Declarar “emergencia nacional” y “desastre nacional” no es igual; esta última activaría más ayuda externa
Los incendios ya han arrasado con al menos 3,8 millones de hectáreas. Pese a que no hay una declaración formal de desastre, el Gobierno ya recibe y gestiona más apoyo internacional. Legisladores ven una reacción tardía y el Defensor del Pueblo interpuso una acción popular contra 18 autoridades por “no atender a tiempo” los incendios.
Hasta el 7 de septiembre —día en que el Gobierno declaró “emergencia nacional” por los incendios forestales— al menos 3,8 millones de hectáreas ya habían sido consumidas por las llamas y el índice de la calidad del aire se situaba entre “malo” y “muy malo” prácticamente en todo el territorio nacional.
La declaratoria de emergencia tiene por finalidad dinamizar las labores conjuntas entre todas las entidades del Estado para combatir el fuego, y aunque también propició la llegada de ayuda internacional, no tiene los alcances de una declaratoria de desastre nacional, que significaría la posibilidad de recibir mayor apoyo externo.
En este Sin Duda te explicamos las diferencias entre una y otra, en momentos en que diversas voces demandan la necesidad de que Bolivia asuma la declaratoria de desastre nacional para contar con una mejor capacidad de respuesta contra lo que el propio ministro de Medio Ambiente, Alan Lisperguer, calificó de “crisis climática“.
En conferencia de prensa, el 7 de septiembre de 2024, el ministro de Defensa Edmundo Novillo informó que el Ejecutivo decidió declarar emergencia nacional para contrarrestar los incendios con mayor celeridad y efectividad, lo que también implicaba allanar el camino para recibir la ayuda internacional.
“Recordemos que esto (la respuesta ante los incendios) no se activó recién ahora, se hizo desde hace mucho tiempo. Lo que hemos hecho ahora es ampliar (las acciones) de manera conjunta. A partir de una información (proporcionada a la comunidad internacional) les hemos pedimos que el apoyo sea inmediato de modo que nos permita controlar el avance del fuego y sofocarlo”, acotó.
En esa línea, detalló que se reunieron con con representantes de Naciones Unidas, de la Unión Europea y de varios países amigos para exponer los requerimientos y necesidades del Estado.
Horas más tarde, el Gobierno publicó en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional el Decreto Supremo 5219 con el que se oficializa la declaratoria de emergencia nacional.
Según el capítulo II de la Ley 602 de Gestión de Riesgos, el Gobierno se verá en la necesidad de declarar emergencia nacional cuando las capacidades de los gobiernos subnacionales para atender el fenómeno se vean rebasadas.
Esta declaratoria no dice nada sobre buscar o recibir ayuda internacional, como sucede en la actualidad. No obstante, tampoco significa que organismos internacionales u otros países no pudieran ofrecerla y entregarla.
En cambio, con una declaratoria de desastre nacional, el Ejecutivo admite que el Estado se ha visto sobrepasado por el fenómeno y carece de los recursos técnicos, humanos y/o económicos para hacerse cargo del problema, por lo que necesita solicitar ayuda internacional.
La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena explicó que, tal como se señala en la norma, la emergencia se declara cuando los gobiernos departamentales y municipales no pueden abastecerse y requieren de ayuda nacional para enfrentar el problema.
“La declaratoria de desastre —que es a lo que debemos avanzar— implica que el Estado se declara incapaz de responder a un desafíos dentro de su territorio y decide acudir de manera clara a la ayuda internacional. Sin embargo, con la declaratoria de emergencia nada impide el apoyo externo, solo que (el Estado) todavía no se declara completamente sobrepasado”, aclaró.
No obstante, en su criterio y dada la magnitud de los incendios, el Gobierno ya debía tomar la decisión de declarar desastre nacional y así evitar una debacle considerando que aún faltan unos meses antes de la época de lluvias.
“(Los incendios) son al menos tan graves como esos (de hace cinco años) porque aún nos queda un trecho de época seca. Entonces, si no se hace lo que se tiene que hacer pronto, pueden sobrepasar a los de 2019 en términos de millones de hectáreas”.
Requena no está sola en esta demanda. El presidente del senado, Andrónico Rodríguez, también pidió considerar esta posibilidad. En la misma línea, la senadora Andrea Barrientos (CC) aseguró que una declaratoria de desastre beneficiaría de manera integral a varios sectores.
De igual manera, llegó a La Paz una representación de comunidades indígenas del Beni con la misma solicitud.
De acuerdo con la diputada Luis Nayar (CC), el Gobierno se tardó en solicitar el auxilio de los organismos internacionales, pues desde su punto de vista “faltó voluntad política” para admitir el problema.
¿Cuántas hectáreas ya se han visto afectadas?
El ministro de Medio Ambiente y Agua Alan Lisperguer informó el 7 de septiembre que hasta ese momento registraron 1,5 millones de hectáreas afectadas en zonas boscosas y 2,3 millones en zonas de pastizal; en total 3,8 millones de hectáreas consumidas por las llamas.
Según un análisis hecho por Fundación Tierra hasta el 26 de agosto, la superficie quemada es más de 4 millones de hectáreas. Para tener este dato se basaron en imágenes de los satélites Sentinel 2 y Sentinel 3 de Copernicus e información de focos de calor proporcionados por los satélites MODIS y VIIRS de la NASA de los meses de junio, julio y agosto.
Aunque no mencionó específicamente a alguna institución, Lisperguer cuestionó que ciertos organismos no gubernamentales hagan sus propias mediciones sin el cuidado que el Gobierno tiene de, dijo, “hacer estudios de campo y sobrevuelos” además de usar tecnología satelital.
En la gestión pasada, a finales de octubre de 2023, el ministro de Defensa Edmundo Novillo en entrevista con Bolivia TV presentó un gráfico con la cantidad de hectáreas quemadas desde 2015 hasta ese entonces:
Como se puede ver, en 2019 se registró la cifra más alta de hectáreas afectadas por el fuego.
Hasta el mes de noviembre de 2023 la cifra de hectáreas quemadas fue de más de 3 millones y medio (3.518.708), según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).
Para evitar que siga ocurriendo estos incendios, la senadora Requena declaró que desde el año pasado llevan adelante en el Órgano Legislativo un proyecto de ley que busca evitar las quemas ilegales e incendios.
“Estamos en proceso de socialización final y pretende ser una respuesta integral que incluya incentivos, abrogue las normas incendiarias, haga cambios de la política pública que impida que los lugares ilegalmente quemados sean entregados para evitar incentivos perversos, velar la protección de pueblos indígenas y colaborar a centros de acogida, todo eso está en nuestro proyecto de ley”.
Por último, hasta este 11 de septiembre, el Sistema de Monitoreo de Alerta Temprana de Riesgos de Incendios Forestales (Satrifo) daba cuenta de que en el país existían 62.150 focos de calor, la mayor parte concentrados en el oriente. Hasta el 9 de septiembre eran unos 45.000.
Declaración de desastre departamental
Varias autoridades legislativas, solicitaron al Gobierno nacional declarar desastre nacional para obtener una mejor ayuda y así sofocar los incendios, sin embargo, se hizo caso omiso.
Por el momento los departamento del Beni y Santa Cruz, se declararon en zonas de desastre ante la alta contaminación e incendios que existen en esos sectores.
Defensor apunta a 18 autoridades de no obrar a tiempo
El Defensor del Pueblo Pedro Callisaya Aro presentó al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz una acción popular en contra tres ministros, tres gobernadores y 12 alcaldes por no haber atendido oportunamente los incendios. En criterio de la Defensoria, Bolivia se enfrenta a un “desastre ecológico”.
La determinación fue asumida este 11 de septiembre y apunta a los ministros de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer; de Salud, María Renée Castro; de Economía, Marcelo Montenegro; los gobernadores de Santa Cruz, Mario Aguiler; de Beni, José Unzueta y de Pando, Regis Richter; y los alcaldes de: San Matías, San Ignacio de Velasco, San Rafael, San José de Chiquitos, Concepción, San Antonio de Lomerío, San Ramón, Puerto Suárez, Roboré, San Miguel, Guarayos, y Puerto Quijarro.
Según la página web del bufete Rigoberto Paredes & Asociados, en Bolivia, la acción popular es un mecanismo legal que permite a los ciudadanos participar activamente en la tutela de derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el medio ambiente, el espacio, seguridad y salubridad pública, entre otros.
El Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Procuradoría General del Estado también pueden interponer una. Y lo que se espera de ella es alguna de las siguientes tres finalidades:
- Enfoque preventivo, evitando que una amenaza lesione derechos e intereses bajo su protección.
- Enfoque Suspensivo, por cuanto tiene por efecto hacer cesar el acto lesivo a los derechos e intereses tutelados en la acción.
- Enfoque Restitutorio, restituye el goce de los derechos afectados a su estado anterior.
