El asalto a la Embajada de México en Ecuador no fue el único en su tipo; hay precedentes similares
En al menos tres ocasiones, entre 1976 y 1981, fuerzas de seguridad irrumpieron en sedes diplomáticas cuya soberanía esta reconocida por el derecho internacional. Esta violación a convenios y acuerdos multilaterales se produjo en las embajadas de Venezuela, Ecuador y España.
Qué dijo Arce y qué precedentes se hallaron
Este es el mensaje escrito por el Jefe de Estado boliviano en X:
«El Estado Plurinacional de Bolivia, respetuoso de las normas que rigen las relaciones diplomáticas, condena enérgicamente la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en la República del Ecuador, hecho que no tiene precedentes en la historia del derecho internacional«.
El Estado Plurinacional de #Bolivia, respetuoso de las normas que rigen las relaciones diplomáticas, condena enérgicamente la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en la República del #Ecuador, hecho que no tiene precedentes en la…
— Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) April 6, 2024
Bolivia Verifica indagó acerca de posibles hechos similares en el ámbito internacional y halló que fuerzas del orden locales, tanto policiales como militares, irrumpieron en las sedes diplomáticas de al menos tres países de la región entre 1976 y 1981.
Por tanto, si bien es cierto —como dijo Luis Arce— que la acción del gobierno ecuatoriano viola el derecho internacional, no es verdad que no hubiera precedentes del mismo tipo. La relación de hechos es la siguiente:
1. Embajada de Venezuela en Uruguay – 1976
Entre 1973 y 1985, Uruguay vivió bajo la sombra de un régimen cívico-militar. En ese contexto, el 28 de junio de 1976, Elena Quinteros, una maestra y militante anarquista del partido por la Victoria del Pueblo, ingresó a la Embajada de Venezuela en busca de asilo político, burlando a sus custodios.
Según reseña el medio digital Vistazo, Quinteros había sido detenida un par de días antes y salió del centro de torturas al que fue enviada (algunas versiones refieren el llamado “300 Carlos” y otras, el edificio del Fusileros Navales, FUSNA) con la promesa de «entregar a un contacto».
Rumbo a ese encuentro y a pesar de estar rodeada de agentes militares que respondían al gobierno de Alberto Demicheli (quién asumió como presidente interino en reemplazo de Juan María Bordaberry tras el golpe de Estado de 1976), Quinteros esquivó a sus custodios e ingresó en las instalaciones de la embajada venezolana, donde varios funcionarios de este último país trataron de socorrerla.
Fotografía de la profesora Elena Quinteros.
«Ella entró al jardín de la embajada y estos hombres (los militares) la arrastraron, la sacaron. Ella ya estaba en territorio venezolano, pero la sacaron por la fuerza, la arrancaron de manos de funcionarios diplomáticos», narró a Bolivia Verifica Claudia Rojas Mira, doctora en estudios Americanos con mención en Historia.
Luego de lo sucedido, Venezuela denunció la violación del derecho internacional y solicitó la liberación de Quinteros. La dictadura uruguaya se negó y no se supo más de la maestra.
De acuerdo con el informe de la Comisión para la Paz (2003), Quinteros «habría sido trasladada al 300 Carlos, torturada durante meses y ejecutada a principios de noviembre de 1976″, según se lee en la web de Sitios de Memoria Uruguay.
Tras esa intervención, las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Uruguay fueron suspendidas hasta 1985, luego de la caída de la dictadura.
Rojas siguió de cerca este caso y participó en 2020 en una conferencia sobre el tema en Venezuela.
En criterio de la historiadora, este suceso tiene similitudes y diferencias con lo sucedido recientemente en Ecuador. Tanto Quinteros como Glas «estaban en territorio venezolano (diplomático)», dice, pero aclara que mientras ella buscaba un asilo, el exvicepresidente esperaba el salvoconducto que le permitiría dejar suelo ecuatoriano para viajar a México.
«Él ya había hecho los trámites formales, pero en el caso de Elena (Quinteros) era diferente porque este gobierno (el de Daniel Noboa) es democrático aunque haya irrespetado (el derecho internacional)», acotó Rojas.
2. Embajada de España en Guatemala – 1980
El 31 de enero de 1980, un grupo de unos 30 indígenas y campesinos tomó la embajada de España en Ciudad de Guatemala a fin de llamar la atención de la comunidad europea por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el norte del país por parte del Ejército del gobierno de Romeo Lucas García, durante el conflicto armado interno que vivió ese país entre 1960 y 1996 para derrocar al movimiento contrainsurgente protagonizado por las guerrillas.
Las reseñas históricas dan cuenta de que el presidente Lucas García ordenó que la Policía guateamalteca ingrese por la fuerza a la embajada, violando así el derecho internacional.
Tras ese asalto, los uniformados forzaron a todas las personas a que se queden en una habitación. Durante la operación, la sede diplomática se incendió y al menos 33 personas perdieron la vida en esta que fue denominada una masacre, entre ellas diplomáticos extranjeros.
En el juicio de 2015 por este caso, la Fiscalía demostró que Pedro García Arredondo, jefe del Comando Seis de la Policía Nacional ordenó que ninguna de las personas que estaban en el interior de la embajada saliera con vida y que no hubiera testigos del suceso.
Por años, miembros de la izquierda guatemalteca arguyeron que el incendio fue provocado por lanzallamas y por el uso de fósforo blanco, mientras que el gobierno guatemalteco insistió en que los ocupantes de la embajada se inmolaron con las bombas molotov que llevaban.
Al haber violado acuerdos y normativa internacional, el hecho derivó en la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países hasta 1984.
3. Embajada de Ecuador en Cuba – 1981
Con la excusa de rescatar a los diplomáticos secuestrados por un grupo de 30 disidentes cubanos que habían ingresado a la Embajada de Ecuador en La Habana para negociar su asilo político, el gobierno del entonces presidente cubano Fidel Castro ordenó una incursión armada en dicha legación diplomática hace 43 años.
El grupo de protestantes ingresó por sorpresa al recinto el 13 de febrero de 1981 y tomó como rehenes al embajador ecuatoriano Jorge Pérez Concha y a otros diplomáticos. Tras ello, las partes habían iniciado conversaciones para analizar la viabilidad de que se otorgue el asilo que solicitaban.
Mientras se llevaba adelante estas negociaciones, el 21 de febrero, oficiales de seguridad de Cuba entraron a la embajada sin autorización para desalojar a los 30 cubanos. Castro aseguró que lo hizo con la autorización del gobierno ecuatoriano, sin embargo, el entonces presidente de Ecuador Jaime Roldós lo desmintió públicamente.
“Ecuador no autorizó ni podía autorizar jamás que la sede de su Embajada haya sido objeto de tal acción”, dijo Roldón, según notas de medios de Cuba e internacionales.
De acuerdo con Martí noticias, un medio cubano, Castro habría llegado 20 minutos antes al lugar para dar las instrucciones de la intervención.
Sede de la Embajada de Ecuador en La Habana.
Respuesta del Gobierno de Bolivia
En vista de los datos obtenidos y para conocer la versión de la Presidencia sobre la publicación del presidente Luis Arce, Bolivia Verifica contactó al Viceministerio de Comunicación, pero no consiguió una respuesta hasta la publicación de esta verificación.
Análisis de lo sucedido en Ecuador
En criterio de expertos consultados por Bolivia Verifica, la irrupción policial en la Embajada de México en Quito fractura la seguridad diplomática y la convivencia pacífica entre Estados.
La incursión ordenada por el gobierno de Daniel Noboa violó la Convención de Viena de 1961, pero en la acción también se vulneraron la Convención sobre Asilo Político de 1933 y la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954”.
La Convención de Viena de 1961, que fue ratificada por 131 Estados (entre ellos México y Ecuador), estipula que “los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión”.
En criterio del constitucionalista Luis Vásquez Villamor, el asalto fue una mala decisión desde todo punto de vista.
«En el Ecuador, a este joven e inexperto presidente (Noboa) le han hecho meter la pata de una manera terrible, muchos políticos no se animarían a decir lo que digo ahora, pero ha sido una metida de pata tremenda. Quien tiene que decidir si concede o no el asilo (a un solicitante) es el Estado receptor, en este caso México» y así lo hizo pese a que hubiera otro tipo de consideraciones respecto de todo lo que hizo Glas, dijo Vasquez.
Al respecto, el diplomático Javier Viscarra apuntó que —más allá de lo reprochable que resultó la acción de Ecuador— de acuerdo con el artículo III de la Convención sobre el Asilo Diplomático «no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas ante tribunales ordinarios competentes».
«En el caso del exvicepresidente Jorge Glas, se trataba de una persona juzgada y con sentencia ejecutoriada, además de tener procesos por otros delitos de corrupción. Es evidente que el artículo IV de la misma convención dice que el país asilante es el que califica la calidad del asilado», por tanto, en el caso de Glas dependía de México decidir.
Detalló que el problema recae en que algunos regímenes confunden a la comunidad internacional amparándose en el artículo IV de la Convención para «refugiar a los corruptos en sus embajadas», sin ver la prohibición que está en el artículo III.
Este mismo argumento fue esgrimido por el gobierno de Noboa tras los hechos del 5 de abril.
“Es primero una violación del gobierno mexicano, a la que luego le sigue otra violación, pero teníamos que actuar, (…) nosotros condenamos el hecho de que algunos gobiernos usen sus embajadas bajo la fachada de un refugio político que en realidad es impunidad, es salvar a los criminales de sus sentencias”, dijo el mandatario ecuatoriano.
Vásquez recordó que la figura de «asilado político» solo se aplica en la región. «En América Latina, a diferencia del mundo entero, tenemos el tratado del refugio político. Hemos creado convenciones y tratados sobre asilo diplomático para perseguidos políticos».
