Ecos de la violencia: el llamado a quemar ánforas alienta la violencia y profundiza la polarización

Autoridades electorales y de Gobierno advierten que la quema de ánforas es un delito que atenta contra la democracia y puede ser sancionado con hasta cinco años de prisión. Si el autor es funcionario, las penas se agravan e incluyen la inhabilitación para ejercer cargos.

Una intensa campaña para deslegitimar el proceso de votación fue impulsada por sectores afines al expresidente Evo Morales. Además de los llamados al voto nulo y de la advertencia —lanzada por la dirigente Ruth Nina— de que este 17 de agosto «se contarán muertos y no votos», se registraron incitaciones a violentar el material electoral.

A poco más de dos semanas de las elecciones generales del 17 de agosto, el dirigente del ala evista Henry Ceballos llamó a sus bases a conformar «células de reacción» con el objetivo de frenar los comicios y, de ser necesario, quemar las ánforas, en protesta y rechazo a la inhabilitación del expresidente Evo Morales como candidato presidencial.

Analistas advierten que este tipo de mensajes no solo incitan a la violencia, sino que profundizan la polarización política y socavan la democracia en un momento clave para el país. Además, autoridades electorales recuerdan que este acto constituye un delito electoral sancionado por la ley.

«Solamente un objetivo, hacerlo a nuestro hermano presidente el único candidato y pelear hasta las últimas consecuencias; y si no se puede debemos organizar células de reacción para que no salgan esas mesas del Tribunal Supremo Electoral y si debemos quemar esas ánforas, como esta derecha fascista lo ha hecho en nuestra elección, debemos procurar también quemar estas ánforas para que no haya esta elección», instó el dirigente afín al expresidente durante un ampliado el 29 de julio.

Al respecto, la exlegisladora Ericka Brockman señaló que este tipo de discurso refleja una actitud antidemocrática y que predispone a la violencia en las bases militantes.

«Está dando cuenta de la actitud absolutamente antidemocrática, intolerante y dogmática de un grupo de gente. El efecto es que se irradia y se contagia en las bases que son fieles y son tus adherentes, creyentes, se instala una predisposición al odio, a la negación y a la violencia», sostiene.

Brockman hace referencia a las encuestas nacionales sobre polarización en Bolivia, realizadas por el proyecto Unámonos, que muestran cómo los discursos políticos extremos influyen directamente en el comportamiento colectivo de sus receptores. Es decir —advierte— que quienes reciben estas arengas «están predispuestos a la violencia y a responder al mandato disciplinadamente».

Por otro lado, la exlegisladora señala que estos discursos provocan una reacción en el polo contrario: «una reafirmación de las creencias y las percepciones que ellos han construido respecto al otro».

Según explica, «el otro grupo ratifica sus posiciones también polarizadas y de negación del otro sujeto. Entonces, esto alimenta la polarización y, si bien la polarización se habla de dos polos, yo podría decir que estamos frente a dos polos fragmentados».

Por su parte, el sociólogo y profesor universitario Rafael Loayza califica la declaración de Henry Ceballos como un «llamado polarizador» y afirma que esto incita a la violencia. Si bien distingue que el voto nulo es una opción legal y democrática, advierte que la destrucción de material electoral es «ilegal y peligrosa para el proceso democrático».

Loayza recuerda que en Bolivia la retórica política es intensa, pero alerta que en los últimos años se ha radicalizado y normalizado. Como ejemplo, menciona declaraciones de la dirigente de Pan-Bol, Ruth Nina, quien dijo «en vez de contar votos, van a contar muertos».

También señala que Bolivia cuenta con una tradición «superdemocrática» y afirma que, con excepción del 2019, la tradición histórica en el país es «tremendamente democrática, de respeto a las urnas» y de participación. «Yo creo que es difícil estimar qué es lo que va a suceder el 17», puntualiza.

Autoridades advierten que quemar ánforas es un delito 

Tras las amenazas de quemar ánforas, el Órgano Electoral y el Ministerio de Defensa recordaron que este tipo de acciones constituyen un delito electoral, sancionado por la ley.

«Hemos escuchado por varios medios de comunicación que un ciudadano ha llamado a quemar ánforas. Ahí queremos ser enfáticos. Existe un delito sobre la quema de ánforas y ese delito, seguramente, si se lo realiza, va a ser denunciado por el Órgano Electoral y las entidades correspondientes como el Ministerio Público y el Órgano Judicial, deberán actuar en su momento», señaló el vocal Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, a los medios de comunicación el pasado 29 de julio.

Por su parte, el vocal electoral Francisco Vargas calificó la quema de ánforas como «un atentado a la democracia» y reiteró que «de ninguna manera está permitida la quema de ánforas ni impedir que jurados electorales o notarios realicen su trabajo».

Asimismo, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, hizo un llamado a la ciudadanía a preservar la paz y la madurez democrática durante las elecciones del 17 de agosto, recordando que el voto es un derecho y una obligación de todos los bolivianos, y que bajo ningún motivo deben tolerarse hechos que atenten contra la voluntad popular.

«Condenamos cualquier intento de realizar acciones como la quema de ánforas, actas o papeletas electorales. Eso ya se constituye en un delito», advirtió y aseguró que las autoridades competentes deberán actuar con firmeza para investigar y sancionar estos hechos si llegaran a presentarse.

Novillo recordó que la ciudadanía tiene el derecho de expresar su preferencia por cualquier fuerza política o ejercer el voto nulo o blanco, pero siempre de forma pacífica y respetando la normativa electoral. «Lo que no se puede hacer son decomisos ni destrucción del material electoral, porque eso afecta directamente al proceso democrático», añadió.

En este marco, informó que las Fuerzas Armadas, en coordinación con el Órgano Electoral Plurinacional, están listas para desplegar personal capacitado que coadyuve en la custodia del material electoral, tanto en áreas rurales como urbanas, en trabajo conjunto con la Policía Boliviana.

La ley establece de 1 a 3 años de cárcel por destrucción de ánforas

La Ley No 026 del Régimen Electoral tipifica como delitos electorales diversas acciones y omisiones que vulneran la integridad, transparencia y legalidad de los procesos electorales. Las sanciones incluyen penas de prisión que van de uno a cinco años, y pueden ser mayores cuando el autor es funcionario público, en cuyo caso se suma la destitución y/o inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de hasta cinco años.

Algunos de los delitos electoral son:

• Asalto o destrucción de ánforas: 1 a 3 años de cárcel; si el autor es funcionario público, la pena se duplica y se agrega inhabilitación por tres años.

• Coacción electoral: uso de amenazas o violencia para forzar afiliación o voto; 1 a 3 años de prisión y destitución si es funcionario.

• Falsificación de documentos o uso de documentos falsificados: sanciones según el Código Penal.

• Instalación ilegal de mesas: 1 a 3 años de prisión.

• Obstaculización de procesos electorales: 2 a 5 años de prisión e inhabilitación de 2 años si es funcionario.

• Alteración o modificación del padrón electoral: 2 a 5 años de prisión e inhabilitación de 3 años si es funcionario.