 50 respiradores chinos que llegaron al país presentaban desperfectos y además la compra tenía irregularidades e indicios de corrupción. Esto ocurrió en el gobierno de Jeanine Añez.

8. Los menonitas. Un trabajo de investigación de Página Siete Plus reveló la vida de mujeres y hombres menonitas declarados en libertad dentro de las colonias consideradas “radicales”. Testimonios en primera persona contaron cómo es ser mujer, liberarse de las reglas, el trabajo y otros detalles.

9. Adoctrinamiento en textos escolares. Página Siete Plus puso en agenda el adoctrinamiento plasmado en diferentes textos escolares que el gobierno de Luis Arce repartió en los colegios entre 2021 y 2022. Se buscaba difundir el discurso oficialista y la ideología política del MAS.

10. Los agentes químicos. Este mes Página Siete reveló que el Ministerio de Gobierno compró agentes químicos por 8.021.000 dólares a la empresa Cóndor SA, vinculada al caso gases de 2020. Esta adquisición ocurre en un contexto de crisis en el que diferentes sectores se movilizan y anuncian más protestas, como los maestros, jubilados, gremiales, entre otros.

11. El caso “Chanchullos” del Ministerio de Educación fue dado a conocer por Página Siete. Entre enero y mayo de 2021 se traficaron exámenes en el proceso de institucionalización a cargos y el entonces ministro Adrián Quelca fue uno de los principales implicados. Tuvo que dejar el cargo tras la revelación.

12. La laguna Concepción se secó. Una investigación de Página Siete Plus reveló cómo de manera sistemática el volumen de agua de la laguna Concepción en Santa Cruz ha ido mermando hasta quedar completamente seca. Además,cuenta la historia del Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembi Guasu, que está en situación de amenaza.

13. Los audios del magistrado Molina. Página Siete reveló unos audios en los que el entonces presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, revela que llamó a legisladores y dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) para pedirles que sugieran nombres de abogados afines a ese partido para designarlos como jueces. La revelación “tumbó” a Molina del cargo.

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