Claves para entender el conflicto entre padres de familia y la alcaldesa de El Alto

Infraestructura deficiente, los POA y las pugnas políticas y dirigenciales forman parte del problema que vive la ciudad de El Alto desde hace ya dos meses. El gobierno municipal apunta al diálogo con las bases.

Leny Chuquimia/Página Siete

El jueves 9 de junio, centenares de padres de familia cercaron la Jach’a Uta (Casa Grande), edificio en el que funciona la Alcaldía de El Alto. Exigían una reunión con la alcaldesa Eva Copa para que atienda sus peticiones en torno a la educación de sus hijos. Si bien ésta fue la jornada de mayor tensión, las protestas empezaron en abril.

Un problema que empezó con reclamos por el desayuno escolar ahora tiene un pliego petitorio de 11 puntos. La mejora de las infraestructuras educativas y el cumplimiento del POA de los últimos cuatro años son las peticiones centrales de los movilizados.

La comuna afirma que las protestas son políticas mientras los movilizados denuncian falta de atención de la primera autoridad edil. A continuación, algunos puntos por tomar en cuenta para entender un conflicto que trajo al presente un hecho que marcó la historia de El Alto: la quema de la Alcaldía en 2016.

¿Cuándo se inició el conflicto?

Aunque el 9 y el 10 de junio fueron las jornadas más tensas del conflicto en El Alto, las movilizaciones comenzaron el 18 de abril, con una protesta en puertas del Concejo Municipal de El Alto. Por dos días, los padres de familia llegaron hasta el lugar para devolver los productos del desayuno escolar, por estar al límite del vencimiento, no tener variedad y ser rechazados por los estudiantes.

Aunque la Empresa Boliviana de Alimentos-EBA (única proveedora contratada en ese momento) ya había cumplido con más del 90% del contrato, por los reclamos, la Alcaldesa decidió resolver la adjudicación y no dar a la estatal una nueva. En su lugar se contrató a otras cuatro empresas. El diálogo se realizó con la Federación de Padres de Familia (Fedepaf) dirigida por Jenny Arce y el 25 de abril un nuevo menú del alimento complementario fue repartido en las unidades educativas.

Pero en menos de una semana las protestas comenzaron de nuevo. Esta vez desde la Coordinadora Regional de Padres y Madres de Familia (Corempaf) de Evaristo Cruz. El dirigente afirmó que el desayuno escolar no mejoró y sumó la falta de mantenimiento en las escuelas.

El 11 de mayo, este sector protagonizó una gran marcha. Tras la protesta se determino un “bloqueo de las mil esquinas” por 24 horas. La medida, que paralizó a El Alto, se cumplió el 19 de mayo y a las peticiones se aumentó el cumplimiento de los POA (Plan Operativo Anual) de las escuelas, de los últimos cuatro años.

En dos semanas instalaron seis piquetes de huelga de hambre en las unidades educativas Modesto Omiste del D-1, Mariscal de Zepita del D-4, Julián Apaza del D-3, Óscar Alfaro, en la zona Cosmos 79 y en el D-2.

El 8 de junio se inició un paro indefinido, pero luego de que la Alcaldesa llamara al diálogo sólo a una parte de los dirigentes para el 9 de junio, la movilización se convirtió en una vigilia que cercó la Alcaldía alteña.

El pliego petitorio ya tiene 11 puntos: reposición del POA de los últimos cuatro años, incremento al presupuesto para educación, reajuste al presupuesto del desayuno escolar, mantenimiento, restitución de los recursos en salud, restitución de los recursos en deporte, ejecución inmediata de los 20 millones de “Renueva mi escuela”, informe de la compra de lavamanos portátiles, informe de adquisición de mobiliario, mantenimiento de cámaras de vigilancia, además de la atención igualitaria para todas las unidades educativas.

¿Cuál es la demanda en torno a infraestructura educativa?

Según datos de la Alcaldía de El Alto, en ese municipio hay más de 286 mil estudiantes en los tres niveles educativos del sistema público y de convenio. Éstos están matriculados en 420 unidades educativas que funcionan en 320 infraestructuras.

Si hay algo en que ambos sectores en conflicto están de acuerdo es que estas edificaciones se encuentran en el abandono y descuido desde hace muchos años. No es reciente.

Ya en 2015, un diagnóstico realizado por el Consejo Distrital de Juntas Escolares (Codije) del D-8 de El Alto, uno de los más grandes, advirtió que -sólo en su jurisdicción- cuatro de cada cinco escuelas carecían de mobiliario, aulas, muros perimetrales y baños. Muchos cursos funcionaban en ambientes prestados, los alumnos se sentaban en el piso y escribían en el suelo.

En aquel entonces el dirigente Fausto Loza, de Codije, envió una serie de propuestas a la flamante alcaldesa Soledad Chapetón, porque la situación se empezaba a tornar crítica. Se acordó gestionar un incremento de 18 millones de bolivianos al presupuesto de educación, que entonces llegaba a los 30 millones.

En 2019 Unicef realizó un diagnóstico técnico de las Unidades Educativas y Centros Infantiles ubicados en el mismo distrito. Se advirtió que la dotación de servicios, en buenas condiciones, cubría sólo al 25% de los establecimientos. El restante 75% necesitaba refacciones importantes.

“Estamos haciendo lo posible por subsanar los problemas que tenemos en las unidades educativas. Después de muchos años estamos volviendo a hacer los mantenimientos. Hay problemas de hace 15 o 20 años. Ahora tenemos 180 proyectos licitados en el Sicoes”, señaló la alcaldesa de El Alto, Eva Copa.

¿Qué piden los protestantes en relación con el presupuesto?

La Corempaf y Fedepaf de Evaristo Cruz y Carlos Laura exigen a la Alcaldía que cumpla con la ejecución del POA de este año y el presupuesto reformulado de 2021 para las unidades educativas. Además de la reposición de los POA de 2019 y 2020 o por lo menos la “explicación clara y real” de qué pasó con esos recursos en esas dos gestiones.

“Estamos pidiendo un informe general de las gestiones 2019 y 2020 para conocer el destino de los recursos. Si bien se han revertido queremos saber cuánto de presupuesto se ha utilizado de esos recursos. En 2021 no se ejecutó ni un boliviano y en 2022 en vez de incrementarlo se lo estaría reduciendo”, aseveró.

De acuerdo con datos brindados por la Alcaldía, para este año el POA de las unidades escolares es de 40 millones de bolivianos que, se asegura, ya están inscritos. Como parte de estos recursos ya hay 180 proyectos registrados en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).

Se indicó que adicionalmente hay tres millones de bolivianos para el mantenimiento de las escuelas. Con este fondo -este año- se atendió a 100 unidades educativas, menos de un tercio del total de las infraestructuras.

“Tendría que refaccionar una por día, durante los 365 días del año para atender a todas”, manifestó el secretario de gestión institucional Rudy Balladares.

Sobre el presupuesto indicó que de los 1.369 millones de bolivianos que tiene el municipio para 2022, un total de 154 millones son destinados a los diferentes ítems de educación. Adicionalmente hay 20 millones para la construcción de aulas y tinglados, monto que los padres movilizados piden se ejecute de forma inmediata.

¿Por qué se tildó a la protesta como política?

“No se puede hablar de una demanda o una reivindicación social, cuando hay una pugna política y otra dirigencial”, manifestó Copa el 19 de mayo, tras el primer bloqueo de la Corempaf de Evaristo Cruz.

En El Alto las organizaciones de padres de familia viven una suerte de paralelismo, al igual que muchas organizaciones sociales de esta urbe, y de otras, donde hay una afín al oficialismo y otra a la fuerza opositora. En este caso, el problema se remonta hasta la gestión de Soledad Chapetón.

Es decir que hay dos Corempaf, una dirigida por Evaristo Cruz y otra por Rudy Hidalgo. El primero acusa al segundo de ser parte de una dirigencia prebendal y formada por Copa, mientras que desde la Alcaldía y la facción de Hidalgo se acusa a la de Cruz de ser una organización afín al MAS, que busca desestabilizar la gestión municipal.

La misma suerte corre la Fedepaf que tiene a dos dirigentes: Carlos Laura y Jhenny Arce.

Durante los dos meses de conflicto, desde la Alcaldía se hicieron seis llamados al diálogo. Todos fueron condicionados por Cruz a su reconocimiento como dirigencia válida, ya que a los diálogos también era convocado Hidalgo. La comuna se negó a reconocer una dirigencia porque, argumentó, sería generar un conflicto con la otra.

“Los padres no estamos divididos, lo que hay es un paralelismo porque los dirigentes se han vendido a las autoridades. Han trabajado con Chapetón y ahora con Copa. Tienen cuotas de poder, algo que nosotros no tenemos”, afirmó Cruz.

“Es un tema político. Quieren desestabilizar a la Alcaldía, hay políticos detrás de esto, los del ala radical (del MAS). Nos son padres de familia los que están en los bloqueos, se han sumado los masistas de la Fejuve del señor Nicasio Ríos, los gremiales del señor Felipe Quispe, el sector de Carlos Laura. Nos hemos reunido con (Evaristo) Cruz, (Néstor) Churqui y los otros, pero igual han ido al paro”, dijo Copa el 8 de junio.

Entre los movilizados junto a Cruz, se encuentran los dirigentes Carlos Laura (Fedepaf), Néstor Churqui Rojas (Corempaf Distrital), Rudy Alberto Yampa (Corempaf nacional) e Isaac Copa (Corempaf distrital), entre los más mediáticos. Ellos forman parte del grupo que Copa identifica con el MAS.

En una revisión de su carrera dirigencial se evidenció que Laura, como dirigente de los padres de familia, en 2021 apoyó a Zacarías Maquera -por encima de Eva Copa- para que éste sea el candidato del MAS a la Alcaldía de El Alto. Fue parte activa de la campaña durante las elecciones subnacionales.

En 2019, Rudy Alberto Yampa, entonces dirigente de la coordinadora de Juntas Vecinales de El Alto, dirigió la marcha contra el paro médico de octubre de 2019. En noviembre de 2020 su nombre fue sugerido como uno de los candidatos a alcalde de El Alto.

Mientras que Isaac Copa pasó de ser dirigente de las juntas vecinales del D-7 en 2017 a actual dirigente de las juntas escolares, Nestor Churqui forma parte de los procesados por la quema de la Alcaldía de El Alto en 2016.

¿Qué pasó en 2016?

El 9 de junio pasado, los padres de familia protagonizaron un bloqueo que concluyó con el cerco del edificio municipal Jach’a Uta. Al menos 700 funcionarios y ciudadanos quedaron encerrados por varias horas dentro del inmueble.

Las personas afectadas pidieron que los dejaran salir pero no hubo respuestas. Unas saltaron la cerca y otras dejaron el predio con ayuda de los bomberos. Copa dijo que el último de los retenidos salió a las 5:00 del 10 de junio. “A esa hora aún había gente con palos que agredió a nuestros compañeros”, contó.

El hecho causó preocupación en las autoridades, porque trajo a la memoria lo ocurrido el 17 de febrero de 2016, cuando una protesta de padres de familia -que pedían mayor presupuesto para la educación y mejoras de las escuelas- terminó en el saqueo y quema del edificio edil, ubicado en el Cruce a Viacha. El saldo, seis muertos y 23 heridos.

Entonces, a la movilización, que empezó con una serie de protestas, se sumaron varios sectores sociales afines al MAS, que luego de que este partido perdiera las elecciones prometieron convertirse en la piedra en el zapato de la nueva alcaldesa de El Alto Soledad Chapetón. Entre estos dirigentes se encontraba el líder de los gremiales Braulio Rocha.

Desde que la marcha se inició funcionarios y autoridades municipales llamaron a la Policía y a diferentes instituciones para que los socorran. Cuando el intenso humo llegó a los pisos superiores, los atrapados comenzaron a llamar a 110, a los bomberos y a sus familiares para conseguir algún tipo de auxilio. Pero no hubo respuesta hasta que fue muy tarde.

Sólo unos obreros de la empresa Las Lomas, que operaba detrás del edificio municipal, habilitó una grúa para evacuar a las personas que trataban de escapar por las ventanas.

La sentencia de este caso llegó en marzo de 2021. El proceso se desarrolló durante cinco años y el veredicto final lo dio el Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto. Se dispuso una sentencia condenatoria de cinco a 15 años de presidio para 11 dirigentes y participantes en las protestas: Víctor Tola, Álvaro Quevin, Hipólito Tito, Juan Flavio, Wilmer Sarzuri, Daniel Nina, Efraín Alegado, Wilson Moya, Miguel Cachi, Fausto Loza y Néstor Churqui Rojas.

Por los hechos, en total hubo 17 procesados. Además de los once mencionados está el proceso de Braulio Rocha que se extinguió en 2020 cuando el dirigente gremial falleció. Ese mismo año se dictó prisión de tres años para el excoronel José Peña, excomandante regional de la Policía de El Alto, por incumplimiento de deberes al no haber atendido el llamado de auxilio de forma oportuna.

Cuatro exfuncionarios: Marcelo Plata, Rodrigo Vélez, Félix Alberto Durán y Dorian Ulloa también fueron procesados por no evacuar a los funcionarios. Sin embargo, luego de las investigaciones y el juicio, todos obtuvieron una sentencia absolutoria.