Cinco mujeres candidatas enfrentan acoso y violencia política en la carrera electoral
Los ataques van desde la ridiculización pública y la difusión de estereotipos de género hasta amenazas directas. Exigen al Ministerio Público abrir investigaciones y al TSE garantizar plenamente el ejercicio de los derechos políticos.
La carrera electoral de 2025 se ha transformado en un terreno hostil y empinado para al menos cinco mujeres candidatas, quienes son víctimas de acoso y violencia política que se intensifican en las redes sociales y medios de comunicación. Los ataques van desde la ridiculización pública y la difusión de estereotipos de género hasta amenazas directas.
Frente a esta situación, el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer y organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron a las autoridades que actúen con firmeza para sancionar a los responsables de estos actos y frenar el discurso de odio. Las candidatas afectadas son Eva Copa Murga, Karla Robledo Guardia, Toribia Lero Quispe, Mariana Prado Noya y Susana Bejarano Auad. Aunque dos de ellas ya no se encuentran en carrera electoral.
Cinco casos de violencia a candidatas
La Coordinadora de la Mujer publicó un informe en el que alerta sobre estos casos de violencia contra candidatas:
- Eva Copa Murga: Alcaldesa de El Alto y ahora excandidata a la presidencia por el Movimiento de Renovación Nacional (Morena) es víctima de violencia digital sistemática que cosifica su cuerpo, expone su vida íntima e incita a hacerle daño. Se identificaron expresiones que trascienden el discurso violento y caen en la incitación a la violencia política extrema, con llamados a dañarla y/o eliminarla, lo que constituyen delitos graves. Además, enfrenta una ridiculización constante y dudas sobre su capacidad de gobernar asociadas a su vida personal, a su género, edad, clase y etnicidad, con el uso de términos como «imilla» o «campesina» en el marco de discursos discriminatorios, misóginos, racistas y de odio.
- Karla Robledo Guardia: Excandidata a senadora suplente por Alianza Unidad fue blanco de expresiones de violencia política. En su caso, se emplearon frases que menosprecian su preparación y hacen énfasis en sus vínculos familiares. Debido a este acoso y violencia sistemáticos, Robledo decidió renunciar a su candidatura. Aunque el ente electoral no aceptó formalmente su renuncia, Robledo ratificó su decisión de abandonar la candidatura, la cual se hizo efectiva.
- Toribia Lero Quispe: Candidata a diputada por Alianza Unidad fue objeto de una campaña de deslegitimación con una fuerte carga racista y sexista. Esta situación constituye una violación a sus derechos políticos y humanos, y está tipificada como delitos. También se evidenció el uso de un lenguaje simbólico violento, insultos, estigmatización y lenguaje ofensivo en su contra, sobre todo por su condición de mujer indígena.
- Mariana Prado Noya: Candidata a vicepresidenta por Alianza Popular, enfrenta acoso y violencia política con el objetivo de desacreditar su capacidad política y su imagen como mujer. En los mensajes encontrados, se detectaron manifestaciones clasistas, expresiones misóginas y connotaciones sexuales. Además, se identificaron frases discriminatorias que menoscaban su integridad, acompañadas de comentarios burlones, sarcásticos y degradantes,
basados en estereotipos machistas que buscan minimizar o invisibilizar la participación política de las mujeres. - Susana Bejarano Auad: Candidata a senadora por Alianza Popular enfrenta agresiones basadas en insultos, descalificaciones emocionales y moralistas con estereotipos sexistas orientados a descalificar su vida privada y sus vínculos familiares y de pareja. También se identificaron expresiones que implican intimidación o incitación indirecta a la violencia o a la autolesión con expresiones como «desaparece» o «guillete», lo que supone violencia psicológica grave. Así también, sarcasmo y burlas para desacreditar su desempeño profesional, su credibilidad y su capacidad analítica.
«Violencia por ser mujer»
Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer, subraya que en todos los casos las agresiones se centran en el género y no en las propuestas.
«Estas son evidencias de la violencia y el acoso de las que ellas son objeto, no por ser candidatas, sino por ser mujeres candidatas», aseguró la activista.
Aclaró que la ciudadanía tiene pleno derecho a cuestionar las propuestas de los candidatos; lo que no se debe hacer es limitar su derecho a postularse en función de su origen, raza, sexo u otras características personales. Desde su perspectiva, esta forma de discriminación se intensifica en el actual contexto electoral.
Sánchez alertó que la violencia política contra las mujeres responde a estructuras patriarcales que aún cuestionan su participación en espacios de poder.
“Nuestra democracia no será plena si no estamos todas incluidas. Sin mujeres no hay democracia”, afirmó.
Por su parte, Mariela Ortiz, responsable de Monitoreo y Evaluación de la Fundación Construir, también coincide con que la violencia digital se agrava en los contextos electorales y golpea especialmente a las mujeres que ingresan a la vida pública.
Además, recordó que los derechos de las mujeres, especialmente en el ámbito político, están respaldados por la Constitución Política del Estado y por normas específicas como la Ley 243 (Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres); la Ley 045 (Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación) y la Ley 348 (que garantiza a las mujeres una Vida Libre de Violencia); además de la normativa electoral vigente.
Aunque considera que la aplicación de estas leyes sigue siendo débil.
«Nosotros, como estado, tenemos leyes de avanzadas, de protección y que garantizan los derechos de las mujeres para garantizarles especialmente una vida libre de violencia. Sin embargo, la efectividad de las leyes es lo que tiene que ser altamente cuestionado», dijo.
También advirtió que la impunidad, la ausencia de juzgados especializados y la mora procesal llevan a muchas mujeres a desistir de sus denuncias, debido al desgaste y al tiempo que demandan los procesos. Subrayó que esta falta de efectividad deja a las víctimas en una situación de mayor vulnerabilidad.
«Las altas tasas de impunidad hacen que las mujeres muchas veces desistan de denuncias o definitivamente no denuncien los hechos (…) o dejan de hacer el seguimiento porque no tienen no tienen la posibilidad o el tiempo; y ahí las tasas de impunidad se ven mucho más elevadas», aseguró.
Recomendaciones para frenar la violencia
En el marco de la creciente violencia política y digital hacia candidatas, Tania Sánchez, Coordinadora de la Mujer, y Mariela Ortiz, de la Fundación Construir, plantearon recomendaciones para prevenir y enfrentar este fenómeno que afecta directamente la democracia.
Sánchez advirtió que es necesario «participar en un proceso electoral informado» y cuestionar a las candidaturas por sus propuestas, no por su género u origen.
Asimismo, instó a promover una educación cívica y política permanente, que permita «cuestionar patrones culturales que nos promueven a discriminar al otro y a no respetar la democracia».
También llamó al Órgano Electoral a cumplir su rol como garante de derechos y a impulsar campañas que visibilicen el problema.
Por su parte, Ortiz subrayó la importancia de articular esfuerzos entre organizaciones para combatir la violencia, en especial en el ámbito digital. Propuso un trabajo conjunto entre observatorios, medios que luchan contra la desinformación y defensores de derechos humanos.
«Es importante también tomar conciencia y considerar una lucha constante y permanente, no solamente en épocas electorales», sostuvo.
En el ámbito judicial, Ortiz reclamó la creación de juzgados especializados en violencia contra la mujer y la capacitación y sensibilización de operadores de justicia para aplicar de forma efectiva las leyes.
Ambas activistas coincidieron en que las víctimas deben denunciar acompañadas por redes de promotoras comunitarias o instituciones. «Si vas sola, muchas veces puedes no saber a dónde acudir… hacerlo acompañada hace que la carga sea mucho menor y tengas una idea clara de a dónde ir y qué requisitos te pueden pedir», señaló Ortiz.
Candidatas denuncian en medio y redes
La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, afirmó que, si bien existen leyes para proteger a las mujeres, estas suelen quedarse solo en el papel. En ese sentido, pidió que se establezcan garantías reales que permitan a las mujeres ejercer plenamente sus derechos políticos.
«Creo que muchos candidatos no se animan a decir que hay leyes que supuestamente protegen a las mujeres, que solamente son nombres, artículos y ven los feminicidios, ven la violencia psicológica, sexual, trabajo y otros como números, pero no lo ven como personas. Es lamentable que la mujer en el ámbito de la política no tenga las garantías necesarias de poder ejercer su derechos políticos y creo que hay que empezar a hacer reformas y cambios», dijo la autoridad municipal el pasado 5 de agosto.
Por su parte, Karla Robledo, tras renunciar a su candidatura como senadora suplente por la Alianza Unidad debido al acoso político, anunció su iniciativa de crear una fundación dedicada a combatir la violencia política en el país.
«Esta vivencia me motiva a trabajar por, y junto, a esas víctimas para luchar contra esta mala práctica de nuestra política. Rehacer será una fundación, no un grupo de activistas, con una visión y misión claras, sostenible en el tiempo y participativa», escribió el 7 de agosto en sus redes oficiales.
La candidata a la vicepresidencia Mariana Prado denunció públicamente la hostilidad que enfrenta por el hecho de ser mujer en el ámbito político. Afirmó que, pese a los ataques y presiones, incluso provenientes de su propia alianza, no renunciará a su postulación.
«Nos pueden criticar, está bien, es parte del debate político. Pero cuando nuestra capacidad por ser mujer, cuando nuestro cuerpo, cuando se pone en duda nuestra capacidad o que estamos tuteladas por alguien. Esas son causales que configuran el tipo penal. Hay momentos en que abro las redes y quiero llorar, me afecta muchísimo, trato de engrosar la piel, pero me duele mucho y más por mi familia», dijo Prado a la red Erbol.
La politóloga y analista Susana Bejarano usó sus redes sociales para denunciar ataques políticos en su contra.
«No voy a callar». «¿Acaso pretende decir que una mujer debe de subsumirse a la posición política del marido? ¿Si el marido está en política, la mujer debe renunciar a sus actividades públicas?». «La política y el sistema de creencias al que se acoge cada quien, es un asunto individual, no familiar». Estas son algunas de las palabras que escribió Bejarano en su cuenta de Facebook el pasado 6 de julio.
