Centenario de la Ley de Imprenta, pilar fundamental de la libertad de expresión
El secreto de fuente no solo es importante para los periodistas, sino también para la sociedad en general. Permite que las personas que tienen información sobre casos de corrupción o abuso de poder puedan compartirla con los medios de comunicación sin temor a ser identificadas o perseguidas.
La Ley de Imprenta que este 19 de enero cumple 100 años de vigencia es una normativa que regula la actividad periodística en Bolivia, misma que fue promulgada para garantizar la libertad de expresión como el derecho a la información, siendo esencial para el funcionamiento de una sociedad democrática y transparente.
El espíritu de la Ley de Imprenta es proteger la libertad de expresión y garantizar el derecho a la información.
La normativa pretende equilibrar el derecho a la información con la protección de la honra y la intimidad de las personas.
«La Ley de Imprenta no solamente rige para los periodistas, sino fundamentalmente para la ciudadanía, porque está en juego la libertad de expresión, la libertad de publicación y la libertad de pensamiento», explica Zulema Alanes, quien es presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB).
Alanes añade que la importancia de la norma también radica en que se refiere o regula cualquier modo de exteriorizar y difundir el pensamiento.
Para el periodista y abogado Marco Zelaya, la Ley de Imprenta «es fundamental para la comunicación e información porque permite defender el derecho humano a la libertad de expresión y, en consecuencia, cumple el rol esencial de limitar el ejercicio, por lo general, abusivo del poder y de denunciar la corrupción en que incurren las autoridades en el manejo de los recursos públicos».
La coordinadora del Programa de Defensoras y Defensores de Derechos de Unitas Claudia Terán considera que la Ley de Imprenta es «fundamental», a pesar de la interpretación que se le puede hacer, independientemente de su rol histórico.
Desde la perspectiva de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) «el análisis de la Ley de Imprenta plantea a la prensa como defensora de derechos con un rol crucial en distintos momentos históricos -del país- muy difíciles, refleja de alguna manera el compromiso, no tanto del Estado, pero sí de la sociedad con el rol de los periodistas».
Sin embargo, al cumplir 100 años, surgen desafíos como los cambios tecnológicos, sociales, las nuevas vulneraciones de derechos humanos, aunque su contenido resulta vigente… «y tiene que ver con este reconocimiento que tiene la Ley de Imprenta con las garantías de las personas y la prensa para expresar sus ideas, sus opiniones sin censura, premisa de la libertad de expresión y este vínculo con la democracia», acota Terán.
Secreto de fuente
Uno de los aspectos más importantes de la Ley de Imprenta es la protección del secreto de fuente. Significa que los periodistas tienen el derecho a mantener en secreto las fuentes de su información, permitiéndoles investigar y denunciar casos de corrupción como de abuso de poder sin temor a represalias.
El secreto de fuente no solo es importante para los periodistas, sino también para la sociedad en general. Permite que las personas que tienen información sobre casos de corrupción o abuso de poder puedan compartirla con los medios de comunicación sin temor a ser identificadas o perseguidas.
«El secreto de imprenta o de fuente hace posible la investigación periodística y publicación de casos de corrupción, además del tratamiento de las quejas de las autoridades en tribunales especiales», explica Zelaya.
El secreto de fuente está garantizado por el artículo 8 de la Ley de Imprenta, donde indica que «es inviolable». En consecuencia, ningún periodista está obligado a revelar el nombre de la fuente en su trabajo de investigación.
Tribunales especiales
En caso de que un periodista sea citado a declarar ante la justicia penal sobre una fuente confidencial, la Ley de Imprenta establece que el proceso debe ser realizado en un tribunal especial. Este tribunal está compuesto por jueces expertos en derecho de la información y la libertad de expresión.
Un tribunal de imprenta debe estar conformado por 40 personas en las capitales departamentales y 20 en las provincias, vinculadas preferentemente a la actividad mediática, de regulación, autorregulación de los medios o bien que sean abogados notables, académicos, propietarios residentes en un lugar o que tengan los méritos suficientes para pertenecer a este cuerpo colegiado. Al final, quedan 12 miembros del tribunal para dilucidar un caso.
«En el país, sólo se han conformado tres tribunales de imprenta en La Paz, Oruro y Santa Cruz. El reto es impulsar la constitución de estos jurados en otras regiones», indica Zelaya.
En sí, la Ley de Imprenta es fundamental para proteger la libertad de expresión y el secreto de fuente en Bolivia. Su aplicación es crucial para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a información veraz y oportuna. Posibilita que los periodistas puedan investigar y denunciar casos de corrupción como de abuso de poder sin temor a represalias.
Para el periodista Roberto Méndez, este ámbito de aplicación de la ley ha permitido su vigencia y actualidad durante 100 años. Méndez es miembro de la Comisión de Ética de la ANPB.»La Ley de Imprenta es el escudo de la libertad de expresión y de prensa que ha desafiado a dictaduras, gobiernos autoritarios, y en tiempos modernos a las redes sociales y a la inteligencia artificial», apunta.
La vigente Ley de Imprenta fue promulgada el 19 de enero de 1925 durante la presidencia de Bautista Saavedra Mallea.
