Anulación de la sentencia ejecutoriada de Moscoso tiene asidero, pero juristas advierten uso político del TSJ

Absuelto de culpa, el socio boliviano de Non Metallic Minerals (NMM)-Quiborax inició un juicio en contra del expresidente Carlos Mesa y de su abogado Carlos Alarcón, a los que ahora acusa de injuria y calumnia.

David Moscoso Ruiz, el socio boliviano de Non Metallic Minerals (NMM)-Quiborax, absuelto por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de una sentencia ejecutoriada por los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumentó falsificado, que derivaron en un millonario daño económico al Estado boliviano, volvió a ocupar los principales titulares de los medios de comunicación días atrás.

Esta vez, el empresario abrió una demanda penal en contra del expresidente Carlos Mesa y su abogado, Carlos Alarcón, a quienes acusa de injuria y calumnia. ¿Tiene asidero el fallo del TSJ? ¿En qué se sustenta su resolución? El ordenamiento jurídico lo permite, coinciden los expertos consultados, pero dudan del trasfondo de la decisión de los magistrados y consideran que el beneficio a Moscoso es otra muestra de que la justicia atraviesa su peor momento.

El conflicto jurídico comenzó cuando Moscoso fue condenado en 2009 por un tribunal de justicia a dos años de cárcel, en un proceso abreviado en el que el imputado admitió haber cometido los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. Sin embargo, el 20 de julio de 2021, el TSJ anuló la resolución y absolvió de toda culpa al empresario.

Moscoso había falsificado el acta de distribución de capital de los asociados de NMM-Quiborax para hacer aparecer falsamente a dicha empresa como mayoritariamente chilena, lo que permitió que se abriera un proceso de arbitraje internacional contra Bolivia. El Estado boliviano perdió ese arbitraje.

Tras ser absuelto, Moscoso, presentó, el 20 de enero de 2023, una querella contra Carlos Mesa Gisbert y Carlos Alarcón Mondonio, por la presunta comisión de los delitos de injuria y calumnia. El expresidente de Bolivia había identificado a Moscoso como uno de los principales causantes del arbitraje perdido por Bolivia ante Quiborax.

El constitucionalista José Antonio Rivera explicó que el Tribunal Supremo de Justicia sí tiene competencia para conocer un recurso de revisión, como el que liberó de culpa a Moscoso, conforme a la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley del Órgano Judicial y al Código de Procedimiento Penal.

Empero, aunque el TSJ tiene competencia para conocer y decidir el recurso de revisión, la resolución de anular el fallo contra el empresario, recibió duras críticas de los legisladores de Comunidad Ciudadana (CC), que denunciaron este hecho como una “tramoya” organizada por el oficialismo.

Sobre la demanda que inició Moscoso, el expresidente Carlos Mesa explicó que no fueron ellos los que llamaron “falsificador” (01:13:14) al empresario, sino que fue el exministro Héctor Arce Zaconeta quien le llamó así en un acto en 2018, y mostró el video de ese entonces.

Fallo contra Moscoso

El 14 de agosto de 2009, Moscoso fue condenado por un tribunal de justicia a dos años de cárcel en un proceso abreviado en el que reconoció haber cometido los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.

Revisión de sentencia

Moscoso presentó al TSJ un recurso de revisión de sentencia y argumentó que se declaró culpable porque se encontraba ante la amenaza de una detención preventiva, puesto que se le había fijado una fianza de 300 mil dólares.

Anulación de sentencia

El 20 de julio de 2021, el TSJ anuló la sentencia 313/2009 del 14 de agosto (de Procedimiento Abreviado), emitida por el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal Cautelar de la ciudad de La Paz, dentro del fenecido proceso penal que siguió el Ministerio Público a querella de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP), en contra de David Moscoso Ruiz, por los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, previstos en los artículos 199 y 203 del Código Penal.

Argumentos del TSJ

Para este fallo, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia sustentó su resolución en el artículo 184 numeral 7 de la Constitución Política del Estado, artículos 38 numeral 6 de la Ley del Órgano Judicial y artículo 50 numeral 2 y 424 numeral 2 del Código de Procedimiento Penal.

Absolución e inocencia

De esta forma, el TSJ absolvió a Moscoso de la comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado en grado de complicidad, previstos y sancionados por el Código Penal.

¿Quién es David Moscoso Ruiz?

David Moscoso Ruiz es un empresario boliviano, socio de Non Metallic Minerals (NMM)-Quiborax, empresa que llevó a Bolivia a un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión (CIADI), por la expropiación de 11 concesiones mineras para explotar ulexita en el salar de Uyuni.

Con la presentación de un documento falso, Moscoso dio curso a la demanda de Quiborax por la que el Estado boliviano terminó pagando a la empresa chilena más de 42 millones de dólares, y a él, pese a confesar su delito en 2009, se le dio 20,8 millones de dólares de compensación.

Moscoso se presenta como abogado y empresario minero, con amplia experiencia en temas jurídicos y minería, según la información profesional y académica que comparte en sus redes sociales.

A su vez, en la red social Linked In señala que es “director y propietario de Non Metallic Minerals”, la empresa socia de Quiborax.

Justicia en la mira

Para el constitucionalista Williams Bascopé, el TSJ no tiene transparencia ni probidad para desarrollar el trabajo jurídico y el caso Moscoso-Quiborax lo demuestra. «La justicia está en su peor momento, sobre todo porque está manoseada políticamente”, añadió.

«El Gobierno ya ha perdido la vergüenza en la cara y ha procedido de la forma más perversa y lo está haciendo en complicidad con el Ministerio Público y la Policía. En Bolivia no hay un Estado de derecho», insistió.

Por su parte, el constitucionalista Julio Veizaga también dijo que la justicia está en una etapa de grave crisis y que la gente desconfía abrumadoramente de los tribunales.

«La gente tiene una desconfianza en la justicia y la reputación de los tribunales está en el suelo, lastimosamente la justicia no favorece a los ciudadanos de la calle», añadió.

El penalista César Cabrera, por su parte, considera que los tribunales de justicia están sometidos e influenciados por el Poder Ejecutivo. «El TSJ ha perdido completamente su independencia e imparcialidad», dijo.

Cabrera fue más allá y explicó que detrás del fallo del TSJ existe la intención de liquidar a todos los opositores, entre ellos Carlos Mesa, Jorge Quiroga y otros.

Aunque no se refirió al tema en cuestión, el presidente del TSJ, Ricardo Torres, durante una rueda de prensa ofrecida el 6 de febrero, negó que el Órgano Judicial actúe «en función de intereses político-partidarios».

Sin embargo, reconoció que se requiere una reforma judicial estructural e integral para resolver, entre otras cosas, los mas de 360 mil procesos judiciales pendientes que manejan los administradores de justicia en su conjunto. “Una reforma judicial debe estar pensada para un mayor acceso a la justicia, mejor agilidad y oportunidad en la resolución de las causas… Una Asamblea Constituyente nos permitiría reposar y dar nacimiento a un nuevos sistema de la administración de justicia”, indicó.

Denuncia de prevaricato

La jefa de bancada de CC, Adriana Barrientos, anunció que presentarán una denuncia por el delito de prevaricato para que se inicie un juicio de responsabilidades en contra de los nueve magistrados que firmaron la supresión de la sentencia en contra de Moscoso.

Sin embargo, Veizaga dijo que CC pierde su tiempo con el intento de someter a un juicio político a los magistrados del TSJ, por presuntos delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y a la Ley. «Noy hay materia para ello. Además, el juicio se realiza en las cámaras legislativas, instancias en las cuales CC no tiene condiciones para llevar adelante», expuso.