Violencia, miedo y narrativas de odio tensionan a una región e inducen a guardar silencio para evitar represalias
En Uncía, Martín Choque y su familia fueron amenazados, agredidos y expulsados de la comunidad a raíz del incidente que protagonizó al rechazar la presencia del expresidente Evo Morales en un evento oficial. Un legislador del MAS dice que lo de Choque fue «un delito», mientras que la cúpula del partido oficialista justifica la violencia negando el derecho a disidir y a la pluralidad de ideas.
J. Alexis Candia
La vida de Martín Choque Condori dio un giro de 180 grados en un abrir y cerrar de ojos. Fue chicoteado, insultado, amenazado y se le arrebató el cargo público que ejercía. Su esposa también sufrió las consecuencias, pues perdió a su bebé en gestación tras haber sido agredida físicamente. No conforme con ello, la comunidad a la que pertenecen determinó expulsarlos de su lugar de residencia.
El origen de este drama fue el expresar su disconformidad con la presencia del líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, en un acto oficial organizado por su despacho, la Dirección de Culturas de la Alcaldía de Uncía. Ciertamente, Colque no guardó las formas cuando manifestó su desacuerdo, pero la virulencia de las reacciones en su contra vulneran derechos humanos básicos y han generado una suerte de complicidad y zozobra en su municipio, donde nadie se atreve a tocar el tema públicamente, ya sea por decisión orgánica o por temor a represalias.
En su calidad de titular de la Dirección de Culturas, Martín Choque participó, el 23 de febrero de 2023, de la inauguración del III Festival de la qonqhota, kitara y thalachi, actividad cultural destinada a la interpretación de música de los pueblos de esa región del norte de Potosí, donde además de la ejecución de estos instrumentos se revalorizan las danzas y sus vestimentas originarias.
Al evento fue invitado Evo Morales, quien debía sentarse junto a Martín Choque en la testera. Pero la autoridad se lo impidió; Colque lanzó de la tarima la silla que debía ocupar el expresidente y le reclamó —según contó luego— por no respetar las decisiones asumidas por sus bases. La acción desencadenó la molestia de los seguidores del líder político y luego se tradujo en violencia verbal y física.
A raíz de lo sucedio, Martín Choque fue agredido y expulsado por su ayllu (comunidad). Tanto su hijo como su esposa también fueron víctimas de las agresiones, siendo “chicoteados” y rechazados por miembros de su nación, en una manifestación de intolerancia al descuerdo y a la disidencia política, condiciones básicas de la convivencia en democracia. El extremo fue que su esposa perdió al bebé que gestaba por los golpes recibidos.
Las expresiones y acciones asumidas en su contra y en contra de los suyos trascendieron a la esfera de las redes sociales, donde las narrativas de odio cobraron relevancia.
“¡Fuera, fuera!”, eran los pedidos entre una muchedumbre que empujó, golpeó y condenó a Martín Choque, expulsado de inmediato del Festival de la qonqhota tras el incidente con Evo Morales.
En un audiovisual publicado el 24 de febrero en la página “Comunicándonos Bolivia” se pueden escuchar los insultos y la incitación a la violencia en contra de Choque, quien después de este evento también perdió su trabajo.
Martín Choque ofreció, el mismo 23 de febrero, una entrevista a radio Erbol, donde explicó la razón de sus acciones. Afirmó que, si bien Evo Morales “antes era respetado”, su molestia fue porque llegó a la festividad cultural a nombre del frente político que lidera, el MAS, cuando desconoce las determinaciones que sus propias bases asumen.
“Cuando yo le he tirado (la silla) le dije: ‘Señor Evo Morales, usted no puede sentarse a mi lado porque usted ha dividido al departamento de Potosí, y además usted no nos ha hecho caso a nuestras organizaciones sociales de Betanzos’. (…) En ese sentido también su gente ha reaccionado y ahí es que me han golpeado con chicotazos, patadas y puñetes”, relató.
Discurso de odio y repercusiones
A través de las redes sociales, especialmente Facebook, cientos de usuarios emitieron comentarios sobre lo ocurrido. Unos respaldan las acciones de Choque, pero otros expresan su desacuerdo e incluso celebran los ataques en su contra y contra su familia.
“Por malcriado le pasó todo lo que está pasando con su familia, es hora de pagar las consecuencias por faltar el respeto a un expresidente de Bolivia. Su malcriadez le está llevando lejos”, comentó un usuario de nombre Adi Huanca.
En esa misma línea, Fer Geor se sumó a la condena y la justificación de la violencia: “Pobre gil, eso es la consecuencia de sus actos sin pensar en su familia y ahora se hace la víctima”.
Un representante del Legislativo avaló los ataques con el argumento de que Choque cometió un «delito». El diputado potosino Antonio Colque Gabriel, de la bancada masista, argumentó, el 2 de marzo, que «delitos» de ese tipo se castigan con la justicia comunitaria (como se conoce a la justicia indígena originaria campesina), reconocida en la Constitución Política del Estado (CPE).
“El tema de la resolución, el tema de la expulsión es pues (porque) cada personaje pertenece a una comunidad, a su ayllu. (Cada ayllu) tiene sus propios procedimientos, sus propias normas, usos y costumbres; el que comete delito dentro de la comunidad, dentro del ayllu, es castigado con chicote en base al delito que cometa. Y por eso es netamente el que realiza la traición a la comunidad, el que realiza traición al ayllu, peor todavía a su cultura milenaria; proceden según sus normas. Tienen sus propias leyes y están en la Constitución, no hay dónde perderse”, dijo el legislador oficialista en una conferencia de prensa en la sede de gobierno, La Paz (a partir del segundo 0:44).
¿Es un delito pensar diferente y expresar un desacuerdo ante cierta determinación? Para la politóloga María Teresa Zegada, el exfuncionario Martín Choque no ha cometido un delito que haya vulnerado a su comunidad.
“El reconocimiento a la aplicación de justicia por normas y procedimientos propios está normado en la Constitución, pero esto rige para los casos en que realmente hay actos de delincuencia o son vistos como delincuenciales por la comunidad”.
El episodio de la silla y el reclamo de Choque, “no tendría por qué ser considerado un delito”, refiere. Zegada. Aclara que Evo Morales es hoy un ciudadano común, ya no está en el cargo de autoridad pública, por lo que no es una obligación de las instituciones tomarlo en cuenta en los palcos oficiales.
Para la politóloga, la determinación asumida en contra de Choque es «forzada», debido a que se hace una «aplicación arbitraria» de las normas y procedimientos propios de las comunidades al interpretar su accionar como un «delito» o una «traición».
«En el fondo uno se pregunta: ¿A quién ha traicionado (Martín Choque)? O sea, no ha sido un delito que ha vulnerado a la comunidad. (…) El hecho de haberle retirado la silla a un personaje que ni siquiera es autoridad, Evo Morales es un ciudadano más en este momento, no tendría por qué ser considerado un delito», recalca.
El abogado constitucionalista Williams Bascopé Laruta explica a Bolivia Verifica que el país atraviesa por «una dura confrontación de sus sociedad”. En su criterio, el caso del exfuncionario potosino es “una demostración de lo que es un estado fascista sindical, donde no impera la ley y solamente impera el poder político”.
Bascopé fue uno de los constituyentes que elaboró la actual Carta Magna, vigente desde 2009 y que introdujo el reconocimiento formal de la justicia indígena originaria campesina, pero con el correspondiente deslinde de la justicia ordinaria.
“Martín Choque, así como cualquier ciudadano, puede expresar libremente su disidencia con cualquier otro ciudadano. En el país no está proscrita la libertad de expresión”, afirma el constitucionalista, quien considera que con este tipo de actos y con un sistema judicial que no los castiga, el Estado vulnera convenios internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU) y la Convención Americana de Derechos Humanos (OEA).
Bascopé recuerda que están en vigencia los artículos 14, 21, 26 y otros de la CPE que reconocen y garantizan el ejercicio pleno de derechos humanos universales.
El jurista apunta que el caso de Martín Choque no solamente es una suerte de discriminación, sino de “violencia ejercida a partir de grupos que no comprenden lo que es un Estado Constitucional de Derecho”.
“(…) Si (los disidentes) no hacen caso a la voluntad política de sus jerarcas, ellos inmediatamente imponen la fuerza; lo proscriben o lo destierran del lugar, es lo que ha pasado con el señor Martín Choque”, añade.
Gerardo García Mendoza, vicepresidente del MAS se pronunció al respecto el 8 de marzo, avalando lo ocurrido en contra de Choque y su familia. El dirigente político también justificó la violencia ejercida en contra del presidente de la Brigada Parlamentaria de Potosí Abelardo Colque Vicente, quien fue atacado en su oficina, el 6 de marzo, por un grupo de militantes del frente oficialista.
Por la información brindada en la oportunidad, el descontento con Abelardo Colque tendría que ver con su postura a favor del presidente Luis Arce, precisamente en momentos de una dura pugna interna en filas del MAS. Incluso un equipo de prensa que cubrió el hecho fue amenazado por los atacantes de Colque.
“La reacción de nuestros compañeros ha debido ser por algo, no ha podido tal vez satisfacer a nuestros compañeros (…) naturalmente van a reaccionar si alguien va a querer agredir o hacer algo en contra de nuestro proceso de cambio, de nuestro hermano Evo Morales”, dijo García en la conferencia.
Lo ocurrido a Martín Choque es una muestra de la intolerancia ante la diversidad de opiniones. Para la politóloga María Teresa Zegada, esta coyuntura se ha convertido en una «visión política que pretende justificar un comportamiento que no es justificable”.
Miedo y silencio en Uncía
“Tengo que hacer respetar a nuestros invitados”, declaró un vocero del cabildo en Ayllu Puraka el 28 de febrero, mientras daban a conocer que Martín Choque era expulsado del ayllu.
En el minuto 9:51 de la transmisión en vivo que hizo la página Al Punto Noticias Potosí en Facebook se puede escuchar la declaración completa.
La representante del ayllu Puraka leyó la resolución en la cual se establece la expulsión de Martín Choque. Para justificar la determinación se argumentó que él actuó en contra de su pueblo.
“Expulsión quiere decir sacar a la persona que actúa en contra de su pueblo, más claro es eso. Ya sea de la comunidad o del ayllu. No puede estar aquí una persona que haga maldad al ayllu y en este caso eso es lo que hizo el hermano Martín. (…) Él se lo ha buscado, aquí nadie le ha provocado, él ha venido a arruinar el festival de qhonqhota y nosotros aquí vamos a luchar, y no vamos a permitir que el festival se lleve a otro lugar. Eso va a ser grave”. (minutos 11:21).
El exdirector de Culturas del municipio de Uncía comentó el 2 de marzo en otra entrevista con radio Erbol que antes tenía una buena relación con Evo Morales, cuando era presidente del Estado, pero que luego lo decepcionó por sus acciones. «Cuando somos autoridades ahí sí nos buscan los políticos para que los apoyemos, pero cuando cambiamos las ideas, ahí ya son vengativos, porque yo varias veces cuando era autoridad me reuní con Evo Morales cuando era presidente”.
Recordó que coordinaron diferentes acciones. “Ahora realmente siento que me está reprimiendo con su gente».
El ministro de Justicia Iván Lima Magne informó el 7 de marzo que la oficina de Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (Sijplu) patrocina legalmente a Martín Choque ante su denuncia presentada por lesiones graves en Uncía.
«No permitiremos que queden en la impunidad estos hechos de vandalismo que vulneran derechos fundamentales», tuiteó la autoridad.
Informamos a la población que #SIJPLU patrocina legalmente a Martín Choque, quien presentó una denuncia por lesiones graves en Uncía.
No permitiremos que queden en la impunidad estos hechos de vandalismo que vulneran derechos fundamentales. pic.twitter.com/Ebgaf0eztz— Ivan Lima Magne 🇧🇴 (@ivanlimamagne) March 7, 2023
Mientras, diversas voces se niegan a referirse a las consecuencias de lo sucedido en el municipio de Uncía hace un mes. Nuestro equipo de prensa se contactó con Zenón Yucra, alcalde de Uncía, quien dijo que no brindaría declaraciones sobre un tema que «no le corresponde», pese a que Choque era autoridad en su gestión.
Periodistas de diversos medios y dirigentes locales de esta región también prefirieron callar. Por lo expresado por los trabajadores de la prensa, referirse al tema significaba complicar su trabajo de cobertura en lo cotidiano, porque las fuentes locales «se cerrarían con ellos», entorpeciendo su labor informativa. El acceso a la información pública no solo es un derecho de la ciudadanía, sino una obligación del funcionario público.
Así, el tema tuvo mayor cobertura y resonancia en medios de alcance nacional, que operan lejos de la población donde se suscitaron los hechos.
El ejercicio de los derechos fundamentales en el ámbito civil y político está reconocido por la CPE, que propugna el Estado de derecho y la vida en democracia en el marco de la cultura de paz y la pluralidad.
*Este es un trabajo en alianza entre la Fundación Para el Periodismo de Bolivia, Bolivia Verifica, Proyecto Desconfío y Datos Concepción de Argentina, con el respaldo de la International Fact-Checking Network del Instituto Poynter para desarrollar un proyecto que busca contrarrestar la desinformación y el discurso de odio, cuyo principal fin es de promover el diálogo por medio de una cultura de paz en el país.
